El funcionamiento frenético de la Convención Constitucional estas últimas semanas no ha permitido reparar en una decisión muy importante: la supresión en el texto de la Constitución del reconocimiento y garantía de la propiedad industrial.

Actualmente, la Constitución garantiza la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Es, la citada, una norma que tiene sus antecedentes en las Constituciones de 1833 y de 1925, perfeccionada en la Constitución de 1980 y que contemplara también el Proyecto Bachelet de 2018.

La eliminación de la propiedad industrial del texto de la Constitución revela un rechazo de las diversas formas que ella reviste y cuya desaparición en el país, si llegara a producirse, provocaría un descenso en la calidad de vida de la población, en la economía del país y en la investigación científica. Piense, cada uno, en los productos que no veríamos más si las marcas que los protegen desaparecieran y en la falta de incentivo que significaría la desprotección de las patentes de invención y de nuevas tecnologías que pudieran crearse en Chile.

La desprotección constitucional de la propiedad industrial, sin embargo, no significa que vayan a desaparecer de inmediato las marcas comerciales que conocemos en nuestra vida cotidiana y todas las tecnologías que disfrutamos, pero sí un debilitamiento en su protección y una mayor incertidumbre respecto a su existencia futura.

En efecto, eliminar la  propiedad industrial de la Constitución no significa que todas las formas en que ella se manifiesta dejarían de existir cuando el texto de la nueva Carta Fundamental entrare a regir -si es que se aprueba en el plebiscito de salida-, porque lo impide una de las normas que limita la competencia de la Convención Constitucional.

Es así porque el artículo 135 de la Constitución, introducido en la reforma que posibilitó la existencia de la Convención Constitucional, dispuso que la nueva Constitución debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. De ahí que, aunque la Constitución no mencione la propiedad industrial, ella no dejará de existir en Chile y tampoco podrá eliminarla la legislación futura, pero sólo en virtud de los compromisos internacionales contraídos con anterioridad sobre marcas comerciales, patentes de invención y otras modalidades de propiedad industrial, y no ya porque la Constitución lo impida.

Este resguardo de la propiedad industrial basado en el Derecho Internacional y no más en la Constitución del país, debilita su reconocimiento y genera una gran incertidumbre cara al futuro. Por una parte, el país, en la medida que lo permitan los tratados internacionales sobre propiedad industrial que ha firmado, podría retirarse de ellos, lo que los liberaría de cumplir las obligaciones emanados de los mismos, y quedaría entonces habilitado para aprobar una legislación restrictiva en la materia, o que incluso no reconociera o dejara de garantizar algunas de las formas de propiedad industrial que Chile, desde 1833, protege en su Constitución.

*Raúl Bertelsen- Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes

Deja un comentario

Cancelar la respuesta