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Publicado el 27 de noviembre, 2019

Osvaldo Schaerer: Fiscalización de calidad, oportuna, igualitaria y para todos

Consultor de empresas Osvaldo Schaerer

Para que los mercados funcionen, la fiscalización económica debe ser de muy alta calidad y sin conflictos de intereses, ejercida con autoridad, independencia y con recursos. Con potestad sobre el sector privado y también sobre los organismos del Estado que establecen regulaciones que distorsionan mercados. Su objetivo determinante debe ser la detección y persecución implacable, severa y onerosa para el infractor causante de cualquier tipo de distorsiones a la libre competencia.

Osvaldo Schaerer Consultor de empresas
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El 3 de diciembre de 1967 fue un día memorable para la humanidad. Louis Washkansky, un comerciante sudafricano, fue el primer ser humano en recibir un corazón desde el cuerpo de una mujer fallecida en un accidente. El equipo médico fue liderado por el doctor Christiaan Barnard, en el hospital Groote Schuur en Ciudad del Cabo. Notable avance para la medicina.

Novedoso que hubiera ocurrido en un lugar con poca investigación e innovación en esta materia. En esa época, en los países con sistemas de salud establecidos, remover un corazón latiendo de un cuerpo humano, independientemente del estado general de salud de su propietario, exponía al hechor a ser procesado por asesinato y cumplir, a lo menos, una pena de privación de libertad. Excepto en Sudáfrica. Lo que cualquier auditoría hubiera calificado como una imperdonable insuficiencia en la regulación penal, abrió el camino para que actualmente se realicen sobre tres mil trasplantes anuales de corazón a nivel mundial, con un tiempo de supervivencia promedio de 15 años y un récord de 33.

La paradoja del trasplante de corazón es que en la industria de la salud -donde no hay cuestionamiento sobre la necesidad de contar con regulaciones estrictas- la ausencia de una de ellas hizo posible un avance estructural en el manejo de la sobrevida de los enfermos cardíacos terminales. No siempre las regulaciones logran el resultado esperado por quienes las elaboran. Tampoco es posible regular la innovación.

Estamos a días de la conmemoración del 52 aniversario del logro del Dr. Barnard y en nuestro país enfrentamos debates sobre la conveniencia de introducir más regulaciones en mercados donde, en opinión de algunos, habría serias distorsiones de tipo económico. Estamos atrasados en esta materia en Chile. Basta observar que el síntoma transversal de la economía chilena es que, en todos los mercados, la oferta termina concentrada en muy pocos actores. Esta concentración, en cualquier sector o en muchos, es una falla evidente en la detección y eliminación de distorsiones que nos terminan dañando a todos. El bien buscado no es la defensa de las empresas y corporaciones, sino el buen funcionamiento de los mercados, porque después de todos los experimentos económico sociales del siglo pasado, con el resultado de millones de muertos y pérdidas inconmensurables, no es posible fundamentar con datos objetivos que -en ausencia de distorsiones- las economías de mercado no sean las que logran la más eficiente distribución posible de recursos.

El objetivo de la autoridad económica debería focalizarse en tener una gran cantidad de PYME en cada mercado.

El motor que mueve al capitalismo y a las empresas operando bajo su alero es obtener ganancias, principalmente económicas, pero también en algunas otras dimensiones. Sin embargo, su supervivencia está dada por el logro de las ganancias económicas. Entonces, el objetivo primario sería obtener todo el provecho posible en lo que sea que se esté haciendo. Es la competencia en el mercado la que modera este potencial aumento de las ganancias. No es posible cobrar cualquier precio por una cerveza porque hay otro proveedor a la vuelta de la esquina. Igual para el supermercado, la farmacia o cualquier otro producto.

Lo que más preocupa a las corporaciones capitalistas no es si se les permite hacer algo o no, sino que otras encuentren una mejor manera de hacerlo y así lograr eliminarlas del mercado. Más regulación significa mayores barreras de entrada al mercado y cualquiera que lo intente se verá obstaculizado por ellas. No importa cuánta regulación se incorpore a un mercado, las grandes empresas establecidas pueden seguir siendo exitosas, sin tener que preocuparse de que sus prácticas se vean desafiadas por una nueva competencia entrante. Pueden incluso pagar cuantiosas multas por sus actos, mientras eso no signifique que enfrenten mayor competencia. Por esta razón, cualquier corporación que tenga una posición significativa en un mercado tiene todos los incentivos para desear que se introduzca más regulación. Es igual de contraintuitivo que sacar el corazón latiendo a una persona puede no terminar en asesinato. Además, las grandes empresas son las que mejor saben operar dentro de la Ley 20.730, también conocida como «del Lobby», asegurándose de intervenir legalmente en la creación de nuevas regulaciones.

Otra paradoja de esta situación es que casi toda la innovación proviene de empresas pequeñas y nuevas. También ellas son las responsables por la creación de empleo. Precisamente porque a las grandes corporaciones les gusta la regulación, esta realidad indica que deberíamos tener menos regulaciones.

El objetivo de la autoridad económica debería focalizarse en tener una gran cantidad de PYME en cada mercado. Esto es fundamental para crear mercados competitivos y lograr la mejor asignación de recursos. Las PYME son el corazón de la economía. Están siempre en la primera línea del comercio, impulsando el crecimiento económico, al tiempo que estimulan la creación de empleo y la innovación. Las pequeñas empresas también son las primeras en sentir los efectos del lento crecimiento o de las malas políticas públicas. Por esa razón, es un deber de la autoridad económica de un país asegurar un ambiente sano y competitivo para que las PYME se creen y desarrollen, comenzando con reducir la regulación, porque la regulación -existente y planeada- siempre genera la externalidad de crear barreras de entrada a los mercados. No hay que olvidar la gran cantidad de restricciones aduaneras existentes en todo el mundo, justificadas con todo tipo de argumentos razonables, pero que al final terminan protegiendo a los proveedores incumbentes en un mercado.

La regulación eficiente es la que logra evitar que las corporaciones lleguen a posicionarse en una situación que les permita deformar el comportamiento del mercado.

Claramente el problema no es blanco o negro, porque si convenimos en que la mejor regulación es la que promueve mayor competencia, existen mercados donde esto es imposible. Por ejemplo, los monopolios en los servicios públicos. Ya sea que se trate de un servicio concesionado a una empresa privada o sea provisto por un ente estatal, el operador de cualquiera de esos mercados debe estar sujeto a una regulación. De no ser así, su poder monopólico terminaría por asfixiar a su mercado porque, estatal o privado, va a maximizar sus ganancias mediante un mayor precio, una pésima calidad de servicio, o una combinación de ambos males.

La teoría económica es muy clara al respecto. Las distorsiones de mercado aparecen cuando uno o más operadores alcanzan posiciones dominantes, ya sea por monopolio, monopsonio, oligopsonios, oligopolios, etc. Los casos emblemáticos sobre los que se discute en Chile presentan algunas de estas características. La regulación eficiente es la que logra evitar que las corporaciones lleguen a posicionarse en una situación que les permita deformar el comportamiento del mercado. Un buen indicador de la posibilidad de ocurrencia de estas malas prácticas es el tamaño de participación de mercado. Este tamaño es un indicador que bien podría explorarse como gatillante de una regulación que lo limite, porque no es necesario esperar que los comportamientos ilícitos específicos aparezcan, hay que evitar que se genere un caldo de cultivo propicio a que éstos se desarrollen.

Chile está en una posición privilegiada para supervisar los mercados bajo esta óptica. La obligatoriedad de uso de los DTE (documentos tributarios electrónicos) permite conocer con precisión los tamaños de los mercados y las participaciones relativas de todos sus actores, directos, indirectos, intermediarios, etc. En los pocos casos en que el intercambio no está normado con documentos electrónicos, avanzar hacia esa realidad ya no presenta obstáculos significativos.

Pero no son solamente los privados los que distorsionan mercados. También lo puede hacer el Estado al crear situaciones cuyos efectos reales pueden estar a una distancia considerable de lo que pretendían los reguladores. Por ejemplo, ¿cómo es posible garantizar a un operador de autopistas una rentabilidad mínima, sin al mismo tiempo limitar la máxima? ¿Cómo es posible aceptar una tarifa de horario punta a beneficio de la concesionaria, sin obligarla al mismo tiempo a hacer las inversiones para que en la hora punta el servicio sea de la misma calidad que en el horario normal? ¿Cómo es posible que el Metro tenga tarifas diferenciadas en tres tramos horarios si a las personas les es casi imposible cambiar sus horarios de desplazamiento? Planteo estas preguntas solamente para marcar ejemplos en que los investidos del poder para regular no están libres de falta.

Para que los mercados funcionen, la fiscalización económica debe ser de muy alta calidad y sin conflictos de intereses, empezando por no ser juez y parte a la vez. Este rol insustituible del Estado debe ser ejercido con autoridad, independencia y con recursos, dejando en claro que su jurisdicción no debe quedar limitada a los actores del sector privado. También debe tener potestad de fiscalización sobre los poderes del Estado que están en condiciones de establecer regulaciones que distorsionan mercados. Su objetivo determinante debe ser la detección y persecución implacable, severa y onerosa para el infractor causante de cualquier tipo de distorsiones a la libre competencia.

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