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Publicado el 28 junio, 2021

Pilar Molina: Destruir sin crear

Periodista Pilar Molina

El grupo de convencionales puede interpretar su misión como una venganza contra la evolución de la democracia liberal en Chile o bien pensar en sus hijos y nietos para no arrasar con la democracia y el libre mercado que permitió a Chile asomarse al desarrollo por un rato.

Pilar Molina Periodista
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A esta altura parecen claras dos cosas: que enfrentamos un proceso constituyente lleno de riesgos, porque dependerá de los convencionales respetar las reglas y actuar dentro del sistema; y dos, que el denominador común o principal propósito de la gran mayoría de los 155 electos es “poner fin al modelo neoliberal”.

Es más que posible que ya tengan los 2/3 para la tarea de demolición. Haciendo caso omiso al Decreto Supremo que estableció la instalación de la Convención el 4 de julio (según lo establecido en el capítulo XV que regula todo el proceso), ya se han convocado 78 convencionales para convenir las reglas de su función y la operatoria posterior.  Pero si se suman todos los de izquierda electos como independientes, en la Lista del Pueblo, como Originarios, Independientes No Neutrales, de Unidad Constituyente, el Frente Amplio y el Partido Comunista, exceden largamente los 104 que conforman el quórum de 2/3 exigidos para aprobar los contenidos de la nueva Constitución.

Como superan el quórum para definir los contenidos del nuevo ordenamiento constitucional, el punto es cuán allá llegarán en la tarea de suprimir el actual modelo de mercado, descalificado como neoliberal, salvaje, injusto, abusivo, etc. Y cuánto buscarán dejar abrochado en la nueva Constitución. ¿Pondrán al Estado como eje de la nueva organización social y de la economía, o se conformarán con aumentar su presencia y dominio en nuevas áreas, pero sin avasallar la iniciativa privada? ¿Garantizarán judicialmente los derechos sociales elaborando una larga lista de compras o se limitarán a añadir nuevos a los actuales consagrados en la Constitución, condicionando su cumplimiento efectivo a los ingresos fiscales? ¿Establecerán como principio el Estado solidario o se esmerarán en barrer del nuevo ordenamiento todo atisbo de subsidiariedad, que no es otra cosa que permitir a las personas desplegar las alas para emprender o ejercer sus múltiples derechos, como a la educación, la enseñanza y la búsqueda de la felicidad a su manera? ¿Remediarán la desigualdad con la píldora de más y nuevos impuestos, como si fueran un mantra para obtener la esquiva prosperidad igualitaria? ¿Ajustarán cuentas con la legitimidad del sistema político debilitando la democracia representativa, o se conformarán con introducir elementos de participación ciudadana?

Son miles las preguntas cuando se trata de demoler lo que existe y no de modificar para mejorar lo que no funciona bien, como es el caso de la provisión de agua potable en las comunidades rurales, donde el Estado lo ha hecho mal con los Programas de Agua Potable Rural (APR). ¿Lo arreglarán con más Estado, terminando con las concesiones de agua? ¿O permitirán incentivar soluciones privadas a problemas públicos, tomando como ejemplo la exitosa intervención de la Fundación para el Fomento y Desarrollo de Petorca, que ha restablecido los servicios de 12 APR deficitarios en esa paradigmática provincia?

En la dirección, pero también en la radicalidad del impulso puede estar toda la diferencia, comenzando por si los convencionales se subordinarán a la reforma constitucional que les dio su origen y marco de acción o desafiarán la institucionalidad y el sistema, sin ambages.

El momento para tanta incertidumbre no es el mejor. En medio de una pandemia, con crisis económica, con un Congreso que resolvió infringir sistemáticamente la primera ley de la República; con un Presiente debilitado y temeroso al que la izquierda busca mantener a raya “avisándole” que cuando deje el cargo lo perseguirán internacionalmente por violar los derechos humanos (el presidenciable del Frente Amplio, Boric), con querellas en su contra en cortes internacionales (el candidato del PC, Jadue) o sentenciando que el legado de esta administración serán “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos” (la más probable postulante DC, Provoste).

El mejor ejemplo de lo que puede convertirse en una demolición que deje una zona cero devastada y arrasada son las propuestas de los candidatos de izquierda para mejorar las pensiones. Su imaginación no va más allá de eliminar las AFP y echar mano a los ahorros de los trabajadores activos para subir las pensiones. Podrán elevarlas un tiempo, pero aumentarán la informalidad, dejarán en escampado a los futuros viejos, que serán muchos, y destruirán el ahorro que hoy le permite financiarse a las pymes y a los ciudadanos contratar créditos hipotecarios baratos (aunque el candidato comunista creía que eran caros e ignoraba la tasa). Acabarán con un símbolo neoliberal, las AFP, pero no construirán nada viable ni mejor con “cuentas nocionales” y  organismos estatales que asumirán todas las funciones sin cobrar comisiones.  Parecen cuento y más cuentos para pintar con colores el futuro negro de la previsión.

Destruir no es crear. Es una obviedad, como así también que ejercer la mayoría no significa aniquilar a  la minoría. El grupo de convencionales puede interpretar su misión como una venganza contra la evolución de la democracia liberal en Chile o bien pensar en sus hijos y nietos para no arrasar con la democracia y el libre mercado que permitió a Chile asomarse al desarrollo por un rato.

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