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Publicado el 11 de octubre, 2015

Para evitar un caso Dávalos

Ha llegado el momento de que, en pos de cuidar a la clase que nos representa y hace que el sistema funcione para todos, se le apliquen a lo menos los mismos estándares de exigencia, fiscalización y sanción que a los privados.
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En épocas de reforma, y donde el desprestigio de la clase política se convierte en un creciente tumor cancerígeno que debe extirparse pronto, antes que devenga en metástasis, se hace urgente una reforma legal a la declaración de patrimonio de todos los funcionarios que trabajan para el Estado, sea en el Ejecutivo, en el Congreso o en el Poder Judicial. Esta reforma debe considerar, al menos, los mismos estándares de probidad que hoy se exigen en el actuar corporativo a los privados, donde las conductas abusivas o simulatorias están tipificadas y son fuertemente sancionadas.

Estas declaraciones de patrimonio no sólo deben considerar una valoración inicial y una auditoria final del mismo, tanto del propio funcionario como también de todos sus relacionados directos, sino que igualmente deben considerar la explicitación de la participación directa en sociedades, el balance de esas sociedades con detalle de sus activos, las modificaciones de las mismas durante la posesión del cargo y hasta un tiempo prudente posterior y, más importante aún, su eventual participación indirecta, lo cual pasa por la declaración de los mandatos y/o encargos fiduciarios vigentes. Y todo esto acompañado de fuertes sanciones económicas, administrativas y políticas en caso de comprobarse ilícitos.

Cuando tuve la oportunidad de ver la declaración de patrimonio de Sebastián Dávalos en febrero, me llamó poderosamente la atención, salvo por su envidiable moto Harley-Davidson, la austeridad patrimonial declarada, en contraposición a sus conocidas asesorías a una cuestionada productora de pollos, sus conocidos autos de lujo y a su capacidad de otorgar aval moral –o comfort letter prescencial– para préstamos millonarios. Su excusa ha sido que todo ello es propiedad de sociedades y que éstas pertenecen a su señora.

El 30 de septiembre recién pasado entraron en vigencia las denominadas normas antielusión contenidas en el Código Tributario. Ellas, como ya lo he escrito en el pasado, vienen a consagrar en forma definitiva la completa validez de lo que genéricamente se entendía como elusión hasta la fecha, y que es la utilización con astucia de los mecanismos establecidos en la ley cuya consecuencia pueda ser una menor carga tributaria. Así, como dice la misma norma recientemente estrenada, no hay ilícito por “la sola circunstancia que el mismo resultado económico o jurídico se pueda obtener con otro u otros actos jurídicos que derivarían en una mayor carga tributaria; o que el acto jurídico escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno, o bien los genere de manera reducida o diferida en el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos efectos sean consecuencia de la ley tributaria”. En este marco, la ilicitud quedó circunscrita a la existencia de abuso o simulación, conceptos ambos, afortunadamente, definidos en la misma ley.

Y es de la definición legal de abuso de donde nacen estas letras. Para la legislación tributaria existirá abuso cuando se evita el pago total o parcial de los impuestos mediante actos que, analizados en abstracto, no tienen ninguna otra finalidad que pagar menos impuestos. Es decir, no hay un negocio o emprendimiento subyacente y sustentatorio de los actos. Todo esto no es una novedad, pero sí un gran avance en cuanto a la mejor explicitación de la descripción de las conductas que la ley considera antijurídicas.

Es precisamente este avance el que se echa de menos en materia de declaración de patrimonio de los funcionarios públicos.

A los privados se nos exige cada vez más un comportamiento ético intachable, donde incluso los actos jurídicos legales en su esencia pueden devenir en tributariamente ilegales. A los privados se nos aumenta la carga tributaria y, sea en pos de la recaudación fiscal, de la educación, del medio ambiente, de los pueblos originarios, del financiamiento de la política y de una serie de bienes socialmente deseables, se aumenta la regulación, fiscalización y sobre todo las sanciones.

Por ello, ha llegado el momento de que, en pos de cuidar precisamente a esa clase que nos representa y hace que el sistema funcione para todos, se apliquen a lo menos los mismos estándares de exigencia, fiscalización y sanción. Para ello no es necesario volver a inventar la rueda. La legislación tributaria vigente -y también la de valores- puede y debe ser la fuente inspiradora de una reforma verdadera (y más útil que varias otras) que permita poner atajo al cáncer de la corrupción, que una vez que se ramifica a todo el cuerpo, termina, tarde o temprano, inexorablemente con su existencia.

 

Alvaro Moraga, abogado socio de Moraga & Cia.

 

 

FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

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