Wallmapu es el nombre con el que algunos denominan el territorio mapuche y que tanto le gusta usar a nuestras autoridades como una manera de hacer un guiño a las comunidades y mostrar empatía con la problemática indígena. Pero parece que se olvidaron de que ese Wallmapu no sólo se ubica en territorio chileno, sino que también, en Argentina y, al otro lado de la cordillera no les gustó nada que los nuevos inquilinos de La Moneda escribieran manuales de buenas prácticas y se refirieran a él en entrevistas y redes sociales. 

¡Toda la razón tienen nuestros vecinos! El gobierno es de todos los chilenos, sean provenientes de una etnia o no. Referirse a la Macrozona Sur como Wallmapu es validar una postura que ha impactado en el bienestar y seguridad de una zona que pasó de ser una de las regiones más prósperas a ubicarse en el último lugar del Índice de Desarrollo Regional. 

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichán Auka Mapu (WAM), Resistencia Mapuche Lavkenche y Temucuicui, entre otros, desde los 90 que han evolucionado en sus técnicas de amedrentamiento, incrementando los niveles de violencia y buscando enviar claras señales al Estado. En 1998 se observó el aumento de los hechos violentos, coincidiendo con la creación de la CAM; el 2013 el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay fue un hito en el avance del problema; y en la actualidad, las autoridades a cargo de la seguridad no pueden viajar a la Araucanía sin inconvenientes. En este contexto de inseguridad, el gobierno no puede retroceder, sino que tiene la obligación de asegurar el Estado de Derecho. 

En Argentina, la Constitución reconoció, en 1994, la preexistencia de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria de tierras. Pero “bajo ninguna circunstancia la propiedad comunitaria constituye un pretexto para desconocer la soberanía argentina”, afirmaba esta semana el diario La Nación. De hecho, el medio trasandino se refiere a que es un error denominar conflicto mapuche a las usurpaciones que “un grupo de delincuentes viene realizando en tierras privadas y públicas”. Tal vez podríamos rescatar algo del realismo con el que nuestros vecinos ven el problema.

Si el gobierno continúa cediendo en materias de seguridad, será un retroceso que tal vez no pueda recuperar. Por ahora nos encontramos en un momento de prueba: ¿hasta dónde puedo correr el cerco? Es la pregunta que buscan responder los grupos violentistas. Esperemos que no puedan. Pero, si las buenas intenciones no van acompañadas del uso legítimo de la fuerza para garantizar el Estado de Derecho, no servirán de mucho.

Nos encontramos en un círculo vicioso, el Estado debe proveer seguridad a todo el territorio nacional, pero las señales que está dando son bastante confusas. Se necesita claridad de que su compromiso es con Chile, no con un grupo que vive en Chile. La agenda debe ser clara y contundente, no hay que tener miedo a usar la fuerza. Quienes viven al margen de la ley no tienen problema en ello ¡Dejemos de hablar del Wallmapu, hablemos de Chile! Un país unitario, fruto de la diversidad y que no puede perder la batalla frente al crimen. 

*Pilar Lizana es Investigadora AthenaLab.

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