Ahora que el proceso constituyente ha vuelto al Congreso, los legisladores y el gobierno deberán decidir cuáles son los asuntos que más interesan a los chilenos para darles prioridad. Aunque la gente quiere una nueva constitución, las urgencias de la ley de presupuesto, la reforma tributaria, la reforma de pensiones y el combate contra la delincuencia bien pudieran terminar retrasando todavía más la construcción de un acuerdo que nos permita reemplazar la constitución de 1980. 

Tanto la opción Rechazo como la opción Apruebo prometían cambios constitucionales después del plebiscito del 4 de septiembre, pero la victoria abrumadora de la primera le puso un freno al apuro por pasar la constitución de 1980 a retiro. Después de todo, los chilenos mostraron un profundo desacuerdo con la aseveración del Presidente Boric de que cualquier cosa era mejor que una constitución escrita por cuatro generales. El 4 de septiembre, los chilenos dijeron claramente que la propuesta de nueva constitución era bastante peor que la actual. 

En las tres semanas que han pasado desde entonces, la clase política no parece tener gran urgencia por zanjar un acuerdo para reiniciar el proceso constitucional. Hay consenso en que la constitución de 1980 debe ser reemplazada, pero no apuro por concordar una hoja de ruta para ello. 

El gobierno acusó el golpe, aunque en días posteriores tanto el Presidente como varios de sus principales asesores han intentado reescribir la historia y han pretendido desconocer la aplastante derrota. Es verdad que nunca es una derrota que el pueblo se manifieste. Pero cuando una mayoría así de contundente se manifiesta en contra de lo que impulsa el gobierno, es insensato desconocer que La Moneda sufrió un feroz revés.

Por su parte, la derecha parece convencida de que puede exprimir todavía más su victoria del 4 de septiembre. A sabiendas de que mientras más dure el proceso constituyente, menos tiempo tendrá el Presidente Boric para poder ejercer plenamente su mandato, los líderes del sector están dejando que corra el reloj. Como se necesitan al menos tres meses para organizar una nueva elección, el proceso ya se ha retrasado al menos hasta abril de 2023. Aun si se lograra un acuerdo para la hoja de ruta constitucional esta semana, ya es imposible hacer una elección —o un nuevo referéndum— antes de que termine el año. Como nadie quiere hacer una votación en los meses de enero y febrero, y ningún político quiere hacer campaña en el verano, temporada en que la opinión pública no quiere pensar en política, la próxima fecha para una nueva votación recién podría ser en esa fecha. 

Si la nueva convención tiene 6 meses para redactar el nuevo texto constitucional, el plebiscito de salida ya no se alcanzaría a hacer en 2023. Así, estaríamos recién realizando el plebiscito de salida en abril de 2024, pocos meses antes de que empiece la campaña para las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Para entonces, Boric estará más cerca de convertirse en pato cojo que de asumir a cabalidad la presidencia de la república.

Además, hay que sumar la fatiga constitucional, que va al alza. Si hoy la mitad de los chilenos quiere un nuevo proceso constituyente con elección de convencionales, para diciembre de 2023 ese porcentaje habrá disminuido. Igual que una familia que se termina agotando con el proceso de remodelación de la casa, a los chilenos se les está agotando la paciencia con el proceso constituyente. 

La gente quiere soluciones a los problemas que los afligen. La delincuencia, la inflación y el estancamiento económico parecen más urgentes para los chilenos que el debate sobre el texto de la nueva constitución. Como el Congreso, en particular el Senado —que se salvó de su exterminio—, se está asegurando de que el nuevo proceso constituyente tenga un bozal y una camisa de fuerza —la palabra políticamente correcta es ‘bordes’—, la gente pronto comenzará a preguntarse para qué sirve escoger una nueva convención si el contenido del nuevo texto constitucional lo terminará por definir el Congreso. 

La gente tiene preocupaciones mucho más concretas e inmediatas que el debate sobre el estado subsidiario o el estado social de derecho. Es más, si le diéramos a escoger a las personas entre un nuevo retiro de sus fondos de pensiones o una nueva constitución, no es tan evidente que la nueva constitución sea la prioridad para las personas. 

Por eso, el Congreso crecientemente deberá centrar sus esfuerzos en forjar acuerdos sobre la reforma tributaria, la reforma de pensiones y, en las próximas 8 semanas, la ley de presupuesto. La nueva constitución, aunque sigue siendo un objetivo de la gente, ha perdido la urgencia y la inmediatez que se le dio durante el proceso constituyente. Los chilenos parecen querer una nueva constitución de la misma forma que la gente quiere una nueva casa. La idea es genial. Pero ahora que acaban de desechar la casa que tomó tres años construir, no hay mucha paciencia para empezar a hacer otra. Tal vez lo mejor sea concentrarse en remodelar la casa actual y poder abocarse a los problemas más inmediatos que nos presenta la economía, la creciente delincuencia, el inoperante gobierno y los nubarrones que anuncian una tormenta de proporciones para 2023. 

Patricio Navia

Sociólogo, cientista político y académico UDP.

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