Justicia. Esa virtud de dar a cada quien lo suyo es un elemento esencial para el funcionamiento del Estado. Quienes cometen delitos deben ser castigados con penas proporcionales al mismo tiempo que se logra un saludable equilibrio que permite el desarrollo, bienestar y seguridad de la población. Ahora, ¿qué pasa con la justicia en Chile?
Durante la semana nos enteramos de un enfrentamiento entre comuneros y militares en Cañete. Se detuvo a 2 personas quienes portaban armamento y se trasladaban en un vehículo con encargo por robo. Sin embargo, pese a haber sido identificados por personal militar y de orden como partícipes de atentados contra la autoridad, el Juzgado de Garantía los dejó en libertad por no tener evidencias suficientes.Pareciera que no todos reciben lo que corresponde. Bajo el argumento de falta de pruebas se han dejado en libertad a estos dos detenidos y a muchos más en la Macrozona Sur.
Aristóteles decía que la Justicia es la más perfecta de las virtudes porque busca practicar lo justo con los demás y con el mundo que nos rodea. Por eso, el hecho de que quienes son detenidos queden en libertad es una señal de injusticia para muchos, especialmente para las víctimas, quienes poco a poco han ido dejando de creer en que la justicia dará lo que corresponde a quienes nos rodean.
Tampoco ayuda que la Presidenta de la Convención Constitucional afirme que “queremos repudiar enérgicamente esa política racista violenta del Estado y del Gobierno que está afectando a nuestras comunidades”. Ella, como líder de la Convención responsable de redactar la Constitución de Chile, no la puede utilizar como trampolín para enviar un mensaje a una etnia en particular ni menos a grupos violentistas que son asociados a esa etnia, pero que poco tienen de ella. El Estado no es racista ni afecta a las comunidades, su labor es protegerlas.
Por su parte, los candidatos a la presidencia han mostrado distintos matices en su condena a la violencia. Mientras Chile Podemos Más y el Frente Social Cristiano han sido enfáticos en condenarla y apoyar a militares y policías, el candidato de Apruebo Dignidad exige a través de twitter una “rigurosa investigación sin espacio para la impunidad”. ¿A quién busca castigar el candidato? No queda muy claro. Y menos aún si pensamos que promovía el indulto para los “presos de la revuelta”.
Pero no nos confundamos. Los actores políticos han llevado el debate a si militarizar o no una zona, el problema es más profundo. ¿Qué pasa con la población que vive bajo amenaza permanente y ve que los detenidos son puestos en libertad? ¿Qué pensarán esas personas cuando candidatos a la presencia piden investigación para esclarecer por qué policías y militares que los protegen repelen un ataque? ¿Qué esperanzas les puede dar una Convención Constituyente cuya presidenta apoya a quienes los atacan a diario? ¿Dónde queda la justicia en todo esto?
No podemos hablar de seguridad, terrorismo y narcotráfico sin incorpora a esa conversación el importante rol de la justicia. Si no damos a cada quien lo suyo, las estrategias de seguridad, el Estado de Excepción y la extraordinaria labor de militares y policías serán en vano. Detenidos sin castigos proporcionales solamente extenderán la sensación de impunidad y desprotección de la población.
La fuerza, acompañada de justicia avanza hacia el punto de equilibrio que genera seguridad, bienestar y desarrollo. Las respuestas no son independientes, están relacionadas. Los líderes políticos deben estar comprometidos y enviar los mensajes correctos.