Después de que el texto propuesto por la Convención Constitucional sea de tal deficiente calidad que hasta los defensores del Apruebo prometen modificarlo apenas entre en vigor, resulta incomprensible que algunos líderes políticos —incluido el Presidente de la República Gabriel Boric— propongan intentar producir una nueva constitución siguiendo una hoja de ruta tan similar a la que nos acaba de llevar a este decepcionante resultado. A menos que aprendamos de los errores en el diseño de este proceso, no hay razón para suponer que vamos a tener mejor resultado esta vez si redactamos un nuevo texto constitucional con las mismas reglas del juego que existieron entre fines de 2019 y julio de 2021. 

Una de las razones de los exitosos 30 años que vivió Chile entre 1989 y 2019 —aunque algunos se obstinen en negar la realidad— fue que las reformas y políticas públicas que se adoptaron estuvieron basadas en evidencia y eran implementadas gradualmente. Es verdad que a veces no se hizo así, como cuando se implementó el Transantiago, pero esos mismos fracasos confirmaban que el camino de reformas sustentadas en evidencia y llevadas a cabo con gradualidad siempre era una mejor opción. 

Ya en el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), se comenzó a abandonar esos saludables principios del pragmatismo y la gradualidad. La reforma electoral que buscaba terminar con el sistema binominal terminó produciendo un sistema todavía peor. Si antes había pocos incentivos para que las coaliciones compitieran, con el nuevo sistema los incentivos son para buscar votantes de nicho. Como se agrandaron los distritos y aumentó el número de escaños por distrito, la gente ahora ni siquiera sabe quiénes son sus representantes. ¿Puede usted nombrar a todas las personas que representan a su distrito? Es más, con el nuevo sistema electoral, hay más legisladores que ganan escaños arrastrados por compañeros de lista más populares. Aunque la evidencia es concluyente respecto a lo dañina que resulta combinar elecciones de representación proporcional con lista abierta (votar por personas, no por partidos) y sistema presidencial, en Chile adoptamos entusiastamente esa reforma. Para empeorar las cosas, muchos dijeron en 2015 que esto mejoraría la calidad de la democracia.

El diseño del proceso constituyente que se inició a fines de 2019 tuvo el mismo pecado de ignorar la evidencia y abandonar la gradualidad de las reformas. Sabiendo que en ninguno de los 6 países de América Latina que tuvo proceso constituyente en los últimos 40 años ese proceso produjo una reducción en la desigualdad, en Chile la clase política prometió que una nueva constitución era la píldora mágica que solucionaría los problemas del país. 

Como si eso no hubiese sido suficiente, el diseño institucional del proceso fue especialmente malo. Destaca la mala decisión de usar el mismo sistema electoral que para las elecciones de diputados, permitiendo la competencia de independientes en igualdad de condiciones con los partidos. Con tanto aspirante a convertirse en un político electo a partir de su popularidad personal, la convención produjo un texto maximalista —una constitución arbolito de Pascua— y refundacional. Como la mayoría de los miembros de la convención tenía poca o nula experiencia legislativa, la convención se preocupó más de innovar en temas de políticas públicas (produjo un programa de gobierno más que un texto que establezca las reglas del juego) que del diseño de la sala de máquinas del proceso político.

Por eso el resultado es especialmente decepcionante en los artículos que establecen el sistema político. Aunque hay múltiples fallas en el diseño institucional —y otras inaceptables omisiones, como establecer el número de legisladores en cada cámara— el ejemplo de la eliminación del Senado refleja el error de la convención de intentar innovar en las instituciones sin tener evidencia sobre cómo funcionan esas instituciones. 

Casi tres años después de que se firmó el acuerdo el 15 de noviembre, estamos en el mismo punto de partida que cuando se inició la crisis. Si las predicciones de las encuestas se confirman el 4 de septiembre, la victoria del Rechazo resultará en el inicio de un nuevo proceso constitucional. Incomprensiblemente, muchos líderes políticos en el país se han apurado en proponer mecanismos para avanzar en el nuevo proceso sin pensar mucho en las consecuencias que tendrán los incentivos de ese diseño institucional. 

El fracasado proceso constituyente que estamos por terminar —independientemente del resultado del plebiscito— debiera llevarnos a aprender una lección muy importante. El diseño institucional importa. Un mal diseño va a producir un mal resultado. En cambio, un diseño que promueva la construcción de acuerdos, la deliberación con insumos de expertos y la discusión basada en la evidencia podrán acercarnos a producir una constitución que cumpla con el requisito básico de definir un sistema político que sea conducente a los acuerdos y las políticas públicas que promuevan tanto el crecimiento como la inclusión social. Es verdad que todavía tenemos el problema de transparentar que los procesos constituyentes en América Latina han fracasado en reducir la desigualdad. Pero si vamos a iniciar un nuevo proceso constituyente, esta vez intentemos hacerlo con reglas que ayuden a que haya un mejor resultado. 

*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.

Patricio Navia

Sociólogo, cientista político y académico UDP.

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