Sabemos que en el entramado social de todo país son necesarios ciertos elementos mínimos que aseguren el orden, la justicia y la paz. Por ello, la creación y regulación de instituciones públicas que se reparten y ejercen el poder son un medio para ello. Pero, todo ese orden está subordinado al ser humano.

La primacía de la persona es lo que fundamenta las regulaciones normativas. La eliminación o sustitución de ese principio por uno distinto, como el de la primacía del Estado, no se soluciona corrigiéndolo con acuerdos sobre cambios de atribuciones, reposición de límites o incremento de la participación privada, pues es la base misma, aquella que ilumina y sirve de principio orientador y de interpretación, la que ha sido removida. Es decir, por muchos parches que se le pongan, igual hace agua. 

Con la Convención, la izquierda, no sabemos muy bien cual, se sacó la máscara. Fue el lugar donde mostraron cuál es la visión de la persona, de la sociedad y del Estado que tienen. 

La izquierda tradicionalmente ocupa dos caballitos de batalla: un Estado socialista y colectivista más grande que garantice mayor igualdad y acceso a servicios básicos, y una visión progresista de la persona sustentada en la autonomía de la voluntad.

La derecha responde con un Estado mínimo y un sistema económico al que es difícil ponerle riendas, pero en vez de atacar al progresismo, encuentra conveniente unírsele bajo la justificación del liberalismo. Así, la comprensión y aplicación de la subsidiariedad solo en clave económica, no solo permitió que las ideas estatistas de izquierda avanzaran, sino que desprotegió al núcleo fundamental de la sociedad al sumar el liberalismo al progresismo.

Por eso, no sorprende que el discurso colectivista de la izquierda encuentre una fuerte respuesta capitalista en la derecha, pero el discurso progresista o se acepta o se valida con el consentimiento tácito liberal. 

Es necesario defender públicamente que los padres son los primeros educadores y que el límite del interés superior del niño que se les impone no es sino otra variante dialéctica propia de la ideología marxista. Se debe alertar que el artículo sobre educación sexual integral (el que busca “erradicar los estereotipos de género”) es la puerta para el adoctrinamiento de género al que se pueda exponer a los niños.

También se debe discutir sobre las bases constitucionales instaladas para restringir o eliminar la objeción de conciencia personal e institucional. En el tema del aborto, hay que aclarar cuantas veces sea necesario que no es un derecho, sino la aplicación de la pena de muerte a una persona que no ha nacido.

Y no podemos olvidar que millones de chilenos a lo largo de nuestro país y a través de la historia tienen derecho a profesar su fe y que las agrupaciones religiosas tienen una autonomía que es anterior al Estado y que este debe respetar y no condicionar, como ocurre con el borrador constitucional.

Un ejemplo de la defensa pública de estos bienes ocurrió esta semana en la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputado, al votar el proyecto de ley que eliminaba la pena de muerte del Código de Justicia Militar, el diputado DC Miguel Ángel Calisto argumentó su voto señalando que la defensa del derecho a la vida aplica también para los casos de aborto y eutanasia. 

La vida de todas las personas desde el inicio de su existencia hasta su muerte natural, el hecho religioso, la fe y el reconocimiento de las confesiones religiosas, la conciencia de objetores y niños y la promoción de la familia matrimonial, son bienes fundamentales que no merecen la misma defensa y protección que otros bienes, sino uno mayor, pues será su correcta identificación, protección y promoción lo que permitirá sentar las bases para alcanzar la anhelada paz social que Chile necesita.

Para ello, necesitamos de hombres y mujeres, políticos y ciudadanos, valientes y formados, que no duden en luchar por estos bienes mínimos de las personas y de la sociedad. 

*Roberto Astaburuaga Briseño – Abogado Comunidad y Justicia

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