Quedan pocos días para que el Pleno de la Convención termine de aprobar las normas que formarán parte del texto de la futura Constitución. Sin embargo, falta un buen número de ellas -y no de las menos importantes- sobre las que todavía no hay acuerdo.

Así, y por referirme primero a la parte orgánica de la Constitución, no hay certeza acerca de cuáles serán todos los órganos e instituciones encargados de ejercer el poder del Estado y menos aún cuáles serán sus atribuciones.

Es cierto que se mantiene el Presidente de la República a la cabeza del Poder Ejecutivo, y que -teóricamente- habrá un Legislativo bicameral. Pero el Senado desaparecerá, reemplazado por una anodina Cámara de las Regiones, y la Cámara de Diputados se transformará en un Congreso Plurinacional.

Ignoramos qué atribuciones tendrá la Cámara de las Regiones, pero todo indica que, más que un bicameralismo asimétrico lo que habrá es un bicameralismo nominal que encubre el predominio incontrastable de una sola de las cámaras, el Congreso Plurinacional.

A su vez, la relación entre esta nueva cámara y el Presidente de la República no está afinada. Si bien se ha descartado una forma de gobierno parlamentaria o semipresidencial, bien pudiera ocurrir que el régimen de gobierno fuera un presidencialismo de fachada en que predominara de facto el Congreso Plurinacional. No es esta una suposición antojadiza sino la impresión que surge al conocer las atribuciones que se postulan para el mismo en la aprobación de las leyes y lo que pudiera ocurrir con las acusaciones constitucionales.

La incertidumbre se extiende también sobre otros órganos constitucionales. No se discute la existencia del Banco Central, pero sí el nombramiento de sus consejeros, sus atribuciones y su relación con el Presidente de la República, por lo que el Banco bien pudiera dejar de ser la institución autónoma y exitosa que conocemos, cuyo objetivo principal es velar por la estabilidad de la moneda. 

Mayor es, no obstante, la incertidumbre sobre otros órganos constitucionales de los cuales ni siquiera es cierta su existencia. El Tribunal Constitucional, al parecer, será sustituido por una Corte Constitucional, con facultades de control de constitucionalidad de las leyes notoriamente disminuidas, y a la que le correspondería el conocimiento de los requerimientos de inaplicabilidad que no podría ser interpuesto por las partes de todo proceso sino por los jueces.

Tampoco la existencia de Carabineros es segura, pues poco ha trascendido sobre la configuración de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la nueva Constitución. Mucho se ha hablado de refundación o reforma de Carabineros, y se ha puesto en duda su carácter de cuerpo armado, a pesar que este es uno de los puntos más sensibles en un Estado que se ha definido como plurinacional y con autonomías territoriales e indígenas.

Asimismo en materia de derechos, sobre todo en lo relativo a los derechos sociales, los puntos en discusión son relevantes. No se sabe con certeza cuáles serán las aspiraciones que serán reconocidas constitucionalmente como derechos sociales, ni tampoco se ha decidido si instituciones privadas podrán participar en la ejecución de acciones de salud y educativas, o en la provisión de los beneficios de la seguridad social y, de admitirse su participación, en qué condiciones. Y no olvidemos el financiamiento de todas estas prestaciones, pues ellas no se garantizan con solo decir que lo proporcionará el Estado sin indicar los medios específicos de recursos con que se contará.

Podría seguir enumerando otros asuntos relevantes en que se mantiene una gran incertidumbre sobre su regulación constitucional. Pero me contento con mencionar solo uno, la minería. En una economía como la chilena, en que la actividad minera es -lejos- la más importante, no sabemos el papel que corresponderá al Estado y a los privados. Tampoco, si habrá concesiones mineras estables y protegidas, como las que existen, o únicamente permisos administrativos temporales y revocables. 

Quedan pocos días para que termine abril en que debieran decidirse estos asuntos, pero todo parece indicar que muchos de ellos quedarán para “mayo”.

*Raúl Bertelsen- Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes

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