“Pensión razonable”. Así titulaba esta semana algún medio de comunicación a propósito de un estudio de Clapes UC en el que se consultaba, entre otras cosas, por las expectativas de las personas sobre el monto de la pensión a recibir una vez que se jubilen. El monto variaba entre 300 y 650 mil pesos dependiendo de si el encuestado tenía enseñanza básica, media o superior.
Obviamente que lo más elemental del problema económico es que las necesidades son múltiples y los recursos siempre escasos, y por lo tanto nunca habrá pensión que sea satisfactoria. Lo más evidente es que siendo el sueldo minino cercano a los 260 mil pesos y considerando que las personas sólo ahorran el 10% de su sueldo, la expectativa es que la pensión sea superior al sueldo vigente y por lo tanto, lo único que generan estudios como estos es frustración en la gente.
El sistema de AFP ha sido objeto de ataques políticos a su gestión que poco o nada tienen que ver con las restricciones existentes a esas empresas por administrar fondos de terceros, en particular porque hasta hoy —y por varios años más— no hay ningún pensionado que haya estado toda su vida laboral cotizando en el sistema privado.
Entre los años 2022 y 2027 empezarán a jubilar los primeros trabajadores que ingresaron al sistema privado de pensiones en 1980 con 18 años de edad y, por lo tanto, todos o casi todos los pensionados antes de eso vienen del sistema antiguo que migraron parcialmente al sistema de AFP. El sistema antiguo es lo más parecido a una estafa piramidal, en la que los trabajadores que ingresaban al esquema de reparto financiaban a los que salían pensionados y recibían su jubilación, es decir, los que entran financian a los que salen.
Si este sistema de reparto existiera aún, estaríamos totalmente quebrados y con muchos más problemas de los que existen ahora. Demográficamente, la población de 60 años y más está siendo superior a la de 15 años y menos, por lo tanto, según algunas estimaciones —incluidas las oficiales del INE—, 2025 sería el año en el que se concretaría esa diferencia de adultos mayores respecto de niños. Aunque hoy ya hay algunas regiones que tienen esta situación demográfica.
Decir que estaríamos quebrados es casi un eufemismo, ya que la tentación de los sectores mal llamados progresistas sería aumentar los impuestos para financiar las mayores salidas de caja respecto de los ingresos, y como siempre se ha sabido, esos impuestos los terminan pagando —proporcionalmente a sus ingresos— los más pobres.
Creo firmemente que la capitalización individual con ahorro forzoso es el mejor sistema para financiar la pensión de vejez, pero no soy ciego para ignorar que hay miles de chilenos que no pueden llegar a financiar un gasto básico con sus pensiones. Sin embargo, creo también que acá el Estado debe jugar un rol para buscar y subsidiar ese mínimo de “pensión razonable”, lo que ello signifique. Si es con nuevos impuestos o reasignación de otros no es una discusión trivial, puesto que si se sube el IVA el subsidio lo terminan pagando los mismos pensionados y con gastos de ineficiencia por recaudación que terminan afectando su propio ingreso. Si el subsidio se paga con otros impuestos (nuevos) o aumentos de gravámenes a la renta, por ejemplo, lo que pasa es que se frena la economía y la recaudación cae, afectando el supuesto subsidio.
En definitiva, perfeccionemos el sistema privado de pensiones y seguramente encontraremos la solución, pero aumentar la cotización (5% como propone el gobierno) disminuyendo el salario real de los trabajadores no es la solución, porque esos mayores costos laborales terminan por una parte, siendo trasladados a precios e inflación, y por otra a menores sueldos. O sea, todo mal.
William Díaz, economista
FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO