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Publicado el 29 de mayo, 2020

Patricio Navia: ¿Un nuevo acuerdo nacional?

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

Resulta irónico que antes de que se haya comenzado a implementar el último gran acuerdo nacional que se produjo en noviembre de 2019 —el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución— ya haya voces llamando a un nuevo gran acuerdo nacional. El hecho que el celebrado pacto de noviembre de 2019 no tenga capacidad para dar respuesta a los problemas que enfrenta el país a seis meses de haberse firmado parece demostrar que su contenido no abordó los verdaderos problemas que entonces enfrentaba el país y que, ahora que estamos entrando a una profunda crisis económica, se verán exacerbados en los meses que vienen.

Patricio Navia Sociólogo, cientista político, académico UDP
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El llamado que hizo el Presidente Piñera a los partidos de gobierno y oposición para construir un gran acuerdo nacional que permita al país enfrentar la pandemia del Covid-19 en un clima de unidad y dejando de lado las diferencias políticas no fue recibida con el entusiasmo que seguro esperaba el gobierno. El intento por avanzar en la misma dirección que mostraron el presidente de RN Mario Desbordes y el senador PS José Miguel Insulza tampoco generó mucho apoyo. Después de todo, la clase política chilena parece haberse acostumbrado al clima de polarización y confrontación que ha caracterizado al país en este segundo gobierno de la coalición derechista. Especialmente desde el estallido social de octubre —cuando la oposición más radical se ilusionó con la posibilidad de forzar una temprana renuncia de Piñera— las condiciones para el diálogo no han sido las más propicias en Chile. En los últimos meses de 2019 y los primeros de 2020, una buena parte de la oposición estaba más interesada en presentar acusaciones constitucionales contra ministros del gobierno y contra el propio presidente que en construir espacios de diálogo.

De hecho, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución no logró tampoco calmar las aguas. Por cierto, el acuerdo entre partidos de gobierno y oposición echó a andar un proceso constituyente que —de no mediar una sorpresa en el plebiscito a celebrarse, tentativamente, en octubre de 2020— remplazará a la constitución de 1980, promulgada en dictadura y modificada repetidas veces en democracia. Pero ese monumental logro que la oposición consiguió producto del estallido —y que nunca pudo conseguir en las urnas o en negociaciones en el Congreso— no fue suficiente para terminar con el clima de confrontación. Por eso, el acuerdo terminó siendo solo para modificar la constitución porque el componente de paz social nunca logró materializarse.

La ironía es que ese acuerdo de noviembre parece haber sido superado por los hechos. Nada de lo que incluía parece tener relevancia en la coyuntura actual. Si bien la oposición sigue abrazando la idea de una nueva constitución, parece evidente que, de seguir el coronavirus entre nosotros cuando llegue la primavera, el plebiscito no será la primera preocupación de la ciudadanía. Es cierto que la gente seguirá a favor de una nueva constitución, porque, después de todo, la percepción generalizada es que una nueva constitución ampliará la protección de derechos y terminará con las injusticias. Para la gente, una nueva constitución significa que lograrán cambios tan concretos como el fin de las AFP. Las expectativas de las personas pueden estar erradas. Pero la gente cree que la nueva constitución será como una vacuna mágica que ponga fin a todos los problemas económicos y sociales que aquejan a la población.

Pero el hecho que la clase política se haya olvidado del acuerdo de noviembre y esté ahora hablando de uno nuevo confirma que el contenido del pacto original no abordaba los problemas de fondo que aquejan al país. Los chilenos todavía quieren expandir sus derechos, aunque ahora también suman nuevas necesidades económicas. Si el estallido social se gatilló por las altas expectativas que tenía la gente, a ellas hay que sumar ahora los miedos concretos y reales a perder el empleo y caer en la pobreza. La gente quiere crecimiento económico y mejores condiciones de vida. Si equivocadamente pensaron que un acuerdo por una nueva constitución los llevaría a eso, ahora va quedando claro que el conseguido en noviembre no les da respuestas a sus necesidades inmediatas ni a sus sueños de un mejor futuro.

Por eso, el gobierno ahora impulsa un nuevo acuerdo. La poca disposición de la oposición a sentarse a negociar amenaza el éxito de la iniciativa de gobierno. Pero el hecho que toda la clase política reconozca la necesidad de forjar un nuevo acuerdo deja más que claro que el gran y celebrado Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución alcanzado en noviembre de 2019 ha sido superado por la realidad. Las necesidades inmediatas y de mediano plazo que tienen ahora los chilenos precisa que la clase política se siente a forjar un nuevo acuerdo. Es de esperar que esta vez el contenido del acuerdo se haga cargo más de las necesidades de la gente que de las demandas y agendas de los partidos que primaron en el acuerdo de noviembre de 2019.

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