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Publicado el 27 de abril, 2020

Pilar Molina: Una propuesta decente

Periodista Pilar Molina

Propongo que a toda la primera línea de salud se le otorgue un bono que compense los riesgos y malos ratos que padecen por el tiempo que dure la pandemia sanitaria. Y debiera financiarse con un 10% de recorte parejo de todos los sueldos del sector público, a excepción de los que trabajan en salud.

Pilar Molina Periodista

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Lejos los trabajadores más estresados hoy son los que laboran en la primera línea contra el Covid-19. No se trata sólo de turnos agotadores, sino que son candidatos a contagiarse y, adicionalmente, muchos están obligados a alojar fuera de sus hogares para no contagiar a sus familias. Hay 740 funcionarios de la salud infectados, de los cuales 228 son médicos. A pesar de ser víctimas, sin embargo, sufren maltratos de vecinos egoístas que no los quieren cerca (mientras no contraigan ellos la peste, por supuesto).

El gobierno comenzó a reclutar el viernes, a través de una plataforma que administra la Alta Dirección Pública, “Yo sirvo a mi país”, voluntarios que estén dispuestos a integrar la red pública en cualquier servicio y parte del país donde falte el recurso humano producto de cuarentenas o contagios del personal de salud. Mi propuesta es que a toda la primera línea de salud se le otorgue un bono que compense los riesgos y malos ratos que padecen por el tiempo que dure la pandemia sanitaria. Y debiera financiarse con un 10% de recorte parejo de todos los sueldos del sector público, a excepción de los que trabajan en salud.

No me refiero al actual proyecto de ley que no aprueban nunca los parlamentarios, ese que busca bajarle el sueldo sólo a las más altas autoridades, sino a que todos los funcionarios públicos, de capitán a paje, hagan su aporte. ¿Por qué obligarlos a tal acto de generosidad?

Primero, porque son muchos. En 2018 llegamos al millón de funcionarios públicos, uno de cada seis asalariados. Los de la administración central son los menos. La Dipres indicaba el año pasado que alcanzaban los 374 mil, sumando los de planta y contrata (que son el 82%) y los demás que son a honorarios, regidos por el Código del Trabajo y otros regímenes.

Segundo, porque son los únicos que enfrentan la pandemia sin el temor a perder el empleo o ver rebajados sus sueldos. En la práctica gozan de inamovilidad y ninguno se desvela por temor a no tener ingresos a fin de mes o tener que recurrir al seguro de cesantía para navegar por la crisis. Ellos solamente tienen asegurado su sueldo.

Tercero, porque tienen rentas que son casi un tercio más altas que las de los trabajadores del sector privado. Las remuneraciones brutas nominales del gobierno central alcanzaron un promedio de $1.463.930 mensuales en 2019. Siempre según datos de Dipres, el 58% recibe un ingreso mensual de más de un millón de pesos, porcentaje que cae a 19% en el sector privado. Es más, la mitad de esos funcionarios gana sobre un millón 200 mil, lo cual los ubica dentro del 10% más rico de Chile. Aún así, el año pasado pidieron un reajuste del 7%. No parece justo que todo el esfuerzo del ajuste lo hagan los trabajadores del sector privado, donde casi el 40% gana menos de 500 mil pesos y cuando apenas el 2,8% de los empleados estatales tiene sueldos inferiores a esa cifra.

Cuarto, porque sus sueldos son siempre reajustados y reciben bonos de desempeño, aunque su productividad no aumente. No hay otra explicación para que el año pasado el 100% de las instituciones estatales lograra la máxima bonificación por desempeño. Si todos la reciben, es que el bono se considera un “desde” y no un premio.

Quinto, porque a pesar de constituir una élite de privilegios y regalías, cuando el gobierno planteó un regreso gradual a sus puestos de trabajo, la Anef y la CUT pusieron el grito en el cielo. El Ejecutivo estima que su presencia es indispensable para arbitrar las medidas de asistencia social y atender a los cesantes, los adultos mayores, etc. Sin embargo, en vez de abrirse a estudiar el retorno, la ANEF calificó de “irresponsable” la medida y junto a la CUT anunció que iría a la justicia y a la Contraloría para impedirlo. Para ellos, son suficientes los turnos actuales en los servicios esenciales.

¿Necesita alguien más argumentos para justificar que estos trabajadores privilegiados deban también aportar un mínimo del 10% de sus sueldos, que se traduciría en miles de millones de dólares, para premiar a los que sí están arriesgando todo para salvar vidas?

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