Hemos llegado al punto en preferir la “Constitución de Atria” a la Constitución de la Convención. La primera sería una mesa puesta patas arriba, y si dijéramos que las mesas se ocupan al revés, nos responderían que -como siempre- no entendemos lo que sí es una mesa.  La segunda sería como arrojar la madera, los clavos y el martillo y decir que lo quedó en el suelo es una mesa, aunque no se vea como una. Así nos tienen.

Desde que inició el proceso constituyente, escuchamos académicos, expertos y políticos que explicando las dos tareas básicas de una Constitución. La primera, distribuir y limitar el ejercicio del poder mediante un sistema de pesos y contrapesos, y la segunda, consagrar los derechos y libertades de las personas, y los mecanismos para hacerlos valer.

Las críticas, que llueven de derechas e izquierdas, no hacen mella en los convencionales. Insisten en mantener un Senado cojo, ciego y mudo ante una Cámara de Diputadas y Diputados que concentra demasiadas funciones y poder. A esto se le suma que la definición de su composición ya no sea sólo paritaria pues le suman escaños reservados para los pueblos originarios y los movimientos LGTB, lo que es una versión aún menos democrática que la actual Convención.

Luego de la pelea sobre cuál sería la figura que acompañaría al Presidente el poco poder que le dejaron debe compatibilizarlo con los nuevos feudos en que se convertirán las regiones y comunas. “Plurichile”, cantaba un convencional indígena hace unas semanas, burlándose del himno nacional, pero haciéndole justicia a las normas aprobadas, pues una señala que nuestro país está conformado por diversas naciones. ¿Quién puede gobernar con un país fragmentado en regiones independientes y pueblos con autodeterminación política? ¿El diálogo y las visitas no anunciadas? Si el pasado y el actual gobierno ya nos demostraron lo difícil que es mantener la seguridad ciudadana, el orden público y la unidad nacional bajo la Constitución de 1980, ¿Por qué deberíamos creerles a los que diluyen estos conceptos, que podrán dar paz y orden bajo una Constitución que divide y anarquiza?

De un solo Poder Judicial pasamos a varios Sistemas de Justicia, con reconocimiento a una Justicia Indígena sin límites claros y someterse a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su independencia externa es aplastada ante la creación de un Consejo Político que evalúa y remueve a sus integrantes. Su función principal, impartir justicia, se deforma con la inclusión de la igualdad sustantiva y la perspectiva de género: “de una justicia ciega a una con lentes violeta” cantaron las feministas. Quizás el título del capítulo debiera ser “Sistemas de Justicias Indígenas, Feministas y No Dependientes”.

Nuevos órganos identitarios entran triunfalmente al borrador. Defensorías del Pueblo (o de algunos del Pueblo) y de la Naturaleza, Consejos del Medio Ambiente y otro para la Transición Productiva Socio-ecológica, pero también para la Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición y otro más para los Pueblos Indígenas. ¿Quién fiscaliza todo esto? ¿Cómo se compatibiliza el poder de estos órganos y sus filiales regionales?

En vez de destinar el poco tiempo para analizar y mejorar lo que ya teníamos, no perfecto, pero tampoco absolutamente imperfecto, la refundación ha consistido en crear más órganos estatales, en un país fragmentado en territorios y grupos humanos. Pero lo que nos están entregando no es mejor. Han tenido que correr plazos y hacer reuniones sin actas para alcanzar acuerdos mínimos y “transversales” y no para ofrecer mejoras máximas y sustanciales.

La No Constitución es la que no asegura la distribución del poder ni contempla un diseño bien pensado de un complejo sistema de engranajes que permiten a la máquina funcionar. Esto comienza por una clara separación y mutua fiscalización de poderes estatales y la regulación básica de pocos y esenciales órganos para el funcionamiento del país, y no una fusión de atribuciones en un archipiélago de oficinas burócratas por cada nuevo órgano incluido en el hipertrofiado aparato estatal. Eso nos ofrece la Convención, y Chile no se lo merece.

*Roberto Astaburuaga Briseño, abogado Comunidad y Justicia

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