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Publicado el 06 de diciembre, 2019

Patricio Navia: Ganar elecciones y ganar en las calles

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

El radical cambio de prioridades que ha tenido el gobierno desde que se produjo el estallido social desnuda un profundo problema en nuestra democracia. El precedente que ha quedado establecido ahora que las protestas —y la violencia de los saqueos y los incendios— ha logrado revertir el rumbo por el que avanzaba el país y la agenda legislativa que impulsaba el gobierno es preocupante. A partir de ahora, el triunfo electoral no será suficiente para darle legitimidad a la agenda de reformas del gobierno.

Patricio Navia Sociólogo, cientista político, académico UDP

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Uno de los legados más dañinos del estallido social que se inició hace casi dos meses en Chile es la convicción de que los proyectos de país que ganaron las elecciones en las urnas pueden ser revertidos con movilización en las calles. Si una coalición política gana legítimamente una elección, su capacidad para implementar su programa de gobierno va a depender de la capacidad de bloqueo y obstrucción que tenga la oposición. En ese escenario, decae sustancialmente la importancia de las elecciones para dirimir la dirección en la que avanzará el país. En vez de que la gente decida en el ejercicio democrático cuál es la hoja de ruta a seguir para el siguiente periodo, el conflicto político que determinará la dirección que tomará el país y las iniciativas legislativas que impulsará el gobierno van a depender de quién es capaz de sacar más gente a la calle y del poder de destrucción y violencia que tengan las marchas en el futuro.

En democracia, los conflictos políticos se dirimen principalmente en las urnas.  En vez de tener batallas campales en las calles, guerras civiles o golpes militares para decidir quién va a gobernar, las democracias permiten que la gente vote por candidatos que, una vez electos, llevan adelante los programas de gobierno que ofrecieron en las campañas. Para que funcione, los candidatos ganadores pueden gobernar y los perdedores esperan hasta la próxima elección para intentar llegar al poder. En la medida que el gobierno no se aleje sustancialmente de sus promesas de campaña ni viole la Constitución y las reglas de la sana convivencia; y que, a su vez, los perdedores permitan que el gobierno lleve adelante su programa, la democracia marchará bien.

En el caso de Chile, la coalición derechista ganó con holgura las elecciones presidenciales de 2017. Pero ese mismo electorado que puso a Piñera en el poder le dio una mayoría de escaños a los partidos de izquierda en el Congreso. El mensaje  puede haber sido contradictorio, pero las instrucciones eran claras. Para poder avanzar, el gobierno debería consensuar con la oposición las reformas que iba a implementar. Desafortunadamente, en los 18 meses que transcurrieron hasta que se produjo el estallido social, hubo poca voluntad de diálogo entre el gobierno y la oposición.

A partir del estallido social de 2019, no bastará con ganar en las urnas. Para poder ejercer el poder y avanzar sus agendas, los presidentes deberán también ganar en la calle.

Habiendo podido consensuar una reforma de pensiones en torno a la propuesta que había hecho hacia fines del segundo periodo de Bachelet el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, el gobierno del Presidente Piñera prefirió impulsar su propia reforma de pensiones a sabiendas de que ésta no tenía apoyo mayoritario en el Congreso. De igual forma, pese a saber que su intención por reintegrar el sistema tributario no tenía apoyo mayoritario en el Congreso, La Moneda impulsó torpemente un proyecto que tenía nulas chances de ser promulgado como ley. Cuando estalló la movilización social, el gobierno se quedó sin pan ni pedazo.

Ahora, el gobierno está impulsando una agenda de reformas en las que no cree. Desde el proceso constituyente hasta el aumento en gasto público, las iniciativas que están avanzando en el proceso legislativo se parecen mucho más a las promesas que hicieron los candidatos de izquierda en las elecciones de 2017 que a las que hizo el candidato Sebastián Piñera. En simple, el programa que ganó las elecciones presidenciales de 2017 fue derrotado en la calle a partir del 18 de octubre de 2019.

Es cierto que los gobiernos deben ser flexibles e ir ajustando sus prioridades ante cambios en el escenario político y económico. Es más, cuando cae la aprobación del gobierno, es razonable que el gobierno implemente cambios y modifique su agenda de prioridades. Al tener el récord de desaprobación desde el retorno de la democracia, el Presidente Piñera sabe que la gente rechaza mayoritariamente su desempeño. Sería iluso pretender impulsar ahora las mismas promesas con las que Piñera ganó la elección de 2017.

Pero también es innegable que el radical cambio de prioridades que ha tenido el gobierno desde que se produjo el estallido social desnuda un profundo problema en nuestra democracia. El precedente que ha quedado establecido ahora que las protestas —y la violencia de los saqueos y los incendios— ha logrado revertir el rumbo por el que avanzaba el país y la agenda legislativa que impulsaba el gobierno es preocupante. A partir de ahora, el triunfo electoral no será suficiente para darle legitimidad a la agenda de reformas del gobierno. Si los gobiernos no son capaces de controlar la calle —o al menos de evitar que los opositores logren imponer sus posturas a través de marchas, movilizaciones y violencia— de poco servirá haber ganado una elección. A partir del estallido social de 2019, no bastará con ganar en las urnas. Para poder ejercer el poder y avanzar sus agendas, los presidentes deberán también ganar en la calle. A la inversa, aquellos que pierdan las elecciones podrán intentar imponer desde la calle —con marchas, pero también con violencia— las propuestas e ideas que fueron derrotadas en las elecciones.

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