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Publicado el 21 de junio, 2015

Parlamentarios con dedicación exclusiva

No caigamos en error: más que una crisis institucional, lo que estamos viviendo es una crisis de confianza de las instituciones.
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Tras la salida de Jorge Insunza del gobierno, varias bancadas ingresaron proyectos que buscan dar exclusividad a la labor parlamentaria, para poner por escrito lo que muchos entendíamos como el espíritu base de la función pública.

La falta de visión del ex diputado profundiza un descontento y una frustración existente en la ciudadanía, la cual ya no alza su voz sólo por ideologías, sino más bien por actos como este que reflejan una falta de equidad e igualdad de oportunidades en un país donde, según la Fundación para la Superación de la Pobreza, la mitad de los chilenos gana menos de $265.000 mensuales; y la mayoría (8 de cada 10) gana menos de $500.000.

En lo que respecta a la desigualdad en Chile –según el último informe de la OCDE–, los ingresos del 10% más rico son superiores en 26 veces en comparación al 10% más pobre . Si lo anterior lo llevamos a las rentas, el impacto es brutal. En promedio, el sueldo líquido de nuestros parlamentarios es de $ 6 millones. A contar del 1 de julio, el sueldo mínimo líquido de un trabajador será de $ 190 mil: por consiguiente, el sueldo de un parlamentario lo supera en cerca de 30 veces.

Estos datos llevan a reflejar el descontento en las labores parlamentarias. Si parte de la ciudadanía ya encuentra excesivas las dietas, la desilusión ante el ejercicio del representante en el Congreso aumenta con algunas funciones extras que complementan sus ingresos. Estos sucesos no hacen más que desvirtuar el fin por el cual todos debieran estar trabajando, el bien común. Y es un golpe aún más duro para quienes creemos en la cosa pública y en el aporte a una mejor sociedad.

Hoy los ciudadanos desconfían de las instituciones, llevando un sentimiento de que siempre ganan los mismos. En su ensayo “La política como vocación”, Max Weber enuncia dos caminos: “Vivir para la política o vivir de la política”. Lo primero refleja el darle un sentido a la vida, poniéndola al servicio de algo, lo mínimo para recuperar la confianza en la clase política.

Estos hechos no hacen más que incrementar la desconfianza. Estamos en una crisis que pide un liderazgo que realice un diagnóstico correcto de las cosas, más aún cuando se confunde el quiebre de confianza con uno de las instituciones. No caigamos en error: más que una crisis institucional, lo que estamos viviendo es una crisis de confianza de las instituciones. De hecho, las instituciones están funcionando y es importante salvaguardar nuestra institucionalidad en ese aspecto, pues éstas son las responsables –después de todo– de una larga estabilidad.

Cabe recordar como hecho histórico, la celebración durante este mes de los 800 años de la Carta Magna, que tuvo un particular origen que demuestra lo cíclico de la historia. La génesis en el deseo del pueblo de limitar el poder al Rey Juan, lo cual se conecta con la delimitación del ejercicio de un parlamentario en sus funciones legislativas, y en el sentimiento de un pueblo que pide que sus representantes se aboquen a sus funciones expresamente públicas.

La exclusividad parlamentaria es (era y será) un deber básico a cumplir, considerando las altas dietas que apuntan –precisamente– a evitar conflictos de interés y llaman a una dedicación única, en un ámbito en que la representatividad ética y moral de nuestros dirigentes no pueden jugar con “un nuevo estándar”. La vara siempre ha sido la misma, lo que cambió es nuestra intolerancia a la viveza criolla.

 

Raúl Jara Guiñez, Director Escuela de Liderazgo USS.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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