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Publicado el 20 de mayo, 2019

Pilar Molina: El bloqueo opositor a que la gente decida

Periodista Pilar Molina

Lamentable espectáculo el del Congreso esta semana, que deja al descubierto la vulnerabilidad del sistema democrático, donde en nombre del “bien común” de “la gente”, se diría ahora, se actúa en su contra.

Pilar Molina Periodista
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Todos saben que hay que introducir cambios en el sistema de pensiones porque hay que aumentar el ahorro para la vejez si no se quieren pensiones miserables. En lo sustancial, eso significa obligar a cotizar a los independientes, subir el porcentaje de cotización y el tiempo que se ahorra (o la edad de jubilación). Además, echar mano a recursos públicos para subir las pensiones inferiores (la básica y el aporte estatal a los que obtienen montos bajos).

Pero llegado el momento de aprobar la idea de legislar surgen las oportunidades de perfilamiento. Y al diputado Raúl Soto, DC, se le vio más pensando en que era su minuto de oro para lucirse que en cómo mejorar el sistema. Optó por descartar el proyecto en la comisión de trabajo de la Cámara porque sube poco inicialmente la pensión básica (poco para su sueldo del 1% más rico de Chile, pero no para alguien que con el alza del 10% recibirá el equivalente a una pensión adicional en el año). Es que prefirió ser aplaudido por el coro de extrema izquierda que sigue creyendo viable que la solidaridad de un sistema de reparto produciría el milagro de pensiones soñadas financiadas por el mago de Oz y que está decidida a impedir que el Presidente Piñera pueda aprobar cualquier reforma clave de su programa.

Vimos esta semana cómo los parlamentarios terminan trabajando para slogans, en vez del bienestar de la gente. La dichosa frase de “ni un peso más para las AFP”, que dio lucimiento gratuito a la ex ministra del Trabajo Alejandra Krauss, se convirtió en un mantra.

Y los DC que en la sala del hemiciclo hicieron viable con su voto que esta reforma pueda discutirse en el Congreso, volvieron al mantra exigiendo al gobierno aclarar que no habrá “ni un peso más para las AFP”.  Y La Moneda, que depende de esos votos DC para tramitar y aprobar “alguna” mejoría, terminó comprometiéndose con el mismo slogan. Es decir, el 4% adicional, que seguramente será un porcentaje mayor, no podrá ser administrado por las AFP, como lo contempla el proyecto original del Ejecutivo. 

¿Por qué el portazo a las administradoras cuando más de dos tercios del fondo acumulado de ahorros obligatorios corresponde a la rentabilidad que estas entidades han logrado obtener para acrecentar los activos de los trabajadores? Sencillamente porque los slogans no necesitan probarse. La politiquería ignorante ya resolvió que las bajas pensiones son producto de las AFP y si se les permite administrar el nuevo porcentaje de cotización, la gente, enfrentada a elegir entre un ente estatal y las administradoras, probablemente escogería que fueran ellas las que lo gestionaran. Y, ya sabemos, que las personas escojan es inadmisible para la izquierda. 

Y, ¿por qué las personas podrían tomar una decisión tan demencial de escoger las AFP con toda la ola anti ellas? Porque llegado el momento de sincerar qué les conviene, lo probable es que dejarían en sus manos la administración del 4%, atendiendo que, uno, lo han hecho bien y han triplicado el ahorro obligatorio y dos, no les cobrarían por su administración porque las AFP cobran comisión por un porcentaje del sueldo imponible, no por el porcentaje que se cotiza. Cualquier otro ente que entre a administrar la mayor cotización, en cambio, tendrá que cobrar una nueva comisión, dejando menos para la jubilación del trabajador.

De manera que entre gritos DC y de Pepe Auth, uno de los dos independientes que permitió que se discuta la reforma en el Congreso, la Moneda cerró esta opción. Del 4% se hará cargo un nuevo consejo estatal o público, que podrá licitar su administración entre entes privados, entre las cuales no se considera a las AFP.  Este descarte oficial fue con dolor.  Es cuestión de ver las aclaraciones sucesivas del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, porque están conscientes que no beneficia a los chilenos impedirles optar.  Pero sin mayoría parlamentaria y si quiere aprobar sus reformas, el gobierno tiene que ceder la verdad y, de paso, elegir un mal menor.  Al final, impedirle elegir a los trabajadores.

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