Las críticas al acuerdo para reencauzar al proceso constituyente han provenido esencialmente de los extremos de izquierda y derecha del espectro político nacional. Si bien hay buenas razones para ser escéptico sobre las posibilidades de éxito de este nuevo intento y todavía falta que se establezca la letra chica del proceso, los que han liderado las críticas al nuevo acuerdo comparten ese enfermizo radicalismo de los extremos que tanto daño le ha hecho al país en el pasado.

Hace una semana, la clase política representada en el Congreso -con algunas excepciones que difícilmente pueden ser catalogadas de honrosas- firmó un marco general, un acuerdo, para volver a echar a andar el proceso constituyente.

Este acuerdo, que ha sido ampliamente celebrado por los medios y por la clase política firmante, ha despertado también algunas críticas. Representantes del Partido Republicano y de grupos de extrema izquierda criticaron el acuerdo porque, precisamente, la clase política negoció una salida que implica que algunas posturas más radicales respecto a la forma y el camino del proceso constituyente sean excluidas.

El nuevo texto constitucional será redactado por una convención electa, pero con suficientes resguardos y bordes -camisa de fuerza y bozal- que dificulte el margen de acción y la capacidad de irse por la libre. El acuerdo anunciado la semana pasada busca evitar que se repita la mala experiencia de la convención constitucional.

Nadie quiere repetir el fracaso de esa convención que comenzó legitimada por la esperanza -algo ingenua- de millones de personas que creían que Chile podría atravesar de forma exitosa un puente que tantas veces se convirtió en pesadilla para los países de la región que lo habían intentado cruzar.

Pero el hecho de se hayan tomado salvaguardas para evitar que se repita la fracasada ruta no quiere decir que haya garantía de que este proceso terminará bien. El diablo está en los detalles. Así que mientras no conozcamos esos detalles, no podemos anticipar qué tan exitoso será este nuevo intento por promulgar una nueva Constitución para el país.

Pero por eso mismo, parece anticipado comenzar desde ya a criticar el proceso sin saber muy bien cómo se llevará a cabo. Es innegable que una mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución. Incluso con la fatiga constitucional que siente la opinión pública, parece evidente que mientras nos siga rigiendo la constitución de Pinochet, la ilegitimidad de origen del texto actual impedirá cerrar, de una buena vez, el traumático capítulo del legado autoritario.

Por eso, muchos de los que creen que la Constitución necesita sólo unos pocos ajustes estarían felices de que una convención democráticamente electo redacte un texto muy similar al actual. La gran diferencia sería que, esta vez, ese texto tendría una incuestionable legitimidad de origen.

Aunque pudiera tener sentido demandar un plebiscito de entrada, para saber si los chilenos quieren iniciar un nuevo proceso constituyente, el hecho de que la campaña del Rechazo se haya comprometido a producir un camino alternativo para una nueva constitución dificultan esa opción. Aunque parece lógico suponer que, de haber un nuevo plebiscito de entrada, habría un mayor rechazo a iniciar un nuevo proceso constituyente que el que hubo en octubre de 2020, realizar un nuevo plebiscito de entrada pudiera ser redundante.

Otros aspectos del acuerdo también parecen cuestionables. Usar el mismo sistema que se usa para escoger a los miembros del Senado es una pésima idea. Resulta incomprensible adoptar como mecanismo de elección de la convención un sistema que hace que el voto de algunas regiones valga 30 veces más que el voto en la Región Metropolitana.

Por eso mismo, la negociación para redactar la letra chica del acuerdo se convierte en una cuestión tan crítica. Esa letra chica determinará las chances de que este nuevo intento logre encaminarse por la dirección correcta.

Las críticas al acuerdo debieran centrarse en identificar qué detalles deben precisarse para evitar que el proceso nuevamente termine en un fracaso. En vez de centrarse en si Chile necesita una nueva Constitución -cuestión que ya parece estar zanjada- aquellas personas que quieren que el país avance por el sendero del desarrollo y de la estabilidad institucional de la democracia representativa debieran estar atentos para evitar que, entre gallos y medianoche, la clase política introduzca elementos de diseño institucional que permitan a los más extremos y radicales volver a imponer sus insensatas propuestas y sus radicales ideas.

La gran lección de estos últimos 32 años ha sido que cuando los moderados de izquierda y derecha se unen y logran acuerdos razonables y sensatos, los extremos reclaman y se enervan al punto de unir fuerzas para bloquear el avance de la política de los acuerdos. Pero como nos ha enseñado la historia, cuando los extremos de izquierda y de derecha se unen, resulta imperativo bloquearles el paso. Porque cuando los extremos unidos son vencidos, el país siempre ha resultado ganador.

*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.

Patricio Navia

Sociólogo, cientista político y académico UDP.

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