Hace tres años, muchos se compraron el engañoso y falso argumento de que la ciudadanía chilena priorizaba la redacción de una nueva constitución por sobre otras demandas, como mejores pensiones, más trabajo, mejores sueldos, y el fin del abuso a sus derechos de consumidores. Hoy, que el país ya carga con una muy costosa fracasada experiencia constitucional, algunos abiertamente especulan que la ventana del momento constitucional se está cerrando.

Lo cierto es que la ventana a un momento constituyente no la abrió el descontento ciudadano que gatilló el estallido del 18 de octubre de 2019. Ese momento constituyente nació porque, ante el descontento popular con el gobierno —que creció exponencialmente con la torpe respuesta de Piñera en las semanas posteriores al estallido— el Presidente Piñera prefirió entregar la constitución que presentar su renuncia al cargo. Para salvarse él, dejó caer la constitución que juró defender. 

Es cierto que la renuncia del Presidente hubiera sido un mal precedente para la democracia. Pero abrir un proceso constituyente en respuesta a la violencia y la barbarie sentó un precedente mucho peor. El gobierno de Piñera se terminó en marzo de 2022, pero la pesadilla de tener un proceso constituyente abierto nos va a acompañar por varios años más. Incluso cuando es evidente que hay fatiga constituyente en la opinión pública, el virus de creer que redactando una nueva constitución se solucionarán los problemas de Chile llegó para quedarse y cada cierto tiempo volverá a infectar el debate público. 

Afortunadamente, por el momento, las encuestas muestran que la gente tiene otras prioridades. Pero en 2019, la gente también señalaba otros asuntos como los más prioritarios. La decisión de embarcar al país en un proceso constituyente incierto fue producto de la cuestionable decisión de Piñera de salvar su segunda presidencia a cualquier costo. Pero Piñera no fue el único responsable. Decenas de alcaldes y legisladores de centro y derecha participaron entusiastamente de una consulta ciudadana no vinculante en diciembre de 2019 que vendió, exitosamente, la idea de que una nueva constitución sería una píldora mágica que solucionaría los problemas del país. 

El entusiasmo con el que la clase política abrazó el acuerdo por la paz social y la nueva constitución en noviembre de 2019 demostró una miopía increíble respecto a la poco exitosa experiencia latinoamericana reciente con procesos constituyentes. 

La izquierda más dura aprovechó la oportunidad que permitía el momento constituyente para avanzar su agenda refundacional que busca sepultar el neoliberalismo, fundar un nuevo modelo, y volver al dirigismo estatista de los años 50. La izquierda más razonable cayó en una crisis de nostalgia y se dejó llevar por un discurso ingenuo en el que las buenas intenciones remplazaron a la evidencia como la base para justificar los cambios que se querían emprender. 

Tres años después, sabemos que la experiencia terminó en fracaso. La gente sufre de fatiga constitucional. La nueva constitución se parece al papelito con el mensaje de los 33 mineros que Piñera mostró hasta el cansancio después del exitoso rescate que llevó a cabo el gobierno en 2010. Ya. Está bueno. No más. 

Hoy, aunque la opinión pública quiera otra cosa mariposa, el proceso constituyente sigue abierto y hay que buscar una forma de cerrarlo. El gobierno del Presidente Boric está atrapado entre su demanda por una convención cien por ciento electa y la realidad de que, con su impopularidad y la difícil situación económica, lo más probable es que el oficialismo sea minoría si se elige una convención. A su vez, la derecha teme que el Partido Republicano o algún movimiento antisistema controle los votos decisivos en la convención —así como el PDG los controla en la Cámara, con todos los costos que eso implica para la democracia. El Senado quiere asegurarse que la nueva constitución no intente eliminar el Senado, como lo quiso hacer la convención constitucional. O sea, todos prefieren el statu quo, porque cerrar el proceso implica muchos costos. 

Pero mantener el proceso constituyente abierto indefinidamente también es costoso. La compleja señal que enviamos al mundo y a la inversión solo alimenta dudas sobre qué tan serios somos como país. 

Es cierto que la opinión pública ya está en otra y que a nadie le interesa mucho el proceso constituyente. Pero igual que una herida abierta, si no lo cerramos bien, el proceso constituyente devendrá en una infección política que nos causará un daño permanente. 

En 2019, unos pocos advertimos que el proceso se basaba en una premisa falsa: que el descontento popular se solucionaba con una nueva constitución. Entonces y ahora, el descontento se aborda con más crecimiento, más inclusión, igualdad de oportunidades y derechos más robustos para los consumidores. En 2019, también advertimos que el proceso constituyente estaba mal diseñado y que la propuesta de nueva constitución no iba a ser minimalista, sino que más bien sería un árbol de navidad, con regalos para todos. La convención se encargó de darnos la razón. 

Hoy, la burbuja de la falsa premisa de que una nueva constitución es esencial para poder construir un mejor país ya explotó. La opinión pública ya no ve a la nueva constitución como una píldora mágica. Pero como el proceso constituyente sigue abierto, resulta imperativo que haya un diseño institucional conducente a llevarlo a buen puerto. Precisamente porque el proceso constituyente está en la unidad de cuidados intensivos, es esencial diseñar un buen plan que nos permita redactar una nueva constitución con todas las fortalezas de la constitución actual y que incluya reformas necesarias que le den más legitimidad y promuevan la inclusión. Mientras más nos demoremos en hacerlo, más difícil será salir de la trampa de momento constituyente en la que nos encontramos.

*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.

Patricio Navia

Sociólogo, cientista político y académico UDP.

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