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Publicado el 26 de junio, 2020

Patricio Navia: El sistema presidencial bajo amenaza

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

La inmediatez de la crisis de la pandemia ha llevado al Gobierno y al Congreso a adoptar medidas radicales, aludiendo a la urgencia de minimizar el impacto social y económico. Aunque ahora haya poco tiempo para pensar en lo que va a venir después, hay que estar conscientes que las medidas que se tomen hoy establecerán precedentes.

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Aunque el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo que presenciamos ya se venía desarrollando desde antes del estallido social de octubre, el rápido y profundo cambio en el balance entre esos dos poderes del Estado ha redibujado el mapa político nacional. Durante los 90, los politólogos definían a Chile como un caso de hiperpresidencialismo, presidencialismo exagerado o, los más amables, como un caso de presidencialismo fuerte con presidentes moderados. Los poderes y atribuciones del Ejecutivo superaban con creces a los del poder Legislativo. En el periodo de Aylwin, el 80,5% de las 441 leyes promulgadas tuvieron su origen en mensajes presidenciales. En el primer periodo de Bachelet, ese porcentaje bajó al 61,2% de las 338 leyes promulgadas. Después que el creciente poder del Congreso se consolidó con las reformas constitucionales de 2005, la balanza siguió cargándose a favor del Legislativo. Aunque el Presidente seguía siendo más fuerte, el sistema era cada vez menos hiper presidencial.

En su primer gobierno, el Presidente Piñera logró promulgar 156 de los 333 proyectos de ley que envió al Congreso (46,8%). En su segundo periodo, pese a tener una amplia mayoría en ambas cámaras, Bachelet promulgó 150 de los 245 proyectos de ley que envió (61%). El peso relativo de las mociones en las leyes promulgadas también aumentó, de forma tal que una de cada tres leyes que se promulgan hoy tienen su origen en mociones legislativas.

Con el aumento de las comisiones investigadores, acusaciones constitucionales, incapacidad del Ejecutivo de hacer cumplir las urgencias en la tramitación de las leyes y la actual polémica sobre la inconstitucionalidad de varios proyectos de ley que avanzan en el Congreso —y que el Ejecutivo no se atreve a frenar usando su facultad de involucrar al Tribunal Constitucional para que dirima— estamos viviendo un proceso de rápido cambio en el balance de poderes de facto entre el ejecutivo y el legislativo. Hoy, el cargo de Presidente de la República pesa bastante menos que hace dos décadas, especialmente en lo que respecta al proceso legislativo.

Si a eso sumamos la débil posición política en la que quedó el Presidente Piñera después del estallido social de octubre, podemos especular que una de las víctimas de la pandemia será el presidencialismo exagerado que otrora caracterizó al sistema político chileno. Independientemente de quién gane las próximas elecciones, parece improbable que la institución de la presidencia recupere la fuerza y preponderancia que tuvo en las primeras décadas de este periodo democrático.

En los próximos meses, sin importar el resultado del plebiscito constituyente en octubre (o cuando se realice, si es que se realiza), la clase política se abocará a modificar la constitución actual una vez que pase la emergencia. En el proceso de cambio constitucional —ya sea por convención constituyente o porque los cambios se negocien en el propio congreso— la debilidad actual del Ejecutivo probablemente quedará también plasmada en el nuevo orden constitucional. Aunque siempre ha habido defensores de un sistema semi-parlamentario en Chile, hay poca experiencia de éxito de ese tipo de regímenes en países con tradición presidencialista. De hecho, en nuestro propio país, la experiencia de la república parlamentaria —que también se inició sin que cambiara el texto de la constitución de 1833— no tuvo un final feliz. Después de 3 décadas de inestabilidad, volvió un presidencialismo más fuerte.

Si bien es comprensible que la atención ahora esté puesta en cómo detener el avance del Covid-19 y evitar que Chile se convierta en uno de los países más golpeados en el mundo por la pandemia, no podemos olvidarnos que los acuerdos y decisiones que se toman hoy sobre reformas y leyes de emergencia sientan precedente para el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo que se vendrá después. Mientras más se ha profundizado la crisis, más débil parece ir quedando el Ejecutivo. Aunque es improbable que la pandemia también dé un golpe mortal a nuestro sistema presidencialista, parece claro que los vientos hoy soplan a favor del fortalecimiento del Congreso. Con la nueva ley electoral que entró en vigencia en 2017—que lograron que la gente sepa todavía menos quiénes son los representantes de sus distritos—y los límites a la reelección que entrarán en vigencia en 2021—y que convertirán los cargos de elección popular en un juego de sillas musicales—parece especialmente inconveniente que precisamente ahora aumente el poder del legislativo. Pero al igual que lo que ocurre con el avance de la pandemia, parece que ya es demasiado tarde para evitar el alto costo que su presencia tendrá para el país.

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