Los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales han votado iniciativas convencionales en materia de educación. Como era obvio, las que reconocían expresamente la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos fueron rechazadas. 

Ya sabemos que el proyecto de Constitución no respetará los derechos que corresponden por naturaleza a la familia. Muchos se sorprenden del abismo que separa a las visiones enfrentadas en la Convención en materia educativa. Algo que parece tan obvio resulta en dos posiciones absolutamente incompatibles. No obstante, si lo pensamos bien, sería raro lo contrario, es decir, que existiera acuerdo en los medios -cómo impartir educación- sin un acuerdo previo en el fin: ¿Para qué educar? ¿En qué consiste una buena educación? ¿Por qué la educación es socialmente deseable?

En efecto, la discusión sobre el rol de los padres en la educación de sus hijos y sobre la diversidad de proyectos educativos exige primero responder a esas interrogantes fundamentales. La diversidad de proyectos educativos garantizaría, en principio, que las familias tengan alternativas para educar, alguna de las cuales se adecúe a sus convicciones. La diversidad de proyectos educativos, o, como señala la iniciativa del Frente Amplio, una contribución al “pluralismo educativo”, sería positiva como un bien en sí mismo. Ambos sectores han acudido a este argumento liberal: la diversidad buscada por sí misma. Sin embargo, esta razón es insuficiente, pues significa desconocer el fin de la educación. Y es que se olvida responder a las preguntas fundamentales del problema.          

Educar no significa impartir ciertos contenidos -entregar información-, ni “dar las herramientas para subir en la escala socio-económica”. Educar es conducir al hijo a su bien integral, tanto en su dimensión corporal como espiritual, es decir, conducir y promover que cada uno de los niños y jóvenes sean más humanos, personas completas, pero sobre todo buenas personas: ciudadanos que con su trabajo sean un aporte para la sociedad, que sean honestos, generosos, justos, responsables, solidarios. En último término, es conducirlos a su fin último trascendente.

Así entendida, la educación no es sólo un derecho preferente de los padres, sino que también un deber para con sus hijos y la sociedad. Se trata de un deber irrenunciable, y no de una facultad que ejercen arbitrariamente, aunque tienen todo el derecho de exigir a terceros que no interfieran en el ejercicio que ellos hagan de su rol educador. Ellos tienen un papel insustituible en la educación de sus hijos, pero que no se agota en el ejercicio de una libertad vacía.

Atendida la correcta finalidad personal de la educación, la diversidad de proyectos educativos -si bien es necesaria- no es suficiente por sí misma para garantizar dicho objetivo. Se ha criticado que la Convención haya aprobado un artículo sobre Educación Sexual Integral con características específicas, ideológicas y hedonistas, pero ese no es el problema de fondo. Dicho artículo es criticable sobre todo porque corrompería a los niños (el reciente escándalo del mural en el Parque San Borja muestra a qué nos referimos). Hay límites. Hay cosas que simplemente no educan, no son formativas, sino que más bien deforman a la persona. Si un establecimiento educacional, amparándose en la libertad de enseñanza -“diversidad de proyectos educativos”-, tiene un proyecto educacional hedonista e ideológico el problema subsiste. ¿Acaso no se le hace el mismo mal al hijo, aunque el padre lo consienta? Alguno podrá decir que los padres, en ejercicio de su libertad, pueden elegir esa educación, pero que no se les puede imponer. El problema es que no hay libertad sin verdad, y una verdadera educación debe buscar el bien de los educandos, una verdadera realización, pues el fin de la educación consiste en la madurez moral de la persona.

Como dice Platón, “aprender a alegrarse y dolerse como es debido, en esto consiste una buena educación”. Los padres son quienes más y mejor conocen a sus hijos, y esa es la razón por la que son los primeros en poder y deber decidir: su derecho es respuesta a un deber irrenunciable y saben cuál es el verdadero bien para sus hijos ¿Quién quiere más su bien total, al punto de estar dispuesto a sacrificarse por completo, día a día, por alcanzarlo? ¿El burócrata, el erudito, el ideólogo? No. Su papá y su mamá.

Ambos derechos no pueden erigirse únicamente en un derecho a elegir. La elección es verdadera cuando es entre bienes, pues nadie, en su sano juicio, elige el mal para sí mismo ni para otros, ni mucho menos para los hijos. Si los padres tienen o no estos elementos a la vista, la elección y la educación misma se hará buscando el mejor bien para sus hijos. 

En resumen, son los padres los que pueden y deben fundar, mantener, dirigir y elegir establecimientos educacionales y proyectos educativos, sobre la base de buscar el verdadero bien para sus hijos, y no en una libertad negativa que a ratos pareciera no diferenciarse de la estatal propuesta por cierta izquierda. Ambas olvidan el rol de la educación. 

Sin duda que, ante el estado de la cuestión en la Convención, es casi ridículo pelearse por estas discusiones que, a ojos de muchos, parecen exquisiteces terminológicas. Sin embargo, de cara a una larga batalla cultural que se aproxima a pasos agigantados, quizás sea conveniente volver a estos conceptos fundamentales para, desde ellos, pensar en un verdadero reconocimiento y protección de los derechos que por naturaleza son inherentes a la persona humana.           

* Roberto Astaburuaga B. es abogado de Comunidad y Justicia

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