El Instituto Nacional de Derechos Humanos  (INDH) se erigió en el símbolo del tipo de institución cuyo desenvolvimiento acomoda a la izquierda. Y será la misma clase de organismo en que, si gana el Apruebo, transformarán al Congreso, como Cámara única, y al Poder Judicial, convertido en Consejo de la Justicia: asambleístas, sectáreos, partisanos, “funadores” y promotores de la cultura de la cancelación y la intolerancia. 

El INDH, nacido al alero de las conclusiones del Informe Rettig (1991) para crear una cultura de DDHH y que nunca más volvieran a violarse, se transformó en el paradigma de las transgresiones y manipulación de los mismos derechos que tendría que defender. A su ex director, Sergio Micco, electo por las facultades de Derecho, la mayoría de sus consejeros lo presionaron, humillaron y maltrataron sin ninguna compasión. Sufrió no menos de seis campañas de funas, incluyendo amenazas de muerte. Les molestaba que fuera contrario a declarar el aborto como DDHH. Intentaron obligarlo a establecer que el gobierno de Sebastián Piñera (al que los revolucionarios pedían la renuncia entonces) había violado sistemáticamente los DDHH, lo cual supone dar órdenes a uniformados y consagrar la impunidad. Lo presionaron a presentar querellas criminales por 103 casos de detenidos desaparecidos, de los cuales 102 fueron habidos; y pretendían que impulsara la refundación de Carabineros, cuando el entonces diputado Boric y el actual oficialismo usaban el mismo lenguaje.

También presionaron al consejo de este organismo autónomo a declarar que había presos políticos o de conciencia en Chile, y como no lo hizo, organizaron un paro de funcionarios por 60 días. Además, apoyaron la toma, por parte de secundarios activistas, de la sede central durante largos 180 días. Este actuar poco republicano, coercitivo y sectáreo -respaldado por autoridades opuestas al gobierno pasado-, terminó con la cancelación de su director, como describe él mismo. En una encerrona lo conminaron a renunciar días antes que concluyera su período.

Esta misma fiesta de mayorías intolerantes, soberbias y asambleístas, que no trepidan en considerar al adversario como un enemigo y confundir el bien común con su interés propio, es lo que vimos en la Convención Constitucional. Su mayoría ultrista se encargó de transformar al actual Congreso y Poder Judicial en una réplica de ese estilo sectáreo y anti democrático.

Por eso aprobaron erigir el nuevo Congreso de Diputados en un espejo de la Convención. Será fácil con los 17 escaños reservados, elegidos en función a la población indígena y no a los votantes, volver a romper la igualdad del voto. Y podrán impedir que gobierne la mayoría porque agregarán representantes de nuevos pueblos originarios y crearán “un distrito especial exterior”. Como el sistema electoral lo aprobarán por mayoría simple, no es difícil pensar a quién favorecerán estas disposiciones. El nuevo Congreso tendrá todos los poderes que hoy se dividen con el Senado y el Ejecutivo, incluso para presentar leyes que irrogan gastos. 

La misma cultura de mayorías asambleístas podemos esperar del futuro Consejo de Justicia, que tendrá todo (“autónomo, técnico, paritario, plurinacional”) menos independencia judicial, porque estará integrado minoritariamente por jueces, 8 de 17. Los restantes 9 serán electos por sus pares del sistema (2 funcionarios), por los pueblos indígenas (2, a pesar que tendrán sistemas de justicia propios) y 5 serán electos por la mayoría  parlamentaria de turno.  

Todo el riesgo está en que una mayoría ocasional politice sus pletóricas funciones para nombrar, evaluar, sancionar, remover o  promover a los jueces y así poderlos controlar. Estas tareas del futuro Consejo para procurar la independencia de la justicia hoy se dividen entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Senado, y son decenas los que participan en los nombramientos, por ejemplo. El Consejo incluso designará a los consejeros del Servel (hoy es función del  Senado por 2/3) y del Tribunal Calificador de Elecciones, eliminando al Tricel como organismo autónomo (hoy integrado por sorteo por 4 miembros de la Corte Suprema  y un quinto entre ex presidentes o vicepresidentes de cualquiera de ambas Cámaras). Este Consejo todopoderoso, con minoría de jueces, también estará a cargo de la “gestión administrativa y la superintendencia directiva y correccional” de este organismo clave para garantizar elecciones limpias. 

Incluso el futuro INDH empeorará en la versión del texto constitucional de la Convención.  Dejará de ser un organismo colegiado, como hoy, para convertirse en una defensoría personal (del Pueblo). Como ha señalado el propio Micco, el mecanismo para elegir su cabeza no garantiza ni su autonomía, ni su pluralismo. Es decir, seguirá capturado por la izquierda. Nuevamente la decisión estará en manos de la mayoría circunstancial del Congreso de los Diputados, más la Cámara de las Regiones, a instancias de una terna que elaborarán las organizaciones de DDHH inscritas en el mismo INDH, que ya sabemos quiénes controlan. 

Vamos acostumbrándonos a estos manotazos institucionales, porque en el tipo de “democracia” que propugna la extrema izquierda, no caben dos visiones ideológicas contrapuestas. Sólo se resignan a una segunda mirada que no sea la propia cuando ellos no están en el poder. Entonces promueven los DDHH, la democracia, la libertad y los derechos de las minorías. Pero ya en el gobierno, se cancelan todas. 

*Pilar Molina es periodista.

 

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