De todos los desastrosos legados de la Convención Constitucional, uno de los más dañinos y duraderos es la creciente desconfianza de la opinión pública en la democracia representativa.

Pese a que fue electa para representar los intereses de la gran mayoría de los chilenos, la Convención decidió defender intereses particularistas y sectarios de una forma burda. Tanto así que hoy, apenas 19 meses después de que esas 155 personas fueron electas para redactar una nueva Constitución, una amplia mayoría del país prefiere que la próxima Constitución sea redactada total o parcialmente por expertos.

Aunque decían querer profundizar y ampliar la democracia, la Convención terminó por debilitar la confianza de los chilenos en los procesos democráticos. Es difícil imaginar una oportunidad así de gigante desperdiciada de forma tan torpe y soberbia. 

Cuando fueron electos en mayo de 2021, los miembros de la Convención Constitucional eran depositarios de la confianza, los sueños y la ilusión de millones de chilenos. Excepto una minoría de desconfiados, la gran mayoría de los chilenos tenía su fe depositada en esa Convención que había sido electa para redactar un nuevo texto constitucional. 

Si bien el desorden que se produjo durante el proceso de instalación -en el que varios convencionales anticiparon un comportamiento soberbio, irrespetuoso, rupturista e insensato- una amplia mayoría de los chilenos aprobaba la composición diversa de ese grupo de personas.

Con paridad de género y presencia de representantes de pueblos originarios y de personas con admirables trayectorias de vida y con experiencias bastante diferentes a las que caracterizaban a la élite política que nos había gobernado por décadas, la Convención fue comparada -tal vez con entusiasmo desmedido- a la diversidad que ya habían presentado los gabinetes formados por los gobernantes Jacinda Ardern en Nueva Zelandia o Justin Trudeau en Canadá.

Huelga decir que la Convención dilapidó ese capital político de una forma nunca antes vista en el país. En un año de funcionamiento, pasó de ser depositaria de la esperanza de millones de chilenos a ser objeto de burla, rabia y decepción de una amplia mayoría de las personas.

El comportamiento de los convencionales, su arrogante soberbia, su incapacidad para escuchar la voz de la gente, su obstinación por refundar incluso aquello que funcionaba bien y la creciente actitud mesiánica de sus miembros -incluida su mesa directiva- rápidamente se convirtieron en una avalancha autodestructiva que erosionó la confianza popular y que convirtió el sueño de un país mejor en una pesadilla sobre el infierno en el que resultaría Chile si se aprobaba la propuesta de nueva Constitución. 

Afortunadamente, el electorado fue mucho más sensato y los chilenos dieron un portazo a la propuesta que causó un terremoto cuyas réplicas todavía se sienten. 

Pero el daño que hizo la Convención no puede ser minimizado. Además de hacer perder al país tres valiosos años y de producir una fatiga constitucional de la que será difícil recuperarnos, clavó una estocada a la legitimidad y valoración popular que tiene la democracia representativa en el país.

Después de su deplorable trabajo, las encuestas muestran que una mayoría de los chilenos desconfía de que una convención democráticamente electa sea capaz de redactar una nueva Constitución. Según la encuesta Cadem más reciente, un 59% prefiere que la nueva Constitución sea redactada por una Convención parcialmente electa y compuesta también por expertos. Por su parte, un 53% cree que debiera tener menos de 50 miembros y un 32% adicional cree que debiera estar compuesta por entre 50 y 100 miembros.  A su vez, un 33% cree que la Convención debiera tener más miembros expertos que electos, y otro 41% cree que debiera haber igual número de miembros expertos y electos. 

De todas las lecciones que nos dejó el fracasado proceso constituyente, una de las más importantes es que la legitimidad y popularidad de las instancias de democracia representativa dependen de qué tan buen trabajo hagan esas instancias. La Convención Constitucional empeoró la ya alicaída reputación de la democracia representativa en Chile. 

Aunque es improbable que tengan la hidalguía y el coraje moral para reconocer sus culpas y pedir perdón por el daño realizado, los miembros de la Convención cargarán de por vida con la responsabilidad de haber desperdiciado un momento histórico para redactar una Constitución que fuera aceptable y valorada por una amplia mayoría del país. Pero lo peor es que, además, cargarán con la responsabilidad de haber contribuido a desvalorizar y enlodar la democracia representativa en Chile. 

Si antes del proceso constituyente había descontento y rabia, la Convención Constitucional ayudó, con su irresponsable y lastimoso desempeño, a debilitar todavía más la confianza en las instituciones de la democracia y en la capacidad de las autoridades para poner los intereses de la gente por delante de sus mezquinas agendas personales y sectarias. Aunque ya se haya disuelto, nos ha dejado un envenenado legado de desconfianza en los procesos de democracia representativa. 

*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.

Patricio Navia

Sociólogo, cientista político y académico UDP.

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