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Publicado el 20 noviembre, 2020

Patricio Navia: Defensa de la Constitución: Demasiado tarde para empezar ahora

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

Porque los presidentes juran o prometen defender la Constitución, parece un desatino que el gobierno de Sebastián Piñera intente comenzar a hacer ahora lo que no se atrevió a hacer después del estallido social del 18 de octubre.

Patricio Navia Sociólogo, cientista político, académico UDP
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Resulta difícil tomar en serio la advertencia del Presidente Sebastián Piñera respecto a un segundo retiro del 10% de los fondos para la jubilación que tenemos ahorrados los chilenos en nuestras cuentas en las AFP. Al decir que ir al Tribunal Constitucional “no solamente es una opción, es una obligación”, el mandatario pareció olvidarse que cuando el Congreso votó a favor del primer retiro, su gobierno decidió no cumplir con su obligación de defender la Constitución.

Es curiosa la sorpresiva preocupación que muestra ahora. Después de todo, el propio gobierno impulsó el inicio de un proceso constituyente para sepultar la Constitución que Piñera juró defender al asumir el poder el 11 de marzo de 2018. Es más, Piñera explícitamente hizo campaña en oposición a la iniciativa a favor de un proceso constituyente que entonces impulsaba la Presidenta Bachelet. Uno de los primeros actos de su gobierno fue retirar el proyecto de nueva Constitución que, irresponsablemente, la ex Mandataria presentó al Congreso solo unos días antes de dejar el poder.

Es imposible no subrayar la ironía de que, si bien siempre dijo querer una nueva Constitución, Bachelet solo envió su proyecto de nueva constitución días antes de entregar la banda presidencial a Piñera. Bachelet sabía que era solo un acto simbólico. Pero la premura y determinación que tuvo el gobierno de Piñera para retirar el proyecto dejaba en claro cuál era el norte que tenía la nueva administración.

El estallido del 18 de octubre de 2019 lo cambió todo. Aunque es evidente que los gobiernos deben ser sabios para cambiar de rumbo cuando las circunstancias cambian, la rapidez con la que entregó la Constitución que había jurado defender llevan a cuestionar qué tan convencido estaba el propio Piñera del rumbo que había señalado cuando inició el gobierno. Si bien es innegable que el costo de una renuncia presidencial hubiera sido altísimo, el costo de comenzar un proceso constituyente que terminará recién a mediados de 2022 probablemente va a terminar siendo ostensiblemente mayor. De hecho, una de las consecuencias del mal llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución es que, después del plebiscito de entrada realizado el 25 de octubre, la Constitución de 1980 ya carece de legitimidad. Los chilenos mayoritariamente votaron para iniciar un proceso que culmine con un nuevo texto. Es verdad que muchos lo hicieron por razones equivocadas —porque les mintieron haciéndoles creer que la nueva Constitución es una píldora mágica que les traerá mejores pensiones, salud, educación y derecho a la vivienda. Pero el caso es que, después del 25 de octubre, el valor de la Constitución de 1980 está por el suelo.

Ya nadie respeta la Constitución. El Congreso se ha arrogado poderes de facto más allá de lo que ésta establece. Igual que una camisa de fuerza que se ha roto, la Constitución ya no sirve para limitar el accionar de los poderes del Estado. ¿Quién en su sano juicio va a frenar una iniciativa de ley con el argumento de que la Constitución de Pinochet -que fue rechazada por el 80% de los chilenos- no permite que el Congreso impulse determinados proyectos?

Resultaría interesante que, después de aprobada en el Congreso, el gobierno intente frenar la ley de un segundo retiro del 10% en el Tribunal Constitucional. Los propios miembros del Tribunal están seguramente pensando más en cómo lograr que ese cuerpo sobreviva en la nueva Constitución que en defender los preceptos de una Carta Fundamental que ya huele a gladiolos y que recibió la extremaunción el 25 de octubre. Es más, precisamente porque La Moneda literalmente no tuvo el coraje de asumir su obligación de ir al Tribunal Constitucional cuando el Congreso pasó el primer retiro del 10%, el precedente que quedó instalado es muy difícil de revertir. Igual que unos padres que permiten a sus hijos irse solos de vacaciones unas semanas, es casi imposible que después se los prohíban. Los legisladores —que se comportan de forma tan entusiasta e irresponsable como muchos chicos— ya saben que la Constitución de 1980 (con todas sus reformas) está en la morgue. Es cosa de terminar con los trámites para que sea sepultada. Por eso, nadie se preocupa mucho de lo que permite y no permite una Constitución que, para todos los efectos prácticos, ya no rige en el país.

Precisamente porque los presidentes juran o prometen defender la Constitución, parece un desatino que el gobierno del Presidente Piñera intente comenzar a hacer ahora lo que no se atrevió a hacer después del estallido social del 18 de octubre.

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