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Publicado el 13 de noviembre, 2019

Pablo Valderrama: Pagar caro

Director Ejecutivo Idea País. Pablo Valderrama

Nuestro país no está para extremos. Si es cierto que necesitamos un nuevo orden constitucional, un mecanismo mixto parece ponderar de mejor manera los valores en juego: participación, técnica y respeto por la institucionalidad. El punto relevante, sin embargo, es que el tiempo corre y el margen se agota.

Pablo Valderrama Director Ejecutivo Idea País.
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Como en pocos momentos, nos encontramos en un punto sin gramática común. Usamos conceptos sin contenido. Una laguna del entendimiento sobre lo que significan las asambleas constituyentes, congresos y convenciones constituyentes. Por lo mismo, la disputa ideológica actual consiste en otorgar una gramática compartida a cada concepto.

Con todo, sea lo que signifiquen cada uno de esos mecanismos, nuestro país no está para extremos. Si es cierto que necesitamos un nuevo orden constitucional, ¿por qué creer que es solo a través de la participación directa de la ciudadanía que una nueva Constitución debe surgir?, o bien, ¿por qué sospechar de la participación de la gente? Un mecanismo mixto, por el contrario, parece ponderar de mejor manera los valores en juego: participación, técnica y respeto por la institucionalidad.

Así, el mecanismo que parece más indicado es una Convención Constituyente. ¿En qué consiste esto? En reconocer y valorar la participación de la gente. El Gobierno podría tomar la experiencia y metodología de los cabildos realizados por Michelle Bachelet e impulsar, junto con el proceso que están realizando los alcaldes, cabildos a lo largo del país. Las conclusiones de dicho proceso deberán ser contenidas en un documento que se pondrá a disposición de un panel de expertos constitucionalistas. ¿Cómo elegirlos? Con intervención de los tres poderes del Estado.

Dicho panel de expertos tendrá a su cargo la tarea de elaborar una nueva Constitución. Será una comisión diversa ideológicamente, pero con consciencia de que la técnica jurídica no puede estar ausente en el diseño de un nuevo marco constitucional. Sus acuerdos se alcanzarán con un quórum de 2/3 y su mandato es específico: articular jurídicamente las apreciaciones de la ciudadanía. Por su parte, el Congreso Nacional recibirá ese proyecto y deberá mediarlo políticamente, es decir, cumplirá con su deber de representar por medio de la política lo que la ciudadanía ha sostenido y lo que los técnicos han intentado demarcar. Cada artículo deberá ser acordado con un quórum de 4/5 de los parlamentarios. De esta manera, se resguardarán los procesos institucionales que nos hemos otorgado.

Finalmente, el proyecto que surgió desde la población y fue mediado por la técnica jurídica y la representación política deberá ser nuevamente sometido al escrutinio popular, por medio de un plebiscito de salida, en el cual la población deberá aceptar o rechazar el proyecto como un todo. Deberá realizarse por medio del voto obligatorio y se considerará un quórum mayor al 50% de los votos. En caso de rechazarse, se repetirá el panel de expertos y la discusión legislativa.

Como se señaló, no hay margen para ningún extremo. Al final de cuentas, la gran mayoría de la población se encuentra en una amplia avenida en la cual los extremos son solo unas pequeñas –pero bulliciosas– veredas. No hay margen ni para una asamblea ni para un congreso constituyente –sin mecanismos de participación–.

El punto relevante, sin embargo, es que el tiempo corre y el margen se agota. Mientras más demore el Gobierno en ofrecer una hoja de ruta y los plazos generales de este proceso, el precio a pagar se volverá más caro. El problema es que hoy ya parece evidente que la política está pagando caro el precio de la demora.

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