¿Qué vamos hacer con los partidos? Es una pregunta que millones de chilenos se hacen diariamente. Las últimas encuestas arrojan un declive permanente en los niveles de confianza hacia los partidos políticos, en su amplio espectro, llegando a un paupérrimo 5% según Espacio Público-Ipsos. El Congreso, en tanto, se empina levemente sobre el 15%. Encuestas más, encuestas menos, los niveles de adhesión a los partidos y parlamentarios han golpeado fuertemente la credibilidad y legitimidad de ambas instituciones que son necesarias para garantizar la debida gobernabilidad que anhela el país.

A estas alturas, los efectos perniciosos del sistema electoral vigente en la representatividad de los partidos políticos es un dato de la causa. Algunos dirán que la amplia participación y votación que recibieron los candidatos al parlamento en las últimas elecciones no refleja necesariamente esa desconfianza. Otros dirán que la crisis de representación es un invento de los analistas más osados, que auguran la extinción de los partidos políticos. Aunque no pueda descartarse ninguna teoría sobre el futuro de los partidos, lo cierto es que hoy continúan teniendo el monopolio de la participación en la esfera política, de modo que tampoco debería extrañar el predominio de los partidos en el parlamento. 

Sin negar la importancia que tienen los partidos para canalizar la representación de los ciudadanos, la atención de la Convención Constitucional sobre el sistema político ha omitido todo debate sobre la forma de fortalecer el rol de los partidos en la vida nacional. Su atención, por cierto, se ha centrado en otorgar mayor participación a movimientos y organizaciones ciudadanas. Por muy importantes y legítimas que sean estas otras formas de expresión política, un adecuado funcionamiento del sistema político no puede prescindir de los partidos. En consecuencia, en lugar de poner el foco en cómo perjudicar y debitar a los partidos, la Convención debería estar debatiendo en cómo fortalecerlos. Pero eso es sencillamente impopular.

Los partidos políticos, por su parte, siguen navegando en modo avión, a pesar de todas las señales, en total desconexión con las necesidades y sentimientos de las personas. Salvo por algunos chispazos aislados, siguen anclados en la época jurásica, aplicando las mismas viejas -y malas- prácticas de antaño. Ponen escaso esfuerzo en salir del pantano. Mejor dicho, sólo contribuyen a enterrarse más. Ejemplos abundan. La aplicación de cuoteos políticos en el Tribunal Constitucional es uno de ellos, aún a costa de llevar malos candidatos. A riesgo de politizar y debilitar el rol del referido tribunal, los partidos prefieren llevar a alguien del club, como premio de consuelo. La competencia, experiencia e idoneidad para el cargo poco importa. Se trata de ayudar a los amigotes.

Lo anterior podría carecer de importancia en situaciones de normalidad institucional, pero no así en los momentos excepcionales y tormentosos que vive el país. Cuando se piensa en un eventual rol del actual Congreso en la elaboración de un nuevo proyecto constitucional, como han sugerido varios, uno se pregunta seriamente si es realmente la mejor sede para llevar a cabo dicha titánica y relevante tarea. En lo personal, y apelando al creciente interés de los chilenos porque exista una buena Constitución, no descartaría el nombramiento de una comisión transversal de expertos constitucionales, designados por el Congreso, que se aboquen a esta labor. No sólo aseguraríamos que las cosas se hagan bien, sino que -además- el parlamento siga trabajando en lo suyo, sin que su labor legislativa se vea paralizada con ocasión de un trabajo constitucional que exige dedicación completa.

*Francisco Orrego es abogado.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta