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Publicado el 19 de junio, 2020

Patricio Navia: Los proyectos de ley inconstitucionales

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

Si el Congreso ha optado por irrespetar la Constitución y el Ejecutivo decide no hacer nada para evitarlo, nos tendremos que ir acostumbrando a que el Congreso legisle sobre temas respecto a los que no tiene atribuciones. En la práctica, estaremos entrando a un nuevo sistema político, establecido por la fuerza de los hechos, que modifica los poderes y atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo sin que haya sido debidamente modificada la Constitución.

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Cuando el gobierno cree que un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso es inconstitucional, corresponde ir al Tribunal Constitucional para evitar que se convierta en ley. Por más popular que sea el proyecto en cuestión, el Presidente Sebastián Piñera debe recordar que juró defender la Constitución y las leyes. El precedente que quedará sentado si el gobierno no hace todo lo posible por evitar que se promulgue una propuesta que considera inconstitucional será mucho más grave para la estabilidad futura del país. Si el Congreso ha optado por irrespetar la Constitución y el Ejecutivo decide no hacer nada para evitarlo, nos tendremos que ir acostumbrando a que el Congreso legisle sobre temas respecto a los que no tiene atribuciones. En la práctica, estaremos entrando a un nuevo sistema político, establecido por la fuerza de los hechos, que modifica los poderes y atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo sin que haya sido debidamente modificada la Carta Magna.

Mientras el Congreso Nacional debatía un proyecto de ley que busca suspender el cobro de suministros básicos durante la pandemia, el gobierno advirtió sobre su inconstitucionalidad. Pero, ignorando la advertencia de La Moneda, ambas cámaras, con el apoyo de legisladores del oficialismo, siguieron adelante con la tramitación. De hecho, el proyecto ya está en el despacho del Presidente para su promulgación. Aunque había declarado que el proyecto es inconstitucional —y varios ministros de estado públicamente denunciaron lo mismo— el gobierno optó por no recurrir al Tribunal Constitucional para zanjar el debate. Para decirlo en simple, La Moneda capituló antes de siquiera intentar dar la pelea. Si el Presidente de la República y su gabinete efectivamente creen que el proyecto es inconstitucional, no tienen discrecionalidad para decidir si van o no al Tribunal Constitucional. Su obligación es hacerlo.

Resulta difícil de entender la inconsecuencia de un gobierno que denuncia un proyecto como inconstitucional pero no usa las herramientas que tiene a su alcance para frenar su avance.

Otra cosa es si el contenido del proyecto es conveniente o razonable para el país en esta coyuntura. Pero como el gobierno decidió no presentar esa iniciativa cuando varios legisladores oficialistas y de la oposición así lo pidieron, esa es una discusión zanjada. Incluso cuando una idea puede ser buena —y no está para nada claro que ésta lo sea— las formas importan. La Constitución establece poderes y atribuciones al Ejecutivo y al Legislativo que deben ser respetadas. Cada vez el Tribunal Constitucional toma una determinación controversial, hay personas que terminan frustradas y denuncian que esta institución representa un obstáculo para la consolidación de la democracia o su correcto funcionamiento. Pero el Tribunal existe precisamente para defender la Constitución y garantizar que ésta se respete. Precisamente porque debe dirimir sobre cuestiones contenciosas, es inevitable que haya gente que se sienta perjudicada por las decisiones del Tribunal. Cuando hay acuerdos amplios sobre alguna materia, es innecesario recurrir a este organismo, ya sea porque nadie pone en duda la constitucionalidad del acuerdo o porque hay suficientes votos para modificar la Constitución y así adoptar un nuevo statu quo.

Es verdad que, en teoría, el gobierno todavía puede vetar el proyecto e intentar modificarlo para ajustarlo al marco constitucional vigente. Pero el veto constituye también un reconocimiento tácito a la constitucionalidad de la forma en que el proyecto llegó al despacho del Presidente. El veto presidencial existe para que el presidente frene iniciativas con cuyo contenido está en desacuerdo, no para ser usado para evitar que se promulgue un proyecto inconstitucional.

Resulta difícil de entender la inconsecuencia de un gobierno que denuncia un proyecto como inconstitucional pero no usa las herramientas que tiene a su alcance para frenar su avance. Las consideraciones sobre los costos que tendrá oponerse a un proyecto popular no debieran pesar a la hora de tener que cumplir su compromiso con la defensa de la constitución. Después de todo, el juramento que realizó el Presidente Piñera al asumir su cargo no estaba condicionado a que solo debía defender la Constitución cuando fuera popular hacerlo.

En momentos de crisis, cuando los vientos soplan en contra, es especialmente importante defender los principios y valores que nos inspiran. Si el gobierno cree que el proyecto de la suspensión de cobro de suministros básicos es inconstitucional, debe actuar en consecuencia y usar todas las herramientas que tiene disponibles para evitar su promulgación. El precedente que quedará establecido si este proyecto se convierte en ley producirá un cambio de proporciones en el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si bien al Presidente Piñera pudiera no importarle que el Ejecutivo pierda fuerza ante el Congreso, la institucionalidad chilena se basa, al menos hasta ahora, en un Ejecutivo fuerte. Si el Congreso quiere cambiar ese balance, debiera hacerlo con una reforma constitucional y no con subterfugios que busquen sentar precedente y que, por desidia o falta de coraje moral, el Presidente de la República no se ha atrevido a enfrentar.

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