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Publicado el 16 de octubre, 2019

Pablo Valderrama: Sexualización estatal

Director Ejecutivo Idea País. Pablo Valderrama

La lógica que impera es entender a la educación sexual como un problema social que debe partir desde la responsabilidad del Estado, relegando a las familias a un papel secundario.

Pablo Valderrama Director Ejecutivo Idea País.
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Aunque no haya tenido mucha atención pública, se discute actualmente un proyecto de ley que se refiere a la manera en que los niños de nuestro país deben recibir una adecuada educación sexual. En concreto, se busca establecer la obligatoriedad para que los establecimientos educacionales impartan programas de educación sexual, afectiva y de género a partir del segundo año de transición, es decir, para niños desde los cinco años.

En un mundo híper sexualizado, una iniciativa como esta ha comprendido la necesidad de entregar herramientas para que las nuevas generaciones integren de manera orgánica su sexualidad, afectividad y desarrollo social. Sin embargo, esta iniciativa legal ha abordado el asunto de manera peligrosa: por un lado, al existir un riesgo real de estandarizar la educación sexual, y por otro, el de excluir a un segundo plano a las familias.

Sobre lo primero, la estandarización de los procesos educativos comienza a transformar a los colegios, y más notoriamente a las universidades, en verdaderos centros certificadores de competencias. Los procesos de estandarización parecieran abandonar la preocupación por el desarrollo integral de los jóvenes y los reemplazan por la acreditación de habilidades técnicas que les permitan actuar en el mundo real. En ese sentido, el ámbito de la sexualidad se transforma en una competencia más –estandarizada– que el colegio debe certificar. Una especie de cursos que enseñen de biología y de condones parecen ser preocupaciones suficientes.

Por el contrario, bajo la lógica del desarrollo integral, que por cierto comprende que determinadas competencias son relevantes, el objetivo es, ante todo, la formación de ciertas virtudes necesarias para la vida personal y social. En ese eje, la sexualidad no es una mera competencia adicional, sino un aspecto muy complejo y necesario para el surgimiento de virtudes esenciales para el desarrollo de cada persona. Es, tal vez, la manifestación más intuitiva de la sociabilidad natural del ser humano que requiere ser desarrollada para la formación completa de cada persona.

Bajo el segundo eje, es evidente que los colegios cumplen un papel fundamental en el desarrollo afectivo y psicosocial de los niños y jóvenes. Sin embargo, las escuelas no deben jamás reemplazar el papel que a las familias les compete. En tal línea, la normativa propuesta elimina toda referencia al proyecto educativo, impidiendo, como consecuencia, que los programas escolares puedan reflejar los valores y convicciones de los padres. Así, toda creencia particular es reemplazada por las directrices que el Estado, a través de un reglamento, llegue a fijar. La lógica que impera es entender a la educación sexual como un problema social que debe partir desde la responsabilidad del Estado, relegando a las familias a un papel secundario.

Del modo descrito, entonces, los programas de educación sexual corren el riesgo de transformarse en una mera sexualización estatal de los niños de nuestro país. En una simple certificación de saber relacionarse con el resto bajo el prisma del género, abandonando así una preocupación por el desarrollo integral de las próximas generaciones. No desconozcamos –aunque algunos lo hagan– que la formación sexual debe surgir desde abajo para arriba, y no desde el Estado hacia las familias.

 

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