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Publicado el 16 de julio, 2019

Patricio Navia: ¿Quién financia la pre-campaña presidencial?

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

Corresponde legislar a la brevedad un marco legal que regule la pre-campaña y obligue a la rendición de cuentas de los aspirantes que ya están en terreno.

Patricio Navia Sociólogo, cientista político, académico UDP
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Cuando faltan dos años para las primarias presidenciales de 2021, hay varios candidatos que ya están abiertamente haciendo campaña. Como la ley chilena no reconoce que éstas se inician con tanta antelación, las actividades, eventos, viajes y gastos personales de los pre-candidatos están en una nebulosa que atenta contra la rendición de cuentas y que invita al financiamiento irregular. Porque es innegable que hay varios legisladores, alcaldes, excandidatos presidenciales que quieren repetirse el plato y figuras públicas intentando levantar candidaturas, es momento de transparentar esas intenciones y transparentar también los gastos en que están incurriendo.

En años recientes, los chilenos han puesto más atención a cuestiones de las que históricamente nadie hablaba, al menos en público. Si bien las campañas, desde que hay elecciones, han requerido de financiamiento, en Chile la opinión pública ha demandado saber cuánto se gasta y quién paga por las campañas solo desde hace algunos años. La clase política ha reaccionado de forma insuficiente y tardía, promulgando leyes que han forzado a mayor transparencia y han establecido límites al gasto electoral.

Pero la ley actualmente en vigencia solo regula el financiamiento durante el periodo oficial de campaña. La llamada pre-campaña —que en realidad es la campaña electoral antes de que ésta comience oficialmente— todavía ocurre en una sospechosa nebulosa, con falta de transparencia y rendición de cuentas. Es momento de que eso también se legisle y regularice.

Hoy, a dos años de que comience la próxima campaña electoral, hay al menos 10 pre-candidatos presidenciales que están desplegándose en el territorio, realizando actividades y tratando de posicionarse como alternativas atractivas en sus partidos y coaliciones. Estos pre-candidatos están viajando, durmiendo en hoteles, organizando eventos y usando sus propias horas de trabajo y el trabajo de muchos voluntarios y amigos. El tiempo que donan los voluntarios, los recursos que se usan en pagar pasajes, estadías y en organización, y el tiempo que se invierte cuesta dinero. Esas pre-campañas implican un costo que debe ser transparentado y cuyas fuentes también deben ser públicamente conocidas.

Es verdad que algunos de esos precandidatos actualmente ocupan cargos de elección popular. Pero eso hace aún más urgente que haya transparencia sobre cuál es el origen de los fondos para sus campañas. Si los precandidatos están echando mano a los recursos que poseen por los cargos que ocupan o a los recursos a los que tienen acceso sus compañeros de ruta que ocupan cargos públicos, esa información debiera estar públicamente disponible.

A su vez, los candidatos que están ocupando sus propios recursos para viajar por el país y para construir lo que serán sus plataformas presidenciales debieran informar públicamente cuánto dinero están gastando. Aquellos que están incurriendo en gastos, y esos gastos son solventados por amigos, compañeros, camaradas, colegas o simpatizantes, también debieran informar públicamente de dónde obtienen los fondos.

Todo el espectro político, desde la derecha republicana de José Antonio Kast hasta el Frente Amplio de Beatriz Sánchez tiene aspirantes presidenciales. Para ser consecuentes con su discurso a favor de la transparencia, de una democracia de calidad y en contra del financiamiento irregular de campañas, corresponde que esos precandidatos transparenten las fuentes de sus gastos y la cantidad de recursos que ya han invertido en sus aventuras presidenciales.

También sería importante que el Gobierno y el Congreso reconocieran esa realidad y se hicieran cargo del hecho de que la campaña presidencial de 2021 ya está desatada. Corresponde legislar a la brevedad un marco legal que regule la pre-campaña y obligue a la rendición de cuentas de los aspirantes que ya están en terreno. Cualquier chileno tiene todo el derecho de aspirar a la presidencia de la república y de realizar actividades que le permitan obtener mayor reconocimiento de nombre y diseminar sus ideas ante la opinión pública. Nadie debiera prohibir que los ciudadanos ejerzan sus derechos democráticos de ser candidatos o de apoyar y promover a sus candidatos favoritos. Pero, para que la democracia funcione mejor, necesitamos también que la opinión pública sepa cuánto dinero se está gastando en las pre-campañas y cuáles son las fuentes de financiamiento de esos recursos. No hacerlo solo alimentará las sospechas de que al final de la democracia está secuestrada por el dinero y que hay manos negras que financian irregularmente la política —especialmente en periodos de la precampaña, cuando hay un hoyo negro que no está regulado por ninguna legislación.

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