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Publicado el 11 de diciembre, 2018

Patricio Navia: La migración como derecho humano

Sociólogo y cientista político Patricio Navia
Los chilenos deben saber las implicaciones y consecuencias de ampliar o restringir los derechos de los migrantes regulares, irregulares y de los refugiados. Como país receptor, Chile debe asumir esa realidad y construir un consenso respecto a qué tan abiertas —o cerradas— queremos tener las puertas para las olas de migrantes y refugiados que salen de países menos desarrollados —o con más problemas— que Chile.
Patricio Navia Sociólogo y cientista político
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La discusión sobre si la migración es un derecho humano —y si los estados receptores están obligados a proveer salud y educación a los inmigrantes indocumentados— ha sido un tema prioritario en los países más desarrollados que hace años enfrentan este complejo fenómeno. El progreso económico de Chile en años recientes nos obliga ahora a tomar una postura clara sobre cómo entendemos la migración y las consecuencias económicas, sociales y políticas de declararla un derecho humano. Corresponde que tengamos ese debate antes de que el gobierno decida firmar o retirarse definitivamente de esta iniciativa.

 

La decisión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera de restarse de la cumbre en Marruecos —el 10 y 11 de diciembre— donde se promulgará el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular refleja la creciente politización que existe en el país sobre la llegada de migrantes. El acuerdo, que ha sido negociado al amparo de la ONU por dos años, contiene 23 objetivos que buscan avanzar hacia una regulación internacional de la migración —en cierto modo, como ya existe para el comercio internacional de bienes y servicios.

 

El documento da a entender que la migración puede ser entendida como un derecho humano.

 

Si bien el pacto tiene una serie de medidas razonables y de sentido común, el documento ha generado rechazo en muchos países que son destino favorito de inmigrantes y refugiados. La razón es que, aunque no lo dice explícitamente, el documento da a entender que la migración puede ser entendida como un derecho humano. Si bien los juristas y expertos en derecho se han apurado a aclarar que, al igual que otros derechos, la migración no es un derecho absoluto —y por lo tanto puede ser restringido por los países en nombre de la seguridad nacional, la democracia y los derechos de otros grupos— el solo hecho de sugerir que la migración puede ser un derecho humano ha generado resquemor en países que enfrentan la llegada masiva de migrantes y refugiados de zonas en guerra o con estados fallidos.

 

Hay buenas razones para creer que el gobierno hizo lo correcto al poner freno a la iniciativa de sumarse a este acuerdo. Ahora bien, los argumentos que esgrimió el gobierno son equivocados.

 

La decisión del gobierno de Chile de restarse del acuerdo resulta sorpresiva e intempestiva. De hecho, recién el fin de semana volvieron de Marruecos varios legisladores de todos los partidos que fueron a dar su apoyo a ese mismo acuerdo en nombre del Congreso chileno. Pero hay buenas razones para creer que el gobierno hizo lo correcto al poner freno a la iniciativa de sumarse a este acuerdo. Ahora bien, los argumentos que esgrimió el gobierno son equivocados. El gobierno alega que la migración no es un derecho humano. Si bien La Moneda está en su derecho de creer eso, no sabemos qué piensa la ciudadanía. Lo que corresponde en una democracia es que la decisión de ampliar y expandir la definición de derechos humanos prevalente en el país la tomen los gobiernos después de que se produzca un diálogo y un debate amplio que se dé previamente en la sociedad. Sería saludable que se abra el debate y se argumenten las distintas visiones y posturas sobre qué tipo de protección deberán tener los migrantes en Chile y sobre qué tanto está dispuesto el país a entregar de su soberanía en materia de regulación de inmigración a organismos internacionales.

 

Por cierto, resulta irónico que el gobierno de la Presidenta Bachelet —que predicaba a todos los vientos su compromiso con la participación ciudadana— no haya abierto espacios más amplios de discusión y debate sobre las políticas migratorias del país. Este gobierno tiene la oportunidad de corregir ese error y generar las condiciones para que se produzca ese debate. Los chilenos deben saber las implicaciones y consecuencias de ampliar o restringir los derechos de los migrantes regulares, irregulares y de los refugiados. Como país receptor de migración, Chile debe asumir esa realidad y construir un consenso respecto a qué tan abiertas —o cerradas— queremos tener las puertas para las olas de migrantes y refugiados que salen de países menos desarrollados —o con más problemas— que Chile.

 

Los chilenos nos merecemos tener un debate sobre la migración antes de que el gobierno determine si va a firmar o se va a restar del acuerdo que ahora se proclama en Marruecos.

 

Los costos y beneficios de la migración deben ser más ampliamente conocidos y los chilenos deben educarse y aprender de las experiencias de otros países con la migración. Porque en migración no hay respuestas simples —y porque la tendencia en el mundo es a números crecientes de personas que quieren salir de sus países para buscar mejores oportunidades en países con niveles de desarrollo más alto— los chilenos nos merecemos tener un debate sobre la migración antes de que el gobierno determine si va a firmar o se va a restar del acuerdo que ahora se proclama en Marruecos.

 

La democracia supone el respeto de los derechos y, en general, la ampliación constante y permanente de derechos. Pero la democracia también supone que los gobiernos no pueden actuar a escondidas de la población y ampliar los derechos antes de que la sociedad debate adecuadamente los pro y los contra de las ampliaciones de derechos. Precisamente porque valoramos y hacemos respetar los derechos humanos, debemos tener un consenso amplio sobre si la migración debe constituir también un derecho humano.

 

 

FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

 

 

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