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Publicado el 08 de enero, 2020

Pablo Valderrama: 26 de abril: Cuatro actitudes

Director Ejecutivo Idea País. Pablo Valderrama

Si bien un 72% de los encuestados –según Cadem– manifestó que votará apruebo en el próximo plebiscito y un 20% que rechazará, no es de locos pensar que, mientras “otras PSU” sigan boicoteándose, probablemente esos porcentajes se modifiquen drásticamente.

Pablo Valderrama Director Ejecutivo Idea País.
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Las estrategias políticas detrás del “apruebo” y “rechazo” del próximo 26 de abril ya empiezan a tomar forma y a ganar adeptos. Tanto la oposición como el oficialismo van configurando sus propias posiciones y se empieza finalmente a barajar el naipe. Sin embargo, pareciera que las opciones no son tan polarizadas como el plebiscito plantea. Subyacen, al menos, cuatro actitudes sobre de la mesa.

Por una parte, está el “apruebo refundacional”. Se destacan allí los Boric, los Jackson, el Frente Amplio y, en general, una gran mayoría de la oposición. ¿Qué los motiva? No solo pensar que Chile necesita ponerle una lápida a la Constitución de la dictadura, también quieren agregar un sinfín de pelos en la sopa que no estuvieron considerados en el acuerdo inicial (escaños reservados, paridad de género, por mencionar solo algunos), lo que se traduce también en una actitud confrontacional y sin tregua con el Gobierno. Muy probablemente, en sus oficinas se cocinan las acusaciones constitucionales y las interpelaciones a los ministros. Una especie de remake del conocido “avanzar si transar”.

En la vereda exactamente contraria está el “rechazo inmovilista”. Estos son los que piensan que cualquier cambio o centímetro que se avance es indiscutiblemente una renuncia a las propias convicciones. Un “hacerle el juego a la izquierda” o un amarillismo millenial. Si la Constitución es un vehículo que ha producido estabilidad política: ¿para qué cambiarla?, pensarán. El problema de esta opción, sin embargo, es que la pregunta no es si acaso la Constitución es jurídicamente una pieza de alto valor, sino si se encuentra políticamente legitimada. Más allá de la fuerza de los argumentos, es un hecho de la causa que ella no cuenta con el respaldo popular necesario para enfrentar las realidades del Chile del presente y del futuro. Y este es un problema del que hay que hacerse cargo sin atajos.

Con todo, tras cada una de estas opciones es posible identificar un grupo moderado, que puede eventualmente estar a favor tanto del apruebo como del rechazo. Merodea allí una vocación transformadora y un escepticismo con el proceso constituyente en marcha. Por un lado, el apruebo moderado sabe que el proceso traerá incertidumbre y producirá, a la larga, una crisis política relevante; pero, al mismo tiempo, cree que es un costo inevitable que hay que pagar para llegar al resultado esperado. Piensan que es necesario modificar –poco o mucho– la Carta Fundamental, pero no creen ni en la hoja en blanco ni tampoco en la retroexcavadora. En la otra opción está el “rechazo moderado”, que también reconoce la relevancia de producir cambios en la estructura política del país, pero considera que no es posible impulsar un proceso de transformaciones como el que se propone, en un clima de funas y boicots como el que estamos viviendo. ¿Quién va a estar dispuesto a defender públicamente la propiedad privada, la subsidiariedad, o el derecho a la vida, si sabe que se expone a una funa pública como nunca antes?

Dada la realidad de las cosas, el rechazo moderado es el que, hasta hoy, se asoma como la alternativa más responsable y la que ha ido ganando poco a poco adeptos. Es cierto que nunca existirá un clima ideal para impulsar procesos que, por sí mismos, son convulsionantes; sin embargo, es cierto también que cambios tan profundos en la estructura social requieren mínimos civilizatorios con los que no se cuenta hoy: la violencia que aún sigue desatada en las calles, la casi nula apertura al disenso que encarnan varios personajes políticos de la izquierda y reglas del juego bastante cuestionables (hoja en blanco, no haber considerado una votación final por 2/3 sobre el texto final, reglas electorales aún inciertas, entre otras); solo por nombrar algunos.

Así las cosas, si bien un 72% de los encuestados –según Cadem– manifestó que votará apruebo en el próximo plebiscito y un 20% que rechazará, no es de locos pensar que, mientras “otras PSU” sigan boicoteándose, probablemente esos porcentajes se modifiquen drásticamente. Mientras más violencia siga desatándose, el apruebo moderado solo tenderá a la fuga.

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