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Publicado el 10 julio, 2021

Pilar Lizana: ¿Qué pasa con el “contrato social” cuando llega el narco?

Dra. Gobierno y Administración Pública Pilar Lizana

El “contrato social” es clave, y más aún lo son las reglas y leyes que de él derivan. Son estas las que encauzan la acción del Estado a través de sus instituciones y permiten responder de manera sólida a una amenaza tan potente como la de las drogas.

Pilar Lizana Dra. Gobierno y Administración Pública
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Ya nos decía Rousseau en el siglo XVIII que el contrato social tiene como objetivo “encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado”. Pero, ¿qué pasa con ese contrato social que sienta las bases para fundar el Estado cuando llega el narco?

Una nueva “forma de asociación” surge de la mano de las organizaciones del narcotráfico. En los años 80 los grandes carteles de la droga colombiana planteaban un nuevo contrato con las comunidades, siendo el más emblemático el que se daba en el barrio de Pablo Escobar. Plazas, escuelas, viviendas, canchas deportivas y hasta medicinas entregó “El Patrón” a su comunidad en Medellín. Hoy, 4 décadas más tarde, la situación no es muy distinta.

El Estado tiene como fin último el Bien Común, para lo cual desarrolla un sinfín de acciones y se estructura entorno a una legislación que le entrega un marco de acción para alcanzar dicho objetivo. A través de sus instituciones debe proveer de bienestar, seguridad y desarrollo a su población, quien ha cedido la libertad de la que gozaba en su estado de naturaleza a un ente superior que debiera generar las condiciones para su prosperidad y emprendimiento.

A casi una semana del inicio de la Convención Constituyente, estamos siendo testigos de un proceso que creará un nuevo contrato social, el que más allá de las diferencias políticas, plantea una idea de esperanza para muchos chilenos. El problema: ese contrato y esperanza no serán suficientes si es que el narcotráfico sigue creciendo en las distintas ciudades y barrios de Chile.

Ya en el año 2016 el Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional identificaba tres niveles de organización de los grupos dedicados al narco: organizaciones mayores dedicadas a la exportación e importación, organizaciones intermedias que disminuyen la pureza del producto y lo revenden, y organizaciones barriales enfocadas en el menudeo. Todas integradas entre ellas y con conexiones internacionales.

Así, por ejemplo, desde el Valle del Cauca en Colombia y pasando por Ecuador y Perú, llegan a Chile los principales cargamentos de marihuana Creepy, y con ello una organización cada vez más compleja de las bandas nacionales. El año pasado, la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informaba de un ciudadano colombiano dedicado al tráfico de este tipo de cannabis en Santiago. El resultado: un operativo del OS-7 detuvo al colombiano conocido como “El Morado” e incautó 240 kilos de marihuana Creepy proveniente de su país. Operaba una oficina Western Union en Santiago Centro, la que era utilizada para enviar el dinero al extranjero.

Este es uno de los tantos casos que demuestran una integración y cooperación estrecha entre grupos nacionales e internacionales, al mismo tiempo que evidencia cómo éstos han ido permeando al Estado, creciendo y desarrollándose en él.

El narcotráfico necesita al Estado, pues es a través de sus instituciones y vacíos donde surgen las oportunidades para su avance. Donde la acción del Estado no llega, sí lo hace el narco. Dónde las comunidades sienten que el Estado no genera las condiciones para su prosperidad y emprendimiento, sí lo hace el narco. Por eso, lo importante es fortalecer la acción del Estado y que éste abarque todo el territorio y responda a todos sus ciudadanos, sólo así se irán reduciendo las oportunidades para los grupos del narcotráfico.

El Contrato Social es clave, y más aún lo son la reglas y leyes que de él derivan. Son éstas las que encauzan la acción del Estado a través de sus instituciones y permiten responder de manera sólida a una amenaza tan potente como la de las drogas.

¿Qué nos queda entonces? Fortalecer la legislación, complementando la Ley 20.000 con un marco regulatorio que apunte a una acción integrada de todas las agencias del Estado con el fin de reducir las oportunidades para el tráfico de drogas.

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