El dictador Iósif Stalin decidió que los campesinos que cultivaban su tierra, por pobres que fueran, impedirían la colectivización del suelo que ellos trabajaban y para cuyo producto querían un precio justo a cambio. Por eso, convirtió a los kulaks en la fuerza del mal del capitalismo, acusándolos de traidores, saboteadores y conspiradores contra la revolución del pueblo. Denigrados a la encarnación del mal, les confiscó sus cosechas, creó brigadas rojas para el registro de sus casas (paredes, pisos y establos) y robarles cualquier semilla o rastra de cereal para comer; les impidió arrancar de sus aldeas y junto a sus niños y cónyuges los mató de hambre. En Ucrania fueron cerca de 4 millones las personas que comieron pasto, cortezas y recurrieron al canibalismo antes de morir de inanición (si no, ejecutados). Stalin forzó la complicidad de otros ucranianos del partido comunista y del pueblo para hacer desaparecer esa “lacra”, asesinando en toda la URSS, entre 1931 y 1934, más campesinos que los judíos que mató Hitler pocos años después.
El dictador ruso logró que otros robaran, persiguieran y dejaran morir los kulaks, porque se arriesgaba a morir quien se opusiera a la deskulaquización, necesaria según el PC, para terminar con el “nacionalismo capitalista” que encarnaban los campesinos ucranianos. (Recomiendo Hambruna Roja de Anne Applebaum).
“El hechizo pasó y veo a los seres humanos. ¿Por qué me endurecí tanto? ¡Cuánto sufrió esa gente, cómo los trataron!, pero yo decía: no son seres humanos, son kulaks”, escribe unos años después del genocidio el periodista comunista Vasili Grossman en Todo Fluye. El escritor y su obra terminaron siendo censuradas por el régimen soviético.
Imposible no pensar en el parecido de los kulaks con el de los carabineros hoy en Chile. Hay una parte de los chilenos que encarna en ellos lo peor: los tratan de asesinos c…, les cantan que se revienten los sesos, popularizan perfomances que los acusan de violadores. Es cuestión de leer los grafititi en el sector de Plaza Baquedano para ver que a su entender “paco bueno, paco muerto”… o quemado. No son humanos, no son personas. Hay que odiarlos.
Este odio a la policía de los narcos y grupos anarquistas ha sido de siempre, pero la extrema izquierda se ha ido plegando descaradamente al mismo desprecio a partir de la protesta social que convirtieron en estallido y luego, en una celebración permanente de la violencia. Han sido eficaces en levantar sus errores (fraudes, el montaje de la Operación Huracán, actuaciones inadecuadas) imputando los delitos de algunos a sus 60 mil hombres y a la institución.
Por eso no sorprendió cuando la izquierda se alineó para condenar al carabinero que en Panguipulli disparó en defensa propia a un mochilero que se le abalanzaba con machetes con hojas de 50 cms en la mano, después de desoír las indicaciones de bajarlos y los disparos de advertencia, mientras lo perseguía gritándole “¡paco c…. te voy a matar!”.
Tampoco sorprendió la orden del Colegio de Periodistas ordenando a los medios hablar de “asesinato” sin eufemismos y las acusaciones en contra de la institución policial de orden como clasista, discriminatoria, abusiva y la urgente necesidad de refundarla. Incluso con la ayuda de la ministra Karla Rubilar que se sumó al clamor, ignorando los esfuerzos del propio gobierno por modernizar la institución con la colaboración de Carabineros.
¿Por qué ese odio a los uniformados y ese afán para deslegitimarlos y destruirlos, aunque las encuestas sigan reflejando una valoración ciudadana de Carabineros más de tres veces superior al Frente Amplio o al PC? (53% versus 16% y 15% en Cadem del 8 de febrero). Carabineros es el brazo armado de la ley, el ejecutor de la misma. Está en el corazón del Estado de Derecho que consiste en asegurarle a todos, con el monopolio del uso de la fuerza, la libertad y la seguridad. Pero el orden público impide el cambio revolucionario y la violencia política. La extrema izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista quieren cambios radicales y el orden público no es funcional a sus pretensiones de revuelta social o de “rodear” la Convención Constituyente.
No es casualidad, por eso, que quieran convertir en el enemigo del pueblo a los uniformados (como si vinieran de la élite) y no cejan de acusarlos de estar “asesinando a nuestros compatriotas” (diputada Catalina Pérez) o refiriéndose a la Armada como “genocidista” y “asociación ilícita” (diputado comunista Hugo Gutiérrez, que renunció para ser elegido constituyente).
El problema es que estos grupos logren contagiar su odio a los uniformados al resto de la sociedad. La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, ex militante comunista desde los 13 años, fue electa diputada con apenas 6 mil 98 votos (el 3,8%) y la quinta votación en el distrito 3 de Antofagasta y Calama. Ella preside el principal partido del Frente Amplio y devela sus intenciones revolucionarias cuando escribe “cómo quieren que no lo quememos todo” (sólo se arrepiente, agrega la diputada, “de haberle dado material a la extrema derecha”).
La visión sesgada de esta minoría, sin embargo, es la que se está imponiendo también en los medios, que escanean la biografía del carabinero imputado, pero no investigan los problemas mentales, de drogas o policiales que puede haber tenido un joven de la calle que tiene una actitud tan temeraria frente a un policía que sólo le pide identificarse.
Es que algunos quieren hacernos creer que no es persona aquel al que mandaron a mantener el orden en la calle e impedir que malabaristas amenacen con sus cuchillos a cambio de propinas. Y son los mismos organismos del Estado (como el Instituto Nacional de Derechos Humanos) los que se encargan de acusar de homicidio calificado y exigir que pongan en prisión preventiva al uniformado agredido. Ese INDH es indiferente, en cambio, a las decenas de heridos uniformados cada viernes (32, el último, en Bellavista) cuando se les ordena impedir que personas mimetizadas y escondidas tras máscaras de gases, destruyan infraestructura pública y privada, quemen buses, levanten barricadas y tiren molotovs. Frente a los carros blindados que arden, esos mismos delincuentes, que nadie trata de tales, posan como héroes para la TV y la prensa, mientras alientan a matar y a quemar a carabineros, quienes, como no se les reconoce el derecho a la legítima defensa, escapan de la agresión en el sector de Pío Nono o de la comunidad Temucuicui que no permite el acceso ni para una notificación judicial.
Si era necesaria la deskulaquización para estatizar la propiedad de la tierra en Rusia, en Chile es necesaria la descarabinerización para destruir el Estado de derecho. ¿Qué viene después? Nada bueno para nosotros, según la historia del Hombre.