Columnas de opinión es presentado por:
Publicado el 26 de noviembre, 2018

Pilar Molina: Al Estado lo que es del Estado

Periodista Pilar Molina

Frente a los muchos focos de conflicto, el gobierno podría mirar para el lado, como lo hizo la administración anterior. La Moneda tiene que elegir entre la censura política de la oposición y hacerse cargo del conflicto.

Pilar Molina Periodista
Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Son varios los hechos de estos días que ejemplifican cómo el Estado está obligado a tomar decisiones difíciles, a contrariar grupos de interés, incluso a mayorías políticas. Pero las autoridades -que representan ese Estado- las elegimos no para que busquen el halago de las encuestas, sino que para que piensen en el bien común y en esas mayorías silenciosas que no tienen micrófono, no incendian neumáticos ni tiran molotovs, y tampoco pueden patrocinar censuras políticas.

 

Aunque aparecen poco en la prensa, oímos a víctimas del conflicto mapuche exigiendo al gobierno hacerse cargo de la violencia y darles respuesta, como el conductor de un bus esta semana, que estaba luchando por no quedarse ciego luego de un ataque en la carretera. Incendian máquinas, casas, escuelas, iglesias, una y otra vez, pero algunos demandan que el Ejecutivo retire el llamado Comando Jungla de la zona, que no es otra cosa que las Fuerzas Especiales de Carabineros para responder, como lo dice su nombre, a situaciones de altos riesgo e importancia.

 

La Moneda tiene que elegir entre la censura política de la oposición y hacerse cargo del conflicto.

 

Claro que el gobierno podría mirar para el lado, como lo hizo la administración anterior, que en lo formal reforzó la presencia policial en la zona y hasta constituyó una comisión ad hoc; pero fue evidente que le resultó más fácil no asumir el problema y es lo que explica el 62% de votación de Sebastián Piñera en La Araucanía. La Moneda tiene que elegir entre la censura política de la oposición y hacerse cargo del conflicto. Vialidad, de Obras Públicas, dictó un protocolo esta semana para zonas con conflictos territoriales, como Ercilla o Collipulli, estableciendo que sólo trabajarán en esas áreas “cuando sea estrictamente necesario para mantener la conectividad de la red vial” (reparación de puentes o despeje de caminos). El alcalde UDI de la zona lo acusó de abandono de deberes, porque tenían una agenda de mejoramiento de caminos que se suspende. El Estado se mueve entre resguardar la seguridad que sus trabajadores exigen (a las licitaciones de caminos ya no se presenta ninguna empresa) y mantener y mejorar las vías que van en beneficios de las propias comunidades de donde salen sujetos a atacar. No puede abandonar a ninguno de los dos grupos sino que procurar un equilibrio, como parece estarlo haciéndolo, al buscar fórmulas para que la comunidad aledaña confirme la seguridad en los puntos donde se trabajará.

 

Los trabajadores tienen todo el derecho a reclamar más trabajo y mejores condiciones, pero no lo están haciendo por la vía legal y la pregunta es de quién es el deber de garantizar la continuidad de las descargas en el puerto y de la recalada de los cruceros.

 

En Valparaíso, ¿el Estado puede lavarse las manos cuando un grupo de 500 trabajadores eventuales paraliza desde el viernes 23 el puerto a través de barricadas y bloqueo de los accesos? Es un conflicto privado entre trabajadores y las concesionarias que operan dos terminales, pero, como lo advirtió el intendente, de consecuencias públicas. Los trabajadores tienen todo el derecho a reclamar más trabajo y mejores condiciones, pero no lo están haciendo por la vía legal y la pregunta es de quién es el deber de garantizar la continuidad de las descargas en el puerto y de la recalada de los cruceros. Las grandes compañías ya le perdieron la confianza (y quizás sin vuelta) a Valparaíso. Todas las organizaciones involucradas se comprometieron en marzo en Miami, con la organización que representa a las navieras, a no repetir la paralización que en la última temporada llevó a que sólo recalaran 16 de los 39 barcos comprometidos y la zona perdiera una industria turística de entre 220 y 400 millones de dólares por nave según la Subsecretaría de Turismo. Como parte de la sanción, este año Valparaíso recibiría solo 19 cruceros y 12 mil pasajeros (versus las 30 recaladas en San Antonio con 100 mil pasajeros). Pero no bastó el castigo y que el INE informara que el último trimestre la actividad económica en la V Región cayó sobre un 6%. La semana pasada vimos cómo varios buques mercantes y de pasajeros tuvieron que ser  desviados a San Antonio. Las autoridades de turismo se preguntan dónde está el Estado para devolverle a Valparaíso la continuidad del servicio y la paz social que han convertido a San Antonio en el principal puerto de Chile de carga y también de terminal de pasajeros. ¿No interviene porque los costos son muy altos y prefiere apagar otros incendios?

 

Un último ejemplo de los muchos más que podríamos dar. El Ejecutivo está tomando la temperatura del agua en la piscina antes de lanzar un proyecto para terminar con la indemnización por despido y reemplazarla por un subsidio de cesantía mejorado. Está convencido que en la economía del siglo 21 hay que terminar con esa herramienta que se creó cuando no existía el subsidio de cesantía y que desincentiva la movilidad laboral. Más cuando las contrataciones están flojas producto de le economía y una ley laboral que favorece la robotización de los empleos menos calificados. La necesidad de introducir cambios es de vieja data y es la misma conclusión que alcanzó  la reciente comisión asesora para el Desarrollo Integral. La actual indemnización tiene baja cobertura y la cobra apenas el 6% de los trabajadores asalariados del sector privado. Una indemnización a todo evento, como la que tienen las trabajadoras de casa particular, haría más flexible contratar y moverse a nuevos empleos sin el temor a perder el beneficio. Pero la CUT y otras multisindicales ya se pintaron de guerra, advirtiendo que combatirán modificar “un derecho histórico”, aun cuando los cambios no sean retroactivos.

 

¿El grito bélico inmovilizará al Estado o hará lo que tiene que hacer apenas sea prudente abordarlo? No hay que olvidar que a la espera está otra reforma poco sexy de emprender, pero imprescindible: la del sistema previsional, no para destruirlo, sino que para mejorar las pensiones.

 

 

FOTO: YVO SALINAS/AGENCIAUNO

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: