El ministro de Economía, Nicolás Grau, pidió disculpas a los emprendedores víctimas de la revuelta del 18-O “a nombre del Estado de Chile”.  Después confesó que hasta se emocionó oyendo los fuertes testimonios sobre destrucción de sus locales, negocios, saqueos y el abandono frente a la violencia en que quedaron zonas críticas de Santiago después de octubre de 2019, a lo que se sumó el efecto devastador de la pandemia. Grau les reconoció también las dificultades a esas familias, “incluso en términos de salud” y les aseguró un plan de reactivación, además de reparaciones.

Hasta aquí, impecable. Muy creíble la sinceridad del ministro. Pero en paralelo, la ministra de Justicia y la subsecretaria de DDHH, entre otras autoridades, se reunían con la senadora Fabiola Campillai, la activista que perdió la visión por una bomba lacrimógena lanzada por un carabinero. Ella pauteó que la tarea de la mesa oficial que presidirá no sólo buscará reparación integral, sino que verdad, justicia y las garantías de no repetición, “además de la libertad de nuestros presos”, aseguró.

Sin cuestionar al ministro, es inevitable dudar acerca de un interés sincero del nuevo gobierno de izquierda de reparar a las víctimas de la violencia anarquista que se desató en octubre de 2019. La duda es porque las autoridades hoy en ejercicio del Frente Amplio y del Partido Comunista siempre apoyaron esa violencia y, usando todas sus armas, bloquearon cualquier intento de la administración de Sebastián Piñera por detenerla.  

Uno, porque desafiaron a los militares que salieron a la calle cuando se dictó estado de emergencia para evitar el incendio de Santiago y otras capitales regionales. Es lo que hizo el mismo 19 de octubre el entonces diputado Gabriel Boric cuando apareció en todos los medios encarando a los militares, que cumplían mutis con su deber, y gritándoles que se fueran.

Dos, porque inhibieron la acción del Estado para mantener el orden público, rechazando leyes que buscaban ese propósito y además acusando y destituyendo, incluso, a las autoridades a cargo de esa tarea. Se sucedieron las acusaciones constitucionales (dos contra el Presidente), lograron destituir al ministro Andrés Chadwick y multiplicaron en su contra las querellas por violaciones a los DDHH en tribunales nacionales e internacionales. 

Tres, porque respaldaron indiscriminadamente la violencia anárquica con el discurso de no criminalizar la protesta, entender el descontento con el modelo neoliberal, la élite o los abusos, y considerar que ella era un síntoma de una violencia estructural que debía abordarse antes. El apoyo a la brutalidad llegó al paroxismo cuando justificaban prácticas nazis, como “el que no baila no pasa”, y cuando aplaudieron como héroes a encapuchados de la llamada “primera línea” en el salón de Honor del Ex Congreso Nacional en un foro sobre DDHH organizado por el senador Alejando Navarro.  

Cuatro, porque la primera señal de la actual administración, previo a tomar posesión, fue anunciar el retiro de las querellas por ley de seguridad interior del Estado (LSE) que había presentado contra los violentistas el gobierno de Piñera como forma de que el Ejecutivo pudiera hacerse parte en los casos de saqueos (dado que la ley no le permitía querellarse por robo en lugar no habitado, lo que se subsanó con la denominada ley anti saqueos).  Explicaron que respondía “al compromiso con las familias”, pero fue básicamente simbólico, porque el equipo de Boric sabía que ninguna de las 139 causas por LSE que abarcan hechos ocurrido entre octubre de 2019 y enero de 2020, y que responden básicamente a saqueos, tuvo algún efecto práctico. Ello, porque ninguno de los imputados estaba en prisión preventiva. ¡Ninguno!, pero era necesario hacerlo más por el efecto comunicacional que el de bajar las penas. 

Quinto, porque este mismo Ejecutivo que se compadece ahora de las “otras víctimas” (las que sufren la fuerza delictual) instruyó a todos los abogados del Ministerio del Interior a cargo de las querellas del Ejecutivo abandonar su rol de acusadores en los casos de los acusados por la revuelta social, no alegando o apelando, de manera de facilitar una salida judicial para los imputados que han mantenido “la fiesta” hasta el día de hoy. Eso se tradujo en que el pasado martes fuera puesto en libertad Nicolás Peña, contra quien la fiscalía pide 23 años de cárcel por homicidio frustrado, acto que cometió un año atrás al lanzar una bomba molotov al interior de un carro policial en cuyo interior había seis uniformados resguardando el orden público que protege a las pymes y locales.

Pero quizás lo más concluyente (sexto) es que el mismo Presidente Boric y sus ministros Jackson y Vallejos se opusieron al proyecto de resolución para solicitar al gobierno indemnizar a las locatarios y pequeños y medianos comerciantes de las denominadas zonas cero. Ellos se abstuvieron en la votación de julio de 2021 y la mayoría de los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista votaron directamente en contra. 

Después de tanta coherencia simbólica en un gobierno que explota los símbolos, cabe preguntarse: ¿realmente cree esta administración que es de justicia indemnizar a los damnificados por la violencia? Parece que no. En absoluto han cambiado de parecer en cuanto a referirse como víctimas solo a los que participan en los hechos de fuerza (delincuentes, en castellano). Y si ahora se han abierto a compensar a las verdaderas víctimas es porque necesitan una moneda de cambio para la agenda de reparación del programa de Apruebo Dignidad que incluye no solo los presos políticos, sino que también a los exonerados por esta misma causa, familiares de personas ejecutadas y /o desaparecidas, además del reajuste de las pensiones de las víctimas de represión política y tortura. 

¿Alguna duda? 

*Pilar Molina es periodista.

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