Si los gobiernos de derecha siempre tienen dificultades para lidiar con movilizaciones populares masivas, los dolores de cabeza de los gobiernos de izquierda son causados por los problemas de seguridad ciudadana y por los espirales de violencia asociados a la delincuencia. Porque tiene el sesgo de culpar a la policía por la violencia en las manifestaciones sociales, a la izquierda a menudo le cuesta ser creíble en la defensa de la ley y el orden. Ahora que el país pasa por un complejo incremento en la delincuencia, el Presidente Gabriel Boric va a tener que hacer grandes esfuerzos para entender—y para hacer entender a sus simpatizantes—que entre los que tiran piedras y los que deben reprimir a los manifestantes que violan la ley, a él le corresponde estar del lado de los primeros y no de los que protestan.

Boric hizo su carrera política desde el lado de los que se manifiestan y se movilizan. Boric comparte esa incomprensible e injustificada lógica que predomina en los apologistas de las movilizaciones sociales que cualquier causa justifica una marcha, aunque esa marcha violente los derechos de los demás. No estamos hablando de manifestaciones pacíficas en las veredas con carteles y gritos como las que se ven en las películas y series estadounidenses. Estamos hablando de esas que interrumpen el tráfico, violentan los derechos del resto de la población a la libre circulación, y obligan a los comerciantes a cerrar sus puertas porque esas “marchas pacíficas” siempre devienen en “hechos violentos” (aunque cuando una marcha pacífica deviene en un hecho violento, corresponde preguntarse si es posible separar la primera y la segunda parte de un mismo evento). 

Como apologista del derecho a manifestarse violentando los derechos de otros a la libre circulación y a realizar sus actividades cotidianas sin temor a ser víctimas de violencia, Boric no es capaz de entender de que la protección de sus derechos debe tomar en consideración los derechos de los demás. Como toda esa generación de políticos que defiende a viva voz sus derechos sin acordarse de su obligación a respetar los derechos de otros, Boric siempre ha demostrado tener problemas con la autoridad. Su trayectoria se ha caracterizado por la relativización de la violencia cuando proviene de los manifestantes y su férrea crítica a la violencia desmedida usada por algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Lo suyo no es una crítica consistente a todas las formas de violencia. Para él, algunas formas de violencia—aquella ejercida por los que defienden las causas en las que el propio Boric cree—son más justificadas.

Pero como ahora es presidente de la república y su obligación es asegurar que se imponga el estado de derecho, Boric tiene la obligación de convertirse en el líder que sea capaz de imponer la ley y el orden. En un país que, desde antes del estallido social y la normalización del octubrismo, ya venía experimentando hechos inaceptables de violencia (como turbazos, marchas no autorizadas que regularmente cortaban el libre tránsito de las personas y obligaban a cerrar estaciones del metro), el presidente tiene ahora que liderar la respuesta gubernamental al aumento sustantivo y preocupante en los niveles de violencia y criminalidad. 

En todos los países donde ha aumentado así de rápido la delincuencia, la única manera exitosa de enfrentar el problema ha sido a través de la mano dura con todos aquellos que practican cualquier forma de violencia. Los países que han logrado salir de estas crisis lo han hecho imponiendo la ley y el orden usando todas las legítimas herramientas de violencia que tiene el estado para garantizar el orden público y el derecho a la seguridad y la libre circulación de las personas—incluso corriendo balas cuando corresponda hacerlo. 

Resta ver si Gabriel Boric se atreverá a abandonar su trayectoria de tomar partido por los que protestan y marchan y comience a tomar partido por los que quieren circular libremente por las calles y por los que quieren poder hacer sus vidas y trabajos cotidianos sin temor a las marchas y sin tener que renunciar a sus derechos porque otros violentamente quieren imponer los suyos. Hay buenas razones para dudar del Presidente cuando dice que será un perro en la persecución de la delincuencia—si nunca lo fue cuando tocaba condenar la violencia intrínseca en una marcha no autorizada que violenta el derecho de otros a la libre circulación y el derecho de muchos a poder seguir haciendo sus trabajos. 

Pero si Boric no demuestra coraje moral para renunciar a lo que fue y asumir su condición de presidente de la república que debe garantizar la ley y el orden, entonces su presidencia arriesgará ser solo la antesala para la llegada de un líder autoritario que prometiendo ley y orden logre capitalizar el descontento ciudadano con las autoridades y la demanda popular por alguien que sea capaz de otorgar protección a la ciudadanía contra los violentistas y delincuentes que crecientemente dominan y controlan los espacios públicos y los territorios en el país. 

*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.

Patricio Navia

Sociólogo, cientista político y académico UDP.

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