El preámbulo de la propuesta de nueva Constitución se refiere al “pueblo de Chile, conformado por diversas naciones”. Luego, el primero de los artículos define al Estado chileno como “plurinacional, intercultural, regional y ecológico” (art. 1). El artículo siguiente se refiere a la soberanía, la cual “reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas nacionales” (art. 2.1). Finalmente, este paradigma conceptual queda cerrado en el quinto artículo, donde se “reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones” (art. 5.1), los cuales tienen la categoría de preexistentes. La misma norma menciona cada uno de los pueblos indígenas reconocidos por la Ley Indígena vigente, con dos novedades: eleva al mismo rango al pueblo Selk’nam (en general, considerado extinto) y abre la posibilidad del surgimiento-reconocimiento de nuevos pueblos indígenas “en la forma que establezca la ley” (art. 5.2).

Sabiendo que los pueblos indígenas constituyen una minoría que ronda entre el 5 al 10% de la población nacional (dependiendo de la fuente de los datos que se usen para medir la población indígena), ¿en qué afecta la plurinacionalidad y sus implicancias al resto de los ciudadanos? La respuesta está en el concepto mismo de plurinacionalidad: el rol del Estado, es decir, la acción pública financiada por todos los chilenos, está orientada a favorecer a los pueblos indígenas en todo orden de cosas. La propuesta de nueva Constitución es clara: “Es deber del Estado respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y nacional, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones” (art. 5.3). Finalmente, es necesario destacar que “en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía; al autogobierno (…)” (art. 34).

Este grandilocuente reconocimiento de derechos y prerrogativas tiene su centro en que a los pueblos indígenas se les garantiza, no solamente derechos colectivos políticos, sino que también se les asegura una efectiva participación en la distribución del poder del Estado.

Lo anterior tiene enormes repercusiones, especialmente desde el punto de vista dogmático del derecho político chileno. La Nación Chilena ha sido invariablemente el sujeto político en el cual todas las Constituciones de la República de Chile, han depositado la soberanía. En este concepto, las personas indígenas siempre han sido consideradas parte integrante de la Nación Chilena y bajo ese paradigma se fundó la República. A modo ejemplar, en 1812 José Miguel Carrera encarga el diseño de la primera bandera y escudo nacional, la cual representa a una lanza y palmas cruzadas sobre una columna representativa del árbol de la libertad, custodiada por dos indígenas. A su vez, el historiador Joaquín Fermandois (La democracia en Chile. Trayectoria de Sísifo, Ediciones UC, 2020) destaca que hasta 1973, hubo 9 diputados mapuches en el Congreso Nacional. Por último, destaca el hecho de que el himno nacional chileno, en su IV estrofa hace alusión a la sangre del altivo araucano que “nos legó por herencia el valor”.

De ahí que no sea baladí el cambio sustancial que la propuesta de nueva Constitución promueve: el soberano ya no es la Nación Chilena, entendida como el pueblo chileno políticamente activo a través de plebiscitos y elecciones periódicas como indica el art. 5 de la Constitución vigente; sino que el soberano y el poder constituyente recae en “el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones” (art. 2). He ahí el fundamento de que los pueblos y naciones indígenas “deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos” (art. 191. 2), pues en la medida que toda la doctrina del texto constitucional está atravesada por la plurinacionalidad y la distribución del poder con las naciones indígenas, es muy difícil encontrar algún aspecto que no afecte de alguna forma los derechos reconocidos en esta Constitución a los pueblos indígenas.

Dada la categoría superior y privilegiada que estas nuevas naciones adquieren dentro del derecho constitucional chileno, es acertado afirmar que la propuesta de nueva Constitución genera grandes incentivos a la división de Chile en naciones autónomas, tanto en lo territorial como en lo político. Esto constituye un grave riesgo para la integridad territorial del país. Cabe destacar que la mayor parte de los integrantes del pueblo Quechua y Aymara son extranjeros (ciudadanos bolivianos y argentinos).

Por otro lado, la existencia de grupos armados que, aprovechándose del nombre del pueblo mapuche, han realizado diversos actos terroristas -homicidios incluidos- para reivindicar un supuesto territorio ancestral que debe ser independiente del Estado de Chile -por tanto, con soberanía nacional mapuche y libre determinación (un lenguaje peligrosamente parecido al del nuevo texto constitucional)-, donde la expulsión de los no indígenas es una de las implicancias prácticas de esta autonomía territorial indígena. De aprobarse la propuesta de nueva Constitución, ¿cuál será el incentivo para los grupos violentistas e indigenistas que comparten fronteras con Chile? Es de público conocimiento que el Estado de Chile tiene un pobre control de las fronteras nacionales.

Finalmente, cabe destacar que, en un contexto en que el lema “aprobar para reformar” se imponga entre los indecisos y el centro, se debe advertir que dicha opción es políticamente inviable, pues una reforma constitucional que haga medianamente provechosa la propuesta de nueva Constitución, sin lugar a dudas requerirá consulta y consentimiento de todos los pueblos indígenas chilenos. Dado que, en esta propuesta la situación de los pueblos indígenas es tan desproporcionadamente privilegiada, sería muy difícil que el resultado de la consulta indígena obtenga el consentimiento de estos para reformar el texto de propuesta de Nueva Constitución. Estas consideraciones deben tenerse presentes para el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

*René Tapia Herrera – Abogado LyD

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