“¡El peor!”, le gritó frente a las cámaras al Presidente de la República y le vació íntegramente una botella de agua en la cabeza. Fue Audrey Astrid Burgos, la estudiante (22) de periodismo en la Universidad Alberto Hurtado, quien había acompañado el jueves pasado a su abuelo a una ceremonia en La Moneda para conmemorar los dos años de lucha contra el covid-19.

El Presidente resolvió no querellarse ni tomar ninguna acción legal contra su agresora. El Ministerio Público, entonces, la dejó libre luego de cursarle el parte policial. Aunque está obligado a abrirle una investigación penal por tratarse de un delito contra la autoridad, después del perdonazo de Sebastián Piñera lo más probable es que la futura periodista tenga una salida alternativa por irreprochable conducta anterior.

Hubo una crítica política transversal (aunque con un silencio total de vastos sectores del nuevo gobierno, empezando por quien asumirá la presidencia el viernes). El propio abuelo da la atacante pidió una reunión personal con el Mandatario y le ofreció disculpas. Sebastián Piñera tuiteó después: “las acepto y las recibimos con el respeto que todos merecen”.

En realidad, el Mandatario también tiene que disculparse. Pero con todos los chilenos a los que afectó con su decisión de no querellarse ni tomar ninguna acción legal. No se trató de un acto personal, sino que de un delito flagrante y con publicidad contra la más alta autoridad de la República y en el mismísimo Palacio de Gobierno. Piñera puede perdonar en lo personal a la mujer, aunque ésta no se arrepienta, pero a lo que no tiene derecho en las actuales condiciones del país, es a desdoblarse y renunciar a la autoridad que representa. Él contribuye así a continuar minando el principio de autoridad que está condenando a los chilenos a vivir sin estado de derecho. Y deja sin protección a los más vulnerables, que no tienen los medios para defenderse de la agresión, se trate de bullying, atentados contra la propiedad o la vida.

Este incidente del agua le permitirá al Mandatario concluir su período con lo que más representó su administración: el debilitamiento institucional producto del grave deterioro del orden público. En el caso de cuatro regiones del sur va más allá, donde francamente el Estado retrocedió y hay total ausencia de él.

Esta agresión impune al máximo representante del Estado evidencia por qué estamos en la actual situación. A la violencia generada a partir del 18 de octubre de 2019 pareciera que el Mandatario también respondió “a modo personal”, más que pensando en la República unitaria que eligió gobernar. Quedó la duda de si después del desborde institucional se inhibió de autorizar el uso de la fuerza pública legítima, cuyo monopolio tiene para defender la ley, pensando en intereses personales o en los chilenos que confían en la protección del Estado. Algunos lo acusan de entregar la Constitución, en vez de cumplir con su mandato y obligación de darle respaldo a la ley, abriendo un nuevo frente, porque no sabemos aun qué tan revolucionaria será la propuesta de la Convención Constitucional.

Es cierto que la oposición buscó destituirlo dos veces y amedrentarlo con querellas de derechos humanos para inhibirlo de reimponer el orden, pero él asumió en un país con estado de derecho y tenía el deber de entregarlo igual, pero no es lo que hará. Es mucho peor. No es excusa que la oposición haya legitimado el uso de la violencia, porque lo hicieron para destruir al gobierno de derecha, al que ahora le pasan la cuenta por lo mismo que antes validaron. 

El desorden está en todos lados. Cuando le ley deja de ser eficaz, la propiedad se limita a lo que uno puede defender y eso es lo que experimentan muchos chilenos hoy con casas y predios tomados y las víctimas de la violencia y el narcotráfico en las poblaciones.

El ritual de país bananero en Plaza Baquedano se repitió el viernes pasado. Sebastián Piñera no tuvo la fuerza ni para reponer la mancillada estatua del general ni para impedir que lo despidieran en su último viernes en el poder, incluso en mayor número, los delincuentes que salen a enfrentar a carabineros y a destruir infraestructura pública y privada en los alrededores de la Plaza Italia.

También lo han estado despidiendo con mayor violencia que nunca los que saben que están frente a un Estado fallido o ausente en las tierras mapuches del sur. A fines de febrero hicieron fiesta en Máfil (Los Ríos) 13 organizaciones terroristas para continuar la guerra “contra el Estado y el sistema capitalista”. Entre ellas estaba la CAM, que la semana pasada quemó cuatro casas de la Conaf en la reserva Nacional Malleco, después de ser desalojados de ella por segunda vez, cuyos miles de hectáreas de bosques nativos reclaman y que ya han empezado a talar a ojos vista de la Conaf. Si no hay ley…

Los últimos días, otro que no estaba en la fiesta de Máfil, el Grupo Weichán Auka Mapu, reivindicó el incendio de la casa de otro miembro de la familia Luchsinger en Vilcún  y un ataque a una empresa de áridos en Nueva Imperial, ambos en La Araucanía. En esta Región hay 382 predios con medidas de protección de diversa intensidad y desde el año pasado se bautizó como Plan Cosecha la protección policial que se da a los agricultores para hacer algo tan mínimo como cosechar y evitar la usurpación, quema de siembras, robo de cargas y cobro de peajes. Esta temporada la autoridad se autogratuló de aplicar el plan en 220 mil hectáreas.  

Es que parece que lo que es normal en un país civilizado ya no está garantizado en Chile. Y por eso el Presidente debió haber tomado acciones legales y no dejar en la impunidad a quien se atreve a agredir a la máxima autoridad del país y en La Moneda. Con su malentendida benevolencia, la indefensión de los chilenos avanzó un paso más.

*Pilar Molina es periodista.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta