El presidente electo Gabriel Boric y su equipo cercano prefieren no hablar del tema. Hasta ahora, el futuro gobierno no ha explicitado cuál es su plan para hacerse cargo de esa urgente responsabilidad. Pero la principal tarea del próximo gobierno en su primer año será asegurarse de que el proceso constituyente termine bien y que la propuesta de una nueva constitución se convierta en un punto de encuentro para el país y en una señal de fortaleza institucional, madurez democrática y responsabilidad económica que Chile dé al mundo. Si el proceso constituyente fracasa, se descarrila o termina en un texto constitucional que amenace la estabilidad democrática y económica del país, el gobierno de Boric tendrá que lidiar con una enorme crisis social, política y económica. Por eso, aunque le resulta más cómodo seguir intentando separar aguas entre lo que haga su gobierno y lo que hace la convención constitucional, el próximo gobierno deberá trabajar activamente para que esta llegue a feliz puerto.

Como un avión que de pronto tiene muchas luces de advertencia encendidas, la convención constitucional ha enviado señales claras de que no va por buen camino. Si bien algunos buscan minimizar el problema, argumentando que hasta ahora el pleno de la convención no ha votado nada, es evidente que muchas de las propuestas aprobadas en comisión tendrían consecuencias desastrosas para el país si llegaran a convertirse en parte de la nueva constitución. Desde la propuesta de terminar con el Senado hasta las normativas que debilitarían la propiedad privada y los tratados internacionales ya firmados, la convención constitucional se está poniendo creativa de una forma que equivale a que una tripulación decida abrir la salida de emergencia del avión en pleno vuelo solo porque nunca se ha hecho antes y quieren saber qué pasa si lo hacen. 

Si bien esas decisiones votadas en comisión han generado amplio rechazo entre líderes políticos y sociales, esas voces han sido bastante menos claras entre los otros miembros de la convención constitucional. El equipo de gobierno de Boric ha intentado mantenerse alejado de la polémica, como si el contenido de la nueva constitución no fuera sumamente importante para lo que ellos podrán hacer una vez que lleguen a La Moneda.  De hecho, en vez de explicitar de forma clara e inequívoca su posición sobre los derechos de propiedad, los derechos mineros, el tipo de gobierno que tendrá el país o la conveniencia de revisar tratados internacionales existentes, el presidente electo y su equipo han optado por un conveniente pero preocupante silencio. 

Es inconcebible que Boric y su equipo no tengan una postura sobre si Chile debiese tener un congreso unicameral o uno bicameral. No se puede entender que un gobierno que debe enviar señales que tranquilicen a los actores económicos guarde silencio sobre las normas que han sido votadas favorablemente en las comisiones de la convención. Es verdad que el gobierno debe respetar las decisiones de la convención y que, al final del día, será la ciudadanía la que decida si acepta o rechaza la propuesta de nueva constitución que entregue la convención. Pero parece lógico imaginar que el gobierno de Boric querrá que la convención produzca un texto que sea aprobado por la ciudadanía. Un rechazo a la nueva constitución sería también una profunda derrota para Boric y su gobierno. Por eso, Boric debiera estar profundamente interesado en que el contenido de esa constitución sea “aprobable” para una mayoría y, por cierto, permita que el país pueda avanzar por un sendero de consolidación democrática y desarrollo económico que permita satisfacer las altas expectativas que tienen los chilenos. 

Si la constitución es rechazada en el plebiscito de salida o si es aprobada con artículos que pongan al país en un sendero de estancamiento económico y de inseguridad jurídica, el primer gran damnificado político será el propio gobierno de Boric.  Si el país rechaza la propuesta de constitución y Boric se ve obligado a buscar un camino alternativo para reformar la constitución actual, su cuatrienio será consumido por un proceso constituyente fracasado. Si, en cambio, la nueva constitución genera inseguridad jurídica, los próximos años estarán marcados por un estancamiento económico que golpeará, como ya hemos visto en años anteriores, la aprobación y el apoyo al gobierno. 

Hasta ahora, el gobierno entrante ha intentado sacarle el cuerpo a la necesidad de fijar posturas sobre lo que pasa en la convención constitucional y sobre las normas que ya han sido votadas en comisión. Porque muchos de sus partidarios apoyan esas normas y muchos de los actores sociales y políticos relevantes del país las rechazan, Boric ha querido mantenerse alejado de esa polémica. Pero como el próximo gobierno tendrá su futuro amarrado al éxito del proceso constituyente y al contenido de la nueva constitución, más temprano que tarde, Boric deberá fijar postura sobre las controvertidas normas que ya han sido votadas por las comisiones de la convención constitucional. 

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