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Publicado el 30 de agosto, 2019

Patricio Navia: Apagar los incendios en casa antes que en el Amazonas

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

Dado que no sería difícil argumentar que los conflictos en Rapa Nui o La Araucanía tienen también un impacto medioambiental —aunque menor que los de los incendios en el Amazonas— o social —aunque menor que la crisis en Venezuela—, la decisión de Piñera de ser actor internacional deja a su gobierno en posición vulnerable cuando alguna potencia decida involucrarse en temas relacionados con Chile.

Patricio Navia Sociólogo, cientista político, académico UDP
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La decisión del Presidente Sebastián Piñera de involucrarse en el esfuerzo internacional por combatir los incendios en el Amazonas refleja tanto una preocupante falta de claridad sobre cuáles debieran ser las prioridades de su gobierno como una errada lectura respecto al precedente que ha establecido sobre la legitimidad de la intervención extranjera en cuestiones domésticas. Ahora que Chile secundó la iniciativa francesa de involucrarse en el combate a los incendios amazónicos, va a ser complicado rechazar intentos futuros de otras potencias por intervenir, utilizando la preocupación por el impacto medioambiental, en los problemas que enfrentan Rapa Nui o La Araucanía.

En su segundo gobierno, Piñera ha dejado claro que le interesa jugar un rol importante en el concierto internacional. Chile será sede de la APEC y de la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP25). Si bien el encuentro de APEC profundiza la política de estado a favor del libre comercio -la cumbre de APEC de 2004 también se realizó en Chile, durante el gobierno de Ricardo Lagos- la decisión de organizar la COP25 en Santiago implica riesgos que el gobierno no parece haber sopesado adecuadamente. Más preocupado de la photo opportunity, la administración no pensó en el efecto que tendría realizar ese evento en una serie de iniciativas que enfrentan a los medioambientalistas con el gobierno. Desde las voces que piden que Chile ratifique el Acuerdo de Escazú (sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) hasta las que quieren que se adopte una ley de protección de glaciares que haría inviable nuevos proyectos mineros cordilleranos desde la zona centro-norte hasta el sur del país, el hecho que Chile se quiera posicionar como líder en la protección del medioambiente tendrá impactos negativos en la condición de país minero y en la producción de energía hidroeléctrica. Es verdad que no se puede negar el cambio climático y que hay que tomar medidas que tendrán un impacto negativo en el crecimiento, independientemente de si se hace o no la COP25 en Chile, pero ser anfitriones de esa cumbre pondrá todavía más presión sobre el crecimiento económico, justo cuando el país discute la adopción de una reforma previsional y una reforma a la jornada laboral que tendrán un impacto negativo en el empleo formal.

Convertir la solución de problemas internacionales en una prioridad desvía la atención del gobierno de lo que será la principal prioridad sobre la que la ciudadanía evaluará la continuidad de Chile Vamos en el poder en 2021: el crecimiento económico.

Además, Piñera se involucró activamente —incluso en exceso— en el fallido intento de enero de 2019 por lograr un rápido cambio de régimen en Venezuela. Al reconocer a Juan Guaidó como Presidente Encargado, el gobierno chileno se sumó a otras administraciones democráticas del mundo en ejercer presión para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. En febrero el Mandatario incluso viajó a la frontera colombo-venezolana para intentar conseguir que el gobierno de Maduro aceptara el ingreso de ayuda humanitaria. Ya que uno tiene que poner la plata donde pone la boca, Piñera dio la señal de que Chile sería un lugar seguro para recibir a los refugiados venezolanos que huyen de la crisis económica y política en su país. Pero el aumento en el número de refugiados venezolanos que aspiran a llegar a Chile obligó a las autoridades a establecer mecanismos más restrictivos que limitaran el número de refugiados de ese país.  Como Maduro sigue en el poder —y como la movida para imponer la presidencia de Guaidó ha tomado mucho más tiempo del que originalmente se pensaba— ahora el gobierno de Chile ha bajado la intensidad de su involucramiento en lograr un cambio de régimen en Venezuela.

Como si eso fuera poco, al involucrarse tan fuertemente en temas domésticos de Venezuela y de Brasil y los otros países amazónicos, el gobierno del Presidente Piñera sienta el peligroso precedente de que, cuando hay una buena excusa —como el impacto climático— otros países se pueden involucrar en los problemas domésticos de Chile. Dado que no sería difícil argumentar que los conflictos en Rapa Nui o La Araucanía tienen también un impacto medioambiental —aunque menor que los de los incendios en el Amazonas— o social —aunque menor que la crisis en Venezuela— la decisión de Piñera de ser actor internacional deja a su gobierno en posición vulnerable cuando alguna potencia decida involucrarse en temas relacionados con Chile.

Para un gobierno que basó su campaña en el mensaje de que la economía volvería a crecer con fuerza, parece difícil de entender el protagonismo que ha buscado el Presidente Piñera en la arena internacional. Porque el legado de su gobierno será evaluado respecto a qué tanto creció el país, convertir la solución de problemas internacionales en una prioridad desvía la atención del gobierno de lo que será la principal prioridad sobre la que la ciudadanía evaluará la continuidad de Chile Vamos en el poder en 2021: el crecimiento económico.

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