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Publicado el 15 de noviembre, 2019

Osvaldo Schaerer: Si va a decidir por mí, no beba ni se drogue

Consultor de empresas Osvaldo Schaerer

¿Qué pasa cuando quienes toman decisiones que nos afectan a todos lo hacen bajo la influencia de alguna sustancia? En este tiempo de cambios estructurales, lo menos que podemos pedir es que las dejen de lado.

Osvaldo Schaerer Consultor de empresas
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Para quienes veíamos por televisión el partido entre Argentina y Grecia el 21 de junio de 1994 en el Campeonato Mundial de Fútbol, la pantalla con la imagen a cara completa de Diego Armando Maradona, exaltado, feliz, gritando a pulmón abierto por su extraordinario gol en el minuto 60 no nos dejaba duda alguna. Era el rey. Teníamos que reconocer que Pelé había sido destronado y la «mano de Dios» era el nuevo monarca.

De pronto, ocurrió lo impensable. Diego, escoltado por oficiales de la FIFA, se somete a un test de drogas. El resultado fue un descalabro completo. Bañado en cinco variedades de efedrina, su participación en la gesta mundial del deporte había llegado a su fin.

Convengamos que, en todo caso, no se trataba de drogas ilícitas o prohibidas; la efedrina es un medicamento indispensable  para prevenir la baja de la presión arterial durante la anestesia, en el tratamiento del asma y la narcolepsia. La sanción a Maradona se fundó en que su actuar dañó la fe pública porque los que compitieron no lo hicieron en un plano de igualdad. Es interesante destacar que, para este tipo de casos, no importa que la droga sea una sustancia lícita o ilegal; el castigo impuesto está centrado en que el efecto del consumo potencialmente daña a terceros.

Con el alcohol somos más tolerantes. Abundan los alcohólicos famosos, Hemingway, Van Gogh, Boris Yeltsin, Churchill, entre tantos otros. Actualmente, desde que se inventó el alcotest, nadie impide beber a quien quiera ingerir todo el alcohol que resista, pero la sociedad puede detectarlo y sancionarlo.

En otro plano, este año debutó en Chile el narcotest para conductores de vehículos. En octubre se conoció el primer resultado de su uso, mostrando que el 22,2% de los conductores controlados había consumido alguna de las sustancias psicotrópicas que el dispositivo reconoce. ¡Uno de cada cinco! No es algo marginal. En esta situación, lo que las reglas de vida en común buscan proteger es que, bajo la influencia del alcohol o cualquier droga, conducir un vehículo que perfectamente puede ser un proyectil de varias toneladas de peso proyectadas a 50 Km/h es un riesgo para la sociedad, no solamente por el daño que el conductor puede autoprovocarse, sino el que puede producir a otros.

Es del mayor interés de los ciudadanos, que estamos obligados a someternos al poder de las instituciones que regulan nuestra vida en común, tener la certeza de que el actuar de las personas que hemos elegido o designado para dirigir y controlar estos poderes incontrarrestables obedece al de alguien que está libre del efecto de estas sustancias.

El bien común que se busca cuidar con estas regulaciones es la amalgama entre la fe pública y el daño que potencialmente se puede provocar a terceros, cuando se realizan ciertas actividades bajo la influencia de drogas, sean éstas lícitas o prohibidas. Este control no está en la esfera del «buenismo» o de la santurronería. Simplemente es que, si se va a drogar, hágalo sin incurrir en prácticas en que sus efectos psicotrópicos y deformadores del intelecto generen costos que terceros no podrán evitar.

¿Qué pasa entonces con aquellas personas cuya principal actividad es producir efectos sobre otros en un marco de transparencia y alta exposición a la fe pública? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nuestros legisladores y autoridades políticas.

Se trata de que los ciudadanos tengamos la certeza que su actuar es libre de sustancias psicotrópicas o modificadores de conciencia o intelecto.

Para ellos, el propósito de su trabajo es afectar la vida de terceros mediante leyes, reglamentos, decretos, incluso por la influencia ejercida en el entendimiento de ciertos problemas con sus declaraciones públicas, de tipo oficial o por otras vías. Si esa es su actividad principal, ¿no sería razonable y justo que los afectados por sus decisiones supiéramos si ellos actuaron de acuerdo con su propio discernimiento? ¿O si sus actuaciones estuvieron subordinadas a los efectos de sustancias que afectan la percepción de la realidad y los circuitos sensoriales del intelecto de quienes las consumen?

Más aún, si las drogas en uso son de aquellas reguladas por la Ley 20 mil, es decir, cuyo consumo es perseguido y sancionado como delito, el consumidor no está solamente bajo el efecto directo de las sustancias consumidas, sino que también su voluntad está doblegada frente al traficante que lo abastece. En esa situación el consumidor no puede evitar consumir porque es dependiente. Es un enfermo. Tampoco puede hacer pública su condición de adicto, porque además de someterse al escrutinio público, podría ser perseguido penalmente. Entonces, quien toma el control de su voluntad y de sus actos es el «dealer», que adquiere un poder ilimitado sobre la voluntad de su cliente. El mismo que potencialmente escribe, delibera y firma leyes, decretos y reglamentos, que podría incluso ser investido de poder «constituyente». La tormenta perfecta.

Es del mayor interés de los ciudadanos, que estamos obligados a someternos al poder de las instituciones que regulan nuestra vida en común, tener la certeza de que el actuar de las personas que hemos elegido o designado para dirigir y controlar estos poderes incontrarrestables obedece al de alguien que está libre del efecto de estas sustancias. Dado que nadie está obligado a dedicarse al servicio público y que los que postulan lo hacen libremente, sin coacción, es necesario comprobarlo explícitamente. Está en juego la fe pública. Se trata de que los ciudadanos tengamos la certeza que su actuar es libre de sustancias psicotrópicas o modificadores de conciencia o intelecto.

Esto se logra de la misma manera en que se actuó con Maradona: controles obligatorios, periódicos y aleatorios, para todas las autoridades electas  y designadas con responsabilidad sobre la gestión de los poderes del Estado, las policías y las Fuerzas Armadas. Establecido como una obligación del cargo, con resultados públicos y auditables, controlados por un poder independiente de su influencia poderosa, por ejemplo, la Contraloría General de la República.

Es lo menos que se puede pedir en estos tiempos de cambio estructural.

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