El Pleno de la Convención acaba de aprobar nuevas normas del capítulo de derechos fundamentales. Una de ellas, de gran importancia, se refiere a la titularidad de tales derechos y dispone en su inicio que las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente.

Luego añade que los Pueblos y Naciones Indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos, y termina diciendo que la Naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables.

La norma, como se aprecia de su sola lectura, introduce una innovación significativa en nuestra tradición constitucional al incluir a los Pueblos y Naciones Indígenas como titulares de derechos, y también a la Naturaleza, inclusión que seguramente está inspirada en lo dispuesto en constituciones latinoamericanas recientes.

Pero, a pesar de su importancia, no es a esta novedad constitucional a la que me referiré, sino a otra innovación y que restringe la titularidad de derechos fundamentales.

En efecto, nada se dice, en cambio, de la titularidad de derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas. Contrasta esta situación con lo dispuesto en la Constitución vigente, la cual, en el encabezamiento de su artículo 19 que contiene el listado de derechos humanos reconocidos y protegidos, expresa que la Constitución asegura a todas las personas, enunciado genérico que incluye, por consiguiente, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas.

La omisión de las personas jurídicas como titulares de derechos fundamentales no significa, sin embargo, que la Convención les desconozca por completo sus derechos, pero utiliza una técnica constitucional que tiene riesgos considerables y puede originar en el futuro problemas jurídicos graves y de difícil solución.

Esa técnica consiste en que el texto constitucional señala de modo expreso, al ocuparse de un derecho fundamental, si el titular del mismo serán únicamente las personas naturales, o también las jurídicas. Es lo que ha hecho hasta ahora la Convención al reconocer derechos como la libertad religiosa, la libertad de expresión y opinión, la libertad de emprender y el derecho de propiedad, cuya titularidad se reconoce explícitamente a las personas jurídicas.

El problema surge respecto a los derechos fundamentales cuya titularidad no se reconoce a las personas jurídicas de modo expreso en el texto de la Constitución. Tal omisión, no plantea problema alguno si, por la propia índole del derecho, por ejemplo el derecho a la protección de la salud, este no es susceptible que lo tenga una persona jurídica.

Pero, hay otros derechos constitucionales, ya aprobados por el Pleno, como la inviolabilidad de los recintos privados y de la documentación existente en ellos, y asimismo el derecho de petición, de los que sí pueden ser titulares las personas jurídicas y cuyo ejercicio y protección debieran serles reconocidos.

Lo mismo puede decirse de importantes garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, la protección judicial de los derechos e intereses de las personas, la igualdad tributaria y la no discriminación arbitraria en materia económica, por señalar solo algunas, en que pudiera excluirse el reconocimiento explícito de tales derechos en favor de las personas jurídicas y darles un trato discriminatorio que las perjudique. Tal es, a lo que se conoce, lo que ocurriría con las universidades que no sean del Estado.

¿Qué hacer entonces? Lo mejor sería un reconocimiento general y expreso de la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas. Si no es posible, procurar que el texto particular de cada derecho las mencione, o que la Comisión de Armonización repare las omisiones en que se ha incurrido respecto de las personas jurídicas. Porque, si se priva a estas de importantes derechos fundamentales, quedarán de algún modo indefensas y no podrán llevar a cabo lo que de ellas se espera como grupos intermedios relevantes en la sociedad civil.

*Raúl Bertelsen- Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes

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