El jueves 12 de mayo, finalizó definitivamente el trabajo de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad al rechazarse todos los artículos de la última propuesta del catálogo de derechos de pueblos indígenas. De las muchas sesiones y asesorías destinadas a esta comisión, solo un artículo pasó al texto de propuesta de nueva Constitución, en la primera votación del catálogo realizada por el Pleno. La referida comisión, integrada por 25 convencionales, acabó su labor con más penas que glorias, con polémicas ligadas al mal uso de los recursos públicos y con mucha menor participación e incidencia de la que sus ideólogos y artífices esperaban.

El contraste entre el inicio, el desarrollo y el final fue tremendo. El germen de esta comisión se encuentra en la elección de 17 escaños reservados para personas pertenecientes a los pueblos indígenas chilenos. Ya en la instalación de la Convención Constitucional hicieron sentir su presencia a través de la simbólica presidencia de Elisa Loncón. Luego, se formó una Comisión Provisoria de Participación y Consulta Indígena, que se constituyó mayoritariamente por escaños reservados -destacándose la exclusiva presencia de Rojas Vade- que luego dio paso a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, de carácter permanente e integrada por todos los escaños reservados.

Entre julio y agosto de 2021, se inició el desarrollo de la temática indígena en la Convención. Esta estuvo marcada por la fuerte presión de los grupos de escaños reservados y por otros, afines, para colocar sobre la mesa conceptos como plurinacionalidad, escaños reservados en todos los cargos públicos, plurilingüismo, pluralismo jurídico, libre determinación, autogobierno y soberanía indígena, descolonización del territorio y la cultura, entre otras ideas.

De acuerdo con la información disponible en el sitio web de la Convención Constitucional, la Comisión Provisoria sesionó por última vez el 28 de julio del referido año, y la Comisión permanente sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad comenzó a sesionar el 2 de noviembre de 2021. 

Durante el 2021, los escaños reservados y los convencionales que comparten la matriz decolonialista se prodigaron arengas, aplausos y convocaron a afamados teóricos internacionales, como el importante ideólogo Boaventura de Sousa Santos. La Teoría de la Retroexcavadora del senador Jaime Quintana quedó reducida al nivel de un juguete en comparación a las enardecidas promesas de cambiar radicalmente el país, en aras de un reconocimiento del Estado como indígena y la reivindicación de sus derechos históricos.

Fueron los escaños reservados y los demás convencionales que los secundaban los que instalaron discursos y conceptos revanchistas, en la lógica de (nosotros) víctimas vs. (ellos) colonizadores.

Sin embargo, durante el 2022 la Comisión, ya de carácter permanente, con un reglamento especial con competencias claras en orden a su fin, se vio enfrentada al arduo trabajo de diseñar el proceso de Consulta Indígena. Aquí empezaron a surgir roces entre los escaños reservados, al punto de que duras recriminaciones fueron transmitidas en vivo, alcanzando incluso a una Secretaria abogado de la Comisión, cuando la convencional Linconao solicitó su renuncia inmediata.

Junto con las discordancias y formación de facciones al interior de los escaños reservados, los enardecidos discursos amainaron y comenzó a percibirse cierta timidez frente a la magnitud del trabajo que significaban las promesas que los escaños reservados hicieron. Se hizo urgente que la Comisión realizara un trabajo intenso y concreto. Sin embargo, los resultados dan cuenta de que, en realidad, poco se trabajó.

La Comisión empezó a sesionar durante 20 a 30 minutos una vez a la semana y solamente para escuchar los avances de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, órgano al cual la Comisión le traspasó toda la responsabilidad del diseño e implementación del proceso, cargaron sus integrantes con el real peso del trabajo, que debieron realizar contra el tiempo y en forma ad honorem.

Por supuesto, que no resultó exitoso este método de trabajo, pues la Secretaría a duras penas pudo cumplir -si es que lo hizo- y el proceso de consulta indígena a nivel nacional se desarrolló carente de toda relevancia. Solo participaron 7.549 personas, lo cual es casi 9.500 personas menos que la Consulta Indígena del 2017 promovida por el gobierno de Bachelet. Cabe precisar que la expectativa de los escaños reservados cifraba en 40.000 personas la participación. De todos modos, resulta bastante baja la expectativa de los escaños reservados, cuando las personas indígenas chilenas bordean los 2 millones de personas, 7 o 40 mil es una cifra ínfima de representación. 

Todo lo cual conforma un lamentable final, considerando que los contribuyentes chilenos, a través del Estado, destinaron cientos de millones de pesos para este proceso y todavía es bastante oscuro en qué y con quién la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad gastó ese dinero. 

¿Resultó innecesario todo este esfuerzo? Pareciera que sí, puesto que las comisiones temáticas aprobaron muchas normas con contenido indígena, sin que estas normas fueran consultadas a los pueblos indígenas en modo alguno. Al final, los políticos -sean de partidos, escaños reservados o de movimientos independientes que rápidamente se disolvieron- decidieron por las personas indígenas, a quienes solo les queda votar el 4 de septiembre de 2022 -junto a los demás ciudadanos-, si es que la propuesta de texto de nueva Constitución permite obtener cambios constitucionales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y faciliten el bien común entre nosotros. 

René Tapia Herrera – Abogado LyD

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