El domingo 4 de septiembre el electorado se pronunció contundentemente y cambió definitivamente el escenario político. Entrega también el camino para dejar atrás la severa crisis política que se arrastra por casi tres años desde el 18/10 de 2019. Fue tan contundente el resultado del plebiscito, que, en el contexto que debe ser interpretado, nadie es vencedor, pues todos los actores políticos que pretendían representar a la ciudadanía tenían un diagnóstico equivocado. El Rechazo por un 62% del plebiscito de salida no puede ser interpretado sino en el contexto de casi el 80% que votó por el Apruebo en el plebiscito de entrada. La clase política está en deuda: aislar al 15% de lado y lado que sigue intentando mantener la polarización. Deben poner la mirada en el 70% que esperamos un rápido acuerdo para tener una nueva constitución democrática antes del 35avo aniversario del triunfo del NO.  

La crisis política y la polarización ha derivado en un debate de políticas públicas que está contaminado con una ideología “transformadora” que pretende reemplazar lo que funciona. Un debate donde se busca imponer posiciones, no acuerdos. La polarizada campaña presidencial nos dejó con propuestas de cambio “transformador” que no representan a la mayoría, incluida la mayoría silenciosa que habló fuerte el domingo 04/09. El Presidente Boric tiene el 38% de aprobación a 6 meses de su gobierno y eso lo obliga a moderar sus reformas “transformadoras”, volver al candidato de la segunda vuelta y buscar un amplio acuerdo nacional con la mayoría que quiere cambios graduales y posibles, en paz. Vamos por parte con las reformas.

Partamos con una definición. En su historia republicana, Chile ha sido siempre un país en la tradición democrática liberal representativa capitalista, esa es nuestra ideología nacional. Es lo que funciona en el mundo democrático y es lo que debemos seguir perfeccionando, no reemplazar. La contaminación “transformadora” en la reforma tributaria la represento, por espacio, en el impuesto al patrimonio, el impuesto al diferimiento de los retiros y en la nula discusión seria que hemos tenido acerca de la desintegración.

El impuesto al stock de utilidades acumuladas (patrimonio y diferimiento) se basa en un error conceptual que se alimenta de la odiosidad clasista en contra de los “ricos”. El error conceptual nos dice que toda utilidad es renta atribuible a las personas dueñas de las empresas y que debe ser gravada con los impuestos personales finales. El error quedó de manifiesto en la reforma del 2014 y reaparece una y otra vez. La separación jurídica entre empresa y personas se deriva del orden económico descentralizado del capitalismo. La empresa busca invertir y hacer crecer el capital necesario para generar inversión, crecimiento y mayor productividad del trabajo. El empresario, en su pulsión schumpeteriana, no es un consumidor. Las utilidades reinvertidas no son renta atribuible al empresario como consumidor final, pues en una economía en crecimiento nunca serán distribuidas. Es decir, la renta del capital, en la parte que se reinvierte para siempre, no es renta empresarial o de los empresarios. Pretender que las utilidades reinvertidas están a la espera de un retiro para el consumo del empresario no es una adecuada comprensión de cómo funciona el capitalismo con crecimiento. Por ello se inventan tasas efectivas de impuestos del 0,1% y del 0,01% de los más ricos que serían inferiores a los chilenos de menores ingresos, pues se suma en la base del cálculo una renta atribuida que no corresponde. 

El impuesto al diferimiento sufre del mismo error. En lugar de ser una pretendida corrección a un supuesto subsidio al ahorro de personas, se convierte en un nuevo impuesto al patrimonio de todos los empresarios por el mismo error conceptual mencionado. La desintegración de nuestro sistema tributario, por su parte, invoca descuidadamente a los países de la OCDE que se encuentran desintegrados, ignorando el conocimiento técnico que advierte sobre la injusticia horizontal que ese sistema representa para los contribuyentes, que además desincentiva el ahorro y por ende la inversión. El sistema ha funcionado en países desarrollados grandes que dependen fuertemente de su consumo interno y que tienen una larga jurisprudencia correctiva de sus distorsiones, pero será un problema serio para una economía pequeña y abierta como la chilena. Más que un debate ideologizado “transformador”, se trata de una falta de debate serio que atribuyo, en parte, a que los técnicos también nos hemos visto afectados por la polarización y perdimos la capacidad de conversar. 

Respecto a la reforma de pensiones, es evidente que se basa en el proyecto “transformador” No+AFP, que busca más bien eliminar a toda una industria que ha cuidado muy bien los ahorros para pensiones de los chilenos, que ha pagado rentabilidades que nadie encontraría en el sistema financiero y ha sido un puntal de desarrollo del mercado de capitales, que a la larga es crecimiento y progreso para todos. Actualmente, la eliminación “transformadora” de la industria se encuentra en la propuesta de separar la función de administración de cuentas y entregarla a un monopolio estatal, un nuevo experimento chileno que no se basa en evidencia técnica, que incrementará los costos de administración, que elimina la elección de administrador de parte del afiliado y comete el error de prescindir nuevamente de las soluciones privadas a los problemas públicos, buscando soluciones estatales que sabemos no son eficientes. Una evidente propuesta ideologizada de reemplazo de los que funciona. Claro, el sistema requiere cambios: un incremento de la tasa de cotización de cargo del empleador –que bien diseñado puede contener componente de solidaridad y ser sostenible–, una participación estatal en todo el pilar contributivo –que por lo demás fue propuesta por la Comisión Bravo–, y un potente e incremental beneficio de PGU.  

El presidente Boric y las autoridades económicas y políticas tienen el desafío de escuchar la voz del 4S, situarse en el contexto de un debate democrático en la tradición republicana, esto es, entre las posturas conservadoras, liberales y socialdemócratas, desvestirse de la pretensión de reemplazar el sistema que funciona y buscar de verdad acuerdos amplios que perduren por 30 o 40 años. Las reformas tributarias y de pensiones son una gran oportunidad. 

*Patricio Arrau es economista.

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