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Publicado el 17 julio, 2021

Pilar Lizana: ¿Es la legalización de las drogas la respuesta a un problema global?

Dra. Gobierno y Administración Pública Pilar Lizana

La legalización podría representar una oportunidad atractiva para que las organizaciones del narcotráfico utilicen a Chile como un hub de distribución mundial. Por eso es clave apuntar a soluciones en red con un enfoque comprehensivo que coordine respuestas nacionales e internacionales.

Pilar Lizana Dra. Gobierno y Administración Pública
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La familia es “el primer modelo de las sociedades políticas”, decía Rousseau, “la más antigua de todas las sociedades”. Es el núcleo básico de organización, y a través de ella, cualquiera sea su tipo, se construye la comunidad que da vida al Estado. Comunidad que debe ser protegida por su gobernante, para, como decía John Stuart Mill, “impedir que los miembros más débiles de la comunidad fuesen devorados por los buitres”.

Pero ¿qué pasa cuando quienes aspiran a ser los gobernantes plantean propuestas que pueden impactar a la sociedad y al estado que de ella nace?

Legalizar desde la cannabis hasta la cocaína y pasta base han sido los planteamientos que hemos escuchado de los candidatos a las primarias presidenciales. Quitarle terreno al narco, el argumento que los sustenta. Sin duda que “hay que quitarle” terreno a las organizaciones de la droga, pero ¿cómo y a qué costo?

El narcotráfico es un problema de seguridad, sí. Pero eso es sólo uno de los tantos factores que componen esta amenaza multidimensional. Desde el punto de vista de la demanda, el consumo de sustancias estimulantes afecta directamente a ese núcleo central del Estado destruyendo familias e impactando en el desarrollo de las generaciones más jóvenes.

“Las drogas cuestan vidas”, comienza afirmando el prefacio del capítulo sobre demanda y consumo del último informe mundial de drogas de la ONU. “Las drogas mataron casi medio millón de personas en 2019, mientras que los trastornos por uso de drogas provocaron la pérdida de 18 millones de años de vida sana”, continúa diciendo el mismo documento.

Según el reporte, 275 millones de personas en el mundo usaron drogas. 22% más que hace una década y se proyecta que el número aumente en 11% para el 2030. En Chile, 1 de cada 3 jóvenes ha tenido contacto con las drogas y en torno a la mitad de ellos lo ha hecho antes de los 15 años. Ya en 2019 la OEA en su informe sobre consumo en América ubicaba a nuestro país a la cabeza de la lista.

En este contexto surgen las propuestas de legalización. El caso emblemático: Holanda.

El país de los tulipanes legalizó la cannabis en 1976. Pionero en un mundo que se encontraba sumido en una “guerra contra las drogas”, hoy Holanda retrocede. Pareciera que el uso recreativo de la marihuana ocultaba una mirada ingenua, pues el mercado de la droga no desapareció. Es más, en 2018 el Sindicato de Policías de Holanda decía que el país presentaba los rasgos de un narco-estado. Se había creado una economía en las sombras que, aprovechándose de la infraestructura nacional, envía miles de millones al extranjero.

El narcotráfico es una amenaza con múltiples dimensiones, donde no se puede olvidar su carácter global. La legalización podría ser parte de una respuesta nacional al problema. Pero ¿qué pasa con la integración internacional de las drogas?

Regular las drogas a nivel nacional, podría representar una oportunidad atractiva para que las organizaciones del narcotráfico utilicen a Chile como un hub de operaciones, distribuyendo desde ahí sus productos al mundo. Ya somos un importante país de tránsito. A la integración vial, marítima y aérea, se sumaría una regulación que podría acelerar la llegada de importantes carteles del narcotráfico internacional.

En este sentido, es clave apuntar a soluciones en red en donde confluyan enfoques nacionales y globales que consideren la seguridad, justicia, salud, educación, prevención, reinserción y aspectos financieros. Es necesario considerar la complejidad de esta amenaza y entregar respuestas comprehensivas que integren todas las dimensiones buscando que el estado proteja a las familias que forman la sociedad que lo ha creado.

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