Cuando Castilla y Aragón se unieron para construir en España un estado monárquico fuerte y centralizado, tuvieron que unificar a diversos reinos de pueblos muy diversos, tanto étnica como culturalmente y hasta de diferentes idiomas. Para lograrlo, utilizaron como poderoso factor común la adicción al catolicismo romano. Por eso es que sus monarcas se titularon “Su Muy Católica Majestad” y no simplemente “Rey Cristianísimo”, como los monarcas franceses. Pero, al elegir como eje y aglomerante central al catolicismo, España se impuso la obligación de eliminar a las dos multitudinarias minorías religiosamente disidentes que habitaban su territorio, cual eran los judíos y los árabes y moros musulmanes. Ocurre que esas minorías, en los tiempos en que fueron convertidas a la fuerza, eliminadas o expulsadas, conformaban básicamente la burguesía industrial, comercial y financiera del país. Con esa eliminación, España se condenó a un desarrollo predominantemente estatista. De allí en adelante, toda actividad de envergadura, incluida la conquista de un imperio de alcance mundial, fue siempre una empresa estatal.

Pero nunca el estado ha sido el mejor generador de riqueza y desarrollo y, por eso, España siempre fue económicamente más débil y más atrasada que el resto de los estados centralizados de Europa Occidental. Es seguro que no habría podido llegar a ser la primera potencia de su época, si esa debilidad económica no hubiera sido remontada con creces por el saqueo sistemático de las riquezas del Nuevo Mundo. No se puede olvidar que sufrió varias bancarrotas en los reinados de mayor gloria imperial, como fueron los de Carlos V y Felipe II, y que su declive como potencia fue vertiginoso en cuanto se debilitó su control colonial.  

España transmitió su errado estatismo a sus colonias latinoamericanas y él ha sido el factor más relevante en la inferioridad económica de nuestros países en relación a los nacidos de la colonización anglosajona, esencialmente construidos por el más poderoso de los factores económicos que conoce la humanidad desde sus albores, cual es la iniciativa privada.

Ocurre que, de historia propiamente tal, solo conocemos información de los últimos seis milenios, lapso enorme para la historiografía pero insignificante para la biografía de nuestra especie humana. En ese lapso de tiempo constatamos centenares de casos en que estados centralizados política y militarmente crearon enormes y poderosos imperios, pero no conocemos de ninguno que haya sido económicamente potente si es que su estatismo se extendió a la actividad económica. En contraposición, conocemos centenares de casos en que estados pequeños, política y militarmente débiles, se convirtieron en grandes potencias por su importancia económica, siempre producto de la actividad comercial, financiera e industrial de sus ciudadanos privados. Saltan de los textos los casos de las ciudades fenicias, de Florencia, Génova y Venecia, de los Países Bajos y, modernamente, de Hong Kong o Singapur. Con tal abrumadora evidencia histórica, cuesta mucho entender que todavía haya gente que ignora que todo régimen que deprima la iniciativa privada se condena al atraso económico.

La tendencia al estatismo en lo económico le ha causado daños inconmensurables a América Latina, a pesar del ejemplo omnipresente de países anglosajones que han edificado su enorme poderío económico en principios simples y de probada efectividad: un estado estrictamente subsidiario, estabilidad en las normas económicas y tributación prudente y respetuosa de la capacidad de ahorro privado. En las escasas ocasiones en que algún país de la región ha logrado tener un intervalo razonablemente prolongado en que imperan esas condiciones, el progreso ha sido rápido y contundente. Y Chile es, tal vez, el mejor ejemplo de ello si tenemos en consideración gran parte del siglo XIX y, sobre todo, el ciclo virtuoso de los últimos años del gobierno de Pinochet y todo el lapso de la Concertación de Partidos por la Democracia hasta Bachelet II.

En nada ha causado más daño el estatismo que parece enquistado en el ADN de las ex colonias españolas que en las políticas generalmente imperantes para la explotación de las riquezas naturales de estas regiones. El slogan de que esas riquezas pertenecen a todo el pueblo y que, por lo tanto, solo deben ser explotadas por el estado para traspasar sus beneficios a su población, ha sustentado más miseria de la que es posible mensurar. Y ello, porque el estado descapitaliza esas explotaciones para sustraer sus excedentes y nunca les deja recursos suficientes para una expansión verdaderamente potente. Como esto se complementa con la negativa a aceptar explotaciones extranjeras o privadas, el país se convierte en una especie de dragón durmiendo sobre un lecho petrificado de oro que no le sirve a nadie para nada.

Las cifras son elocuentes al respecto: cuando Chile estatizó la minería del cobre, el país bordeaba las 600.000 toneladas anuales de producción.  Durante el gobierno de Allende, la producción cayó a poco más de 400 mil toneladas y la capacidad instalada a ese momento escasamente habría podido sustentar una producción de 700 mil toneladas. Hoy día Chile produce cerca de seis millones de toneladas y los ingresos que proporciona esa explotación, que hoy es mayoritariamente privada, son básicamente los que sustentan el enorme progreso económico que experimentó el país en el periodo que estamos irresponsablemente abandonando en sus prácticas.

Es frecuente escuchar que América Latina es el continente de la eterna esperanza pero de la amarga realidad. Esto seguirá siendo así mientras no erradiquemos el síndrome del hipertrofiado estatismo económico y nos terminemos de convencer de que la clave del progreso está en un vigoroso sector privado, convenientemente controlado y fomentado, asociado a un estado que verdaderamente entiende que su rol es erogativo y no productivo. Si no queremos convencernos de ello, miremos al norte donde nunca han imperado slogans tan idiotas como “el cobre para solo los chilenos”, cuando en realidad eso no significa nada si es que sigue enterrado bajo tierra y sin explotar porque el estado no tiene recursos ni tecnología para ello.

Hagamos un esfuerzo por comprender que un tesoro enterrado vale menos que una simple moneda rodando ahora por el mundo real.

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