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Publicado el 19 de febrero, 2020

Patricio Arrau: Reforma de Pensiones II: Pecado

Economista Patricio Arrau

La clase política en el Congreso y en el Ejecutivo hizo oídos sordos todos estos años a las advertencias de que el sistema entregaría pensiones miserables. Las administradoras por su parte nunca se hicieron cargo que serían juzgadas por esta realidad (…) Pero los pecados pueden redimirse y existen las segundas oportunidades. Afortunadamente una de las principales virtudes del sistema de capitalización individual ha estado presente todo este tiempo. Las cuentas individuales son propiedad de las personas y ellas lo saben.

Patricio Arrau Economista

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En la columna anterior llamada Reparto, analicé el origen histórico del sistema seguridad social y las fallas que lo llevaron a su insostenibilidad en el tiempo. En efecto, “al entregar beneficios insostenibles, el sistema de reparto se convierte en un botín, en una bomba de tiempo y los beneficios de las futuras generaciones son efectivamente expropiados por las anteriores”. Al entregar beneficios definidos sin considerar su financiamiento coherente en el tiempo, los sistemas de seguridad social de reparto se vuelven en atractivos objetivos de los políticos más irresponsables y populistas. El juego permanece hasta que el sistema desencadena una crisis fiscal.

Una forma natural de enfrentar el problema de insostenibilidad inter temporal del sistema de reparto es que los sistemas evolucionen hacia sistemas definidos por las contribuciones, esto es, que las personas ahorren en cuentas individuales y se jubilen con el resultado de sus ahorros y la rentabilidad que obtuvieron en el periodo de ahorro y empleo. En esta línea en 1974 surge el sistema Individual Retirement Accounts (IRA) en los EE.UU., que permitía a los trabajadores ahorrar en cuentas de retiro en el sector privado. A fines de los setenta se masifican  los programas 401(k), donde las empresas administran a cuenta de sus trabajadores los ahorros acumulados de sus cotizaciones, con el propósito de entregarlos a sus empleados al culminar la vida laboral y complementar la baja cobertura del sistema de reparto de los EE.UU. En sus inicios definidos por beneficios, los programas 401(k) han derivado en ahorros y beneficios definidos por contribuciones. El reemplazo del sistema de reparto puede ser con cuentas respaldadas con fondos en el sistema financiero, o bien con simples registros en cuentas nocionales. La administración puede ser privada, con o sin fines de lucro, o bien puede ser estatal.

Chile realizó el año 1981 un agresivo cambio al sistema de reparto y lo reemplazó por un sistema de administración de cuentas individuales con fondos en el sistema financiero y administrados por empresas privadas de giro exclusivo. Justo es decir que esta experiencia solo pudo ser diseñada e impuesta en el contexto de una dictadura y sin debate democrático. El devenir del cambio social tiene sus vicisitudes históricas. Las dictaduras pueden realizar buenos o malos diseños y dejar una buena o mala herencia. Después de todo, Otto Bismarck, el padre del sistema de reparto, no era una ejemplo de demócrata.

El sistema de reparto y nuestro sistema de pensiones comparten así una falla de origen, por lo que cada sistema debe ser juzgado en su propio mérito.  Se trata en nuestro caso de un muy buen diseño general, en lo que fue su mandato básico. El sistema entregó rentabilidades muy significativas, hasta el punto que el stock de ahorros previsionales hoy responde en dos tercios a la rentabilidad de los fondos y en un tercio a las cotizaciones; los costos de administración como porcentaje del stock de fondos son de los más bajos del mundo y jamás hemos tenido casos de corrupción o desaparición de fondos. El sistema, sin embargo, pecó colectivamente.

La clase política en el Congreso y en el Ejecutivo hizo oídos sordos todos estos años a las advertencias de que el sistema entregaría pensiones miserables. Las administradoras por su parte nunca se hicieron cargo que serían juzgadas por esta realidad. Las administradoras son instituciones que pertenecen al sistema de seguridad social del país, aunque por demasiado tiempo sus líderes gremiales prefirieron verse como parte de la comunidad financiera. Las bajas pensiones no son responsabilidad de las administradoras de fondos, pues ellas están determinadas por una muy baja tasa de cotización, un muy inestable mercado laboral que generaba largas lagunas de cotización y una incapacidad del sistema político para incrementar los parámetros de edad de jubilación. Sin embargo, es evidente que las administradoras no pueden pretender que su gestión termina en sus utilidades, sino que deben hacerse cargo de su objetivo último, esto es, entregar buenas pensiones. Solo así lograrán legitimar su labor. Atrás quedaron los tiempos en que pretendían subsanar este pecado nombrando en sus directorios a ex ministros de la Concertación.

Pero los pecados pueden redimirse y existen las segundas oportunidades. Afortunadamente una de las principales virtudes del sistema de capitalización individual ha estado presente todo este tiempo. Las cuentas individuales son propiedad de las personas y ellas lo saben. Los chilenos no estamos dispuestos a confiar nuestro fondos de pensiones a nuevas aventuras estatistas y aquí es donde se encuentra el secreto de la permanencia del sistema y su posible expansión en el futuro. La mejor prueba de esto es que quienes han cuestionado que el original 10% de cotización siga en manos de las administradoras privadas no han tenido éxito. 

El sistema avanza hacia un sistema mixto, con un 6% adicional de cotización en manos estatales, que permitirá testear el eterno conflicto ideológico entre las soluciones privadas a los problemas públicos, y su mala alternativa la solución estatal. Este eterno debate lo definirán los ciudadanos, y solo se requiere un poco de tiempo para comprender que en ningún escenario el sistema vuelve a ser estatal. En las próximas columnas analizamos la entrada en la industria de un ente estatal; de las administradoras sin fines de lucro; de la separación de la industria entre el rol de administración de cuentas y las inversiones; y la pretensión de los políticos de echar mano a las utilidades.

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