Antes del proceso constituyente en curso, se levantó el mito de que la Constitución vigente era “tramposa”, en parte por lo rígida que era su reforma: se exigen 3/5 del quórum de aprobación en ambas cámaras para ciertos capítulos, y 2/3 para los que se consideraron más importantes. Basta recordar que el proceso constituyente actual también requiere de 2/3 de la aprobación de los convencionales.

Lo primero que hay que indicar, que la reforma constitucional es un proceso que la doctrina constitucional cataloga como de “defensa de la Constitución”. Efectivamente, tanto como la Justicia Constitucional asegura que ninguna norma se escape de los límites de la Carta Fundamental, y, en períodos de irregularidad, los estados de excepción constitucional hacen lo suyo en mantener la vigencia de ésta con mayores restricciones, la reforma constitucional cumple este mismo rol. Evita la pérdida de legitimidad por la distancia que se pueda producir entre el texto constitucional y la realidad político-social, lo que a su vez permite la adaptabilidad de la Carta a las nuevas exigencias sociales. En otras palabras, que la Constitución tenga una larga vida como compromiso político.

Los datos de las constituciones del mundo destruyen el mito de que necesitamos una Constitución flexible, es decir, fácilmente reformable por una mayoría absoluta del Congreso. En efecto, el estándar, al comparar 184 constituciones del mundo (ejercicio que he hecho recientemente) nos lleva a observar que el 50% de ellas requiere de 2/3 o quórums superiores de aprobación de la reforma. A esto se añade que algunas exigen que el nuevo parlamento ratifique la reforma aprobada, o demandan votaciones sucesivas -con períodos entre tres a seis meses- para finalmente tenerla por aprobada. Dentro del contexto mundial, la Constitución vigente es incluso un poco más flexible que el estándar internacional. Es decir, el mito de que la Constitución era muy rígida, y que ello habría detonado el “estallido social” no se sostiene con los datos, ya que de lo contrario tendríamos que poner en alerta a más de 90 países del riesgo de estallido que corren.

La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención no ha llegado a la misma conclusión, y pretende flexibilizar el proceso de reforma a una aprobación del Congreso por mayoría absoluta y un plebiscito ratificatorio. Esto es un error: se despoja a la Constitución del carácter de acuerdo político básico de la sociedad, que reclama un amplio consenso para su aprobación y futura reforma. En ese sentido, rebajar el quórum no es aconsejable, y permitirá que las mayorías que transitoriamente estén en el poder puedan cambiar sin mayores trabas el texto constitucional.

Por otra parte, los plebiscitos ratificatorios automáticos, tal como están propuestos, también producen un grave problema. Ya en otra columna me referí al rol de los plebiscitos, distinguiendo a aquellas consultas que son “desde arriba”, es decir cuando los órganos le preguntan al pueblo si quieren reformar su Constitución. La intervención de los partidos políticos, y de las élites en general, pueden tener la capacidad de “manipular” la decisión que va a ser sometida. Además, la formulación de la pregunta sometida a plebiscito no es siempre neutra, y a veces es derechamente inductiva. Cuando hablamos de los mecanismos “desde abajo”, es decir una iniciativa popular que proponga un cambio constitucional, la situación, según la doctrina especializada, es distinta y no se perciben mayormente los riesgos antes mencionados. Eso sí, aun cuando sea la iniciativa de un sector del pueblo, requiere de un acuerdo del Congreso. Recordemos que en esto consiste el principio de representación popular moderno: no estamos hablando de democracia directa, sino de mecanismos que nutren las decisiones de nuestros representantes.

En algunos sistemas, como el italiano, si hay un acuerdo de los 2/3, entonces no se hace necesario el plebiscito. Plebiscitar toda reforma incluso nos puede llevar al extremo de que un cambio menor, no sea viable en lo práctico, al requerir de un proceso plebiscitario, con todo lo que ello implica. En otras constituciones, como la austríaca, además deben intervenir los estados. Si Chile está transitando a un Estado Regional, entonces las regiones tendrán mucho que decir al momento de introducir cambios a la Constitución.

En tal sentido, parece mejor idea mantener los 2/3 para cualquier reforma constitucional, tal como es el estándar mundial, y entregar la posibilidad de iniciativa popular para promover una reforma, que luego tendrá que ser aprobada por el mismo quórum por el Congreso. La rigidez constitucional tiene un valor fundamental de permitir la estabilidad política, de encuadrarnos dentro de los límites impuestos por nuestro compromiso social representado en la Constitución. La flexibilidad excesiva, como la que algunos sectores proponen, hará que la vigencia de los preceptos esté a la deriva de las mayorías que se produzcan en un momento determinado, y que, por cierto, luego serán revertidos cuando las mayorías vuelvan a cambiar. 

*Sebastián Zárate-Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile

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