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Publicado el 10 de julio, 2020

Patricio Navia: El 10% de las pensiones y el proceso constituyente

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

Porque en Chile soplan aires de populismo desatados, votar a favor de iniciar ahora un proceso constituyente constituye una irresponsabilidad máxima.

 

Patricio Navia Sociólogo, cientista político, académico UDP

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Para aquellos que todavía albergan esperanzas de que el proceso constituyente pueda terminar con una nueva constitución que siente las bases para un país más justo, igualitario y desarrollado, el espectáculo que dio la Cámara de Diputados en la votación sobre el retiro del 10% de los fondos de las AFP debiera ser una advertencia más que convincente. Porque en Chile soplan aires de populismo desatados, votar a favor de iniciar ahora un proceso constituyente constituye una irresponsabilidad máxima.

La votación por amplia mayoría transversal en la Cámara de Diputados a favor de un proyecto que busca que las personas puedan retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones para enfrentar la pandemia comprensiblemente ha generado una profunda tormenta política. Después de todo, de materializarse, este proyecto entregará una mala solución de corto plazo a la gente que lo necesita a cambio de crear un enorme problema de largo plazo para las cuentas fiscales.

La propuesta de retirar hasta el 10% de lo que cada persona ha acumulado en sus fondos de pensiones es especialmente mala en el corto plazo. Si bien hay un descontento generalizado con el sistema de pensiones privado chileno, la idea de castigar a las AFP que parece alimentar a muchos de los que apoyan la propuesta equivale a querer hacer que se estrelle el avión en el que vamos todos solo porque quieres castigar a algunos de los pasajeros. De aprobarse el proyecto, el impacto inmediato en la economía será especialmente nefasto. El shock de dinero circulante en el mercado alimentará la demanda y tendrá inevitables efectos inflacionarios. Además, ya que las AFP deberán liquidar bonos, acciones y otros instrumentos financieros, la necesidad de vender rápidamente hará que los precios caigan y que el fondo total acumulado de cada trabajador baje en más de un 10%.

Arrinconado desde el estallido social de octubre, el gobierno vio la pandemia como una oportunidad para cambiar el eje del debate y recuperar protagonismo mostrando eficiencia y liderazgo en la respuesta nacional a la pandemia. Cuatro meses después, se encuentra en una posición aún más débil que cuando empezó la pandemia.

Por cierto, algunos economistas han sugerido que la idea de permitir el retiro de parte de los fondos a las personas más necesitadas pudiera asociarse a otras reformas que son necesarias para darle más viabilidad al sistema de pensiones. Por ejemplo, se podrían sumar un par de años a la edad de jubilación de las personas que retiren fondos o aumentar inmediatamente las contribuciones mensuales que hacen las personas a sus fondos. Lamentablemente, no hay tiempo para discutir el mérito de esas propuestas porque se precisa una respuesta a la emergencia que ha generado la pandemia. Por eso, es poco razonable legislar una reforma tan significativa al sistema de pensiones sin el tiempo necesario para analizar todos los posibles efectos.

La decisión de la Cámara sorprendió a muchos. Pero no tanto porque la izquierda haya actuado irresponsable promoviendo una medida que mezcla la intención de muchos por estatizar el sistema de pensiones como la oportunidad para presionar al gobierno a proponer un plan de ayuda mucho más ambicioso para la clase media. La decisión sorprendió precisamente porque varios diputados del oficialismo derechista se sumaron con un voto a favor y no pocos se abstuvieron. La votación de la Cámara de Diputados pone en una situación aún más incómoda al ya debilitado gobierno del Presidente Piñera. Arrinconado desde el estallido social de octubre, el gobierno vio la pandemia como una oportunidad para cambiar el eje del debate y recuperar protagonismo mostrando eficiencia y liderazgo en la respuesta nacional a la pandemia. Cuatro meses después, se encuentra en una posición aún más débil que cuando empezó la pandemia.

Arrinconado, sin agenda, e incapaz de ordenar a los legisladores del oficialismo, el gobierno enfrenta una compleja amenaza de la oposición. Si para frenar la iniciativa, cede y hace una oferta de un paquete de ayuda mucho mayor a la clase media, el costo fiscal será altísimo. Pero si no cede, la situación será mucho peor. El Congreso aprobará la reforma y, por más que Piñera ejerza un veto, la demanda popular por darle un golpe a la AFP ejercerá una presión imposible de resistir sobre muchos legisladores que ya dan por finalizado el gobierno y piensan en su propia reelección en 2021. En cualquiera de los dos escenarios, el sistema privado de pensiones saldrá igualmente golpeado. En las elecciones de 2021, los candidatos se pelearán por proponer soluciones basadas en el Estado para remplazar a las AFP.

Esto nos lleva de regreso al proceso constituyente. En medio de la pandemia y apurados por la urgencia de encontrar soluciones para aliviar la compleja situación económica de millones de chilenos, el Congreso no titubeó en echar mano a una solución populista fácil —aunque a costos altos en el corto plazo e inviable en el largo plazo. No cuesta imaginar qué harán los miembros de la convención constituyente —electos con el mismo sistema electoral que se usó para elegir a los 155 diputados— con más tiempo a su disposición y con una hoja en blanco para probar qué tan creativos pueden llegar a ser. Entonces, igual que ahora, la tentación por hacer cosas que reciban el aplauso inmediato sin pensar las consecuencias a futuro será difícil de resistir.

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