El Presidente Boric se está convirtiendo en un actor que aspira a postular al Oscar con su actuación en el tema de la inseguridad de los chilenos. Sabe que la delincuencia es por lejos la primera preocupación de la ciudadanía, la cual le responde a su falta de compromiso y convicción para combatirla reprobando su gestión en niveles desconocidos antes para los primeros meses de gestión, con sobre el 60% de mala evaluación.

No ignora que la situación se le arranca por el norte, con la migración irregular y los 51 mil ingresos clandestinos que se contabilizan a noviembre, y también por el sur, con un terrorismo que las renovaciones quincenales del estado de excepción no logran amainar. Los delitos de alta connotación social suben como la espuma y nos hemos acostumbrado a hablar del crimen organizado o el sicariato, mientras la comuna de Santiago se ha convertido en un antro de “inseguridad e insalubridad”, según resolución mayoritaria de los diputados.

Junto con subir el delito, baja la efectividad policial (sólo el 14% de los que delinquen son detenidos), lo que no es de extrañar porque faltan unos 10 mil carabineros y al año se están incorporando 800, pero se retiran o renuncian cerca del doble. Las razones hay que buscarlas en la izquierda, que los convirtió en el chivo expiatorio de la revolución octubrista. 

Pero el clima cambió y ahora el 78% aprueba esa fuerza policial que el borrador de Constitución del oficialismo hizo desaparecer en su texto. El Presidente tiene que hacerse cargo del cambio de guión o, al menos, recitarlo con convicción. Pero el despliegue comunicacional que vemos siembra dudas acerca de si han cambiado en algo sus convicciones de cuando votaba en contra de la ley Nain (aumenta penas por agresiones a Carabineros), considerando junto a sus socios del Frente Amplio que cualquier medida pro seguridad era “populismo penal” o “agenda represiva”. Es incierto poder sostener que está efectivamente arrepentido de haber retirado, junto con asumir, las 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado por los delitos cometidos al alero de la revuelta social, cuando le ha dado cerca de 300 pensiones de gracia a algunos de sus protagonistas. O cuando está concentrado ahora en dar indultos caso a caso a los “presos del estallido”, ya que no encontró los votos para dar un indulto general por ley.

“Quiero que sepan que yo me levanto y me acuesto pensando en cómo mejorar la seguridad”, expresó el Mandatario, empático, al anunciar  el 15 de diciembre que había enviado al Congreso 4 proyectos en materia de seguridad para agravar el delito de secuestro, tipificar el sicariato, aumentar el control de armas y mejorar las seguridad en las cárceles.

Luego que fracasara su segundo candidato a dirigir el Ministerio Público el lunes pasado y mientras le enrrostraban que se daba gustitos para no negociar con el Senado las cartas en medio de la crisis de seguridad, vino un nuevo despliegue escénico. 

Al día siguiente juntó a los principales actores del tema (Carabineros, PDI; Interior; Defensa, entre otros) y anunció ahora una Política Nacional contra el Crimen Organizado. Las críticas no se hicieron esperar porque recitó una retahíla  de aspiraciones o propósitos, sin plazos ni metas concretas, sin ir más allá de coordinar esfuerzos y un escuálido presupuesto de $39 mil millones, que seguramente ya está incorporado en las partidas institucionales del 2023. El primer eje del anuncio que hizo es fortalecer la inteligencia, pero algunos recordaron que el Gobierno todavía no presenta las indicaciones que prometió para septiembre a la ley de inteligencia.

Otros diputados acusaron que hasta los cuatro proyectos que ingresó en diciembre, ha habido una sequía legislativa en esta materia, donde el Ejecutivo solo ha presentado indicaciones a proyectos del Gobierno anterior o a mociones parlamentarias, algunas, como el robo de madera, aprobadas. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, ni siquiera ha concurrido una sola vez a las discusiones de estos proyectos a la comisión de Seguridad Pública del Senado, donde están radicados. Sus subsecretarios Monsalve y Vergara han tenido apenas un 10% y 39% de asistencia, según reporta la instancia en la web entre el 11 de marzo y el 19 de diciembre. 

A pesar del despliegue escénico después de cada irrupción mediática, pareciera no haber en verdad una política nacional contra el crimen organizado, como tampoco la había cuando se presentó el tráiler de la película con ocasión del Presupuesto 2023. Se asignaron 65 mil millones al “Plan contra el Crimen Organizado”, pero básicamente como transferencia a los organismos vinculados al tema, incluyendo vehículos para carabineros. Nada parecido a una estrategia con bajadas concretas que se pueda después evaluar.

Lo más increíble es que las puestas en escena dejan unos pesados muertos, nada fáciles de remover del escenario. Todos estos anuncios de diciembre, Boric los ha hecho sin siquiera informar a la mesa transversal que busca lograr una acuerdo nacional de seguridad, que se conformó hace más de un mes, y dirige la ministra Tohá.

Los parlamentarios de esa instancia han dicho sentirse usados porque mientras ellos discuten medidas administrativas y proyectos legales, Boric los anuncia por el lado y en el resultado, no hay nada concreto. También han amenazado con retirarse y no firmar  el acuerdo si el Gobierno no accede a endurecer la mano en materia migratoria y de control fronterizo, por una parte, y no consiente reformar la ley antiterrorista, por la otra.

Contra todas sus opiniones, el Presidente aseguró esta semana que antes de fin de año el acuerdo que iría desde el Partido Republicano al PC “verá la luz”. Su ministra Tohá, igual de generosa en el verbo, aseguró lo mismo. La secretaria de Estado se mostró antes dispuesta a revisar la ley antiterrorista. Ahora sacó un nuevo conejo del sombrero: sin dictar en el norte estado de excepción, llevar a las FF.AA. a “apoyar” la custodia de las fronteras, lo que propondrá a modo de indicación en otro proyecto que viene dando bote hace rato que permitiría el resguardo militar de la infraestructura crítica.

El año termina y el balance real en materia de iniciativa de La Moneda en seguridad es parecido a cero.

Pero en la última semana de 2022 todavía se puede montar otra gala teatral. Las actuaciones no tienen por qué ser reales, lo importante es que la gente crea que el Mandatario será “como un perro para perseguir la delincuencia”.

¡Que siga el show!

*Pilar Molina es periodista

Pilar Molina

Periodista

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